Temen que la nueva ley de rebaja de impuestos al software quede entrampada

El Congreso nacional sancionó la ley  que promueve beneficios fiscales para la “economía del conocimiento”, como se los conoce a los sectores del software, biotecnología, nanotecnología, fabricación de bienes 4.0 y exportación de servicios profesionales. Pero mientras que públicamente empresarios y analistas del sector resaltan favorablemente los beneficios de la nueva norma, por lo bajo nadie oculta temores sobre su real aplicación en tiempo y forma.

¿Qué ocurre? La nueva normativa se apoya sobre la ley de software, que en 2004 dispuso importantes descuentos en Ganancias y Aportes Patronales. El sistema fue un éxito ya que las empresas adheridas vendieron 6 veces más y exportaron 5 veces más que las no adheridas.

Con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, y fiel a su impronta de representar “la nueva economía”, se abrió el grifo y de unas 200 firmas adheridas se permitió el ingreso de otras 200, aumentando así el costo fiscal del programa. También se anunció la intención de ampliarla a más sectores. Pero desinteligencias internas, la crisis financiera y el achique de las áreas gubernamentales del sector, provocaron que recién este año el gobierno avance con el proyecto.

En líneas generales, la ley recientemente aprobada mantiene el espíritu del régimen actual en materia de beneficios fiscales y mejora la inclusión de microempresas.

El problema que tiene en frente es, básicamente, de técnica legislativa. Es que al abarcar tantos sectores la reglamentación puede llevar mucho tiempo y nadie asegura que se llegue a diciembre, cuando vence la ley de software.

Por caso, para reglamentar la ley de software se insumieron tres meses de reuniones entre legisladores, Afip, Economía y Producción, todo en un contexto de reactivación. ¿Cuánto puede insumir reglamentar una ley que tiene más de 20 sectores, que van desde producción audiovisual a servicios profesionales, más cuando cualquier decisión puede aumentar el costo fiscal?

Y si la ley no fue reglamentada y las Paso no resultan bien para el gobierno, además de la presión de Hacienda y el FMI, siempre buscando minimizar el costo fiscal, también estará bajo observación de la oposición, ya que el costo fiscal lo empezará a pagar el próximo gobierno.

Por todo esto, y teniendo en cuenta que se trata de un sector sin gran lobby, hay empresarios que temen que puedan quedarse sin ningún beneficio fiscal, ya que con una ley en discusión no habría voluntad del gobierno de extender la actual, y de paso ahorrarse (hasta la entrada en vigencia de la nueva) su costo fiscal; lo que sería todo un guiño para el FMI.