Perotti transferirá el poder a los intendentes para controlar los precios

Más allá del anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández sobre la delegación de facultades para controlar precios -que aún no se materializó-, el gobierno provincial tiene listo un decreto que brindará mayor poder de policía a municipios y comunas para fiscalizar la normativa relativa a la defensa del consumidor.

Según adelantó a Punto biz el secretario de Comercio Juan Marcos Aviano, la redacción de la resolución había sido encargada por Omar Perotti la semana pasada, tras convalidar con los intendentes la buena recepción de la iniciativa. El decreto estaba listo para ser rubricado el lunes a primera hora, pero se retrasó tras las declaraciones de Fernández.

"(El ministro de Producción) Costamagna ya lo firmó y en las próximas horas lo hará el gobernador. Establecerá la delegación de parte de las facultades del poder de policía de nuestra secretaría a los municipios que lo soliciten. Calculamos que una treintena lo van a asumir porque así nos lo han transmitido", indicó Aviano.

El funcionario precisó que si bien en diversos medios se consignó que el supuesto DNU nacional modificaría la ley de Defensa de la Competencia, en realidad se refieren a cambios en las leyes de Abastecimiento, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia, todas ellas normas cuya autoridad de aplicación son los gobiernos provinciales.

"La semana que viene ya vamos a estar comenzando con todo el trabajo de capacitación, que realizaremos a distancia, informando los procedimientos, instructivos y modelos de acta correspondiente. Previo a salir a la calle los municipios deberán firmar un convenio y sancionar un decreto, no es que será automático e inmediato", explicó Aviano.

Tras esta primera etapa, los municipios van a poder inspeccionar comercios como si fuese un agente provincial, clausurando y decomisando mercaderías, recibiendo descargos y volviendo a intimar. La resolución final seguirá estando en manos de la Casa Gris, aunque el resultado de las multas será devuelto parcialmente a los gobiernos locales en el caso que sean ellos quienes hayan iniciado las inspecciones. Por normativa, el 50% de lo recaudado debe destinarse a información y educación al consumidor.

Consultado sobre el valor de las sanciones, Aviano indicó que podrán ir desde los $100 a los $26 M. Eso actualmente, porque se van actualizando según el valor de las denominadas unidades fiscales.

"Que sea la Provincia la que tome la resolución final se debe a que no existe en Santa Fe una ley provincial de consumidor. Por eso el gobernador va a anunciar en la apertura de sesiones del 1° de Mayo el envío de un proyecto de integración de las diferentes normativas vinculadas al tema, para que dejemos de ser junto a La Pampa los dos únicos distritos que no la tenemos", adelantó el funcionario.

Aviano señaló que en estos meses de gestión ya tienen varios antecedentes de trabajos coordinados con municipios y comunas. El primero se dio en el marco de la llegada de la Tarjeta Alimentaria, luego en el cumplimiento de la ley de Trato Digno respecto a las colas en bancos y también en aquellas ciudades que tienen oficina de defensa del consumidor.

En cambio, hubo menos coordinación e incluso severas discrepancias entre Provincia y municipios en torno a la circulación del transporte con alimentos.