Vicentin recurre a la Corte Suprema de la Nación tras el bochazo en Santa Fe

En una semana corta convulsionada por la incertidumbre en la liquidación de los sueldos de febrero, la agroexportadora Vicentin acudió este jueves a la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el máximo tribunal de Santa Fe anulara la homologación de su plan de pagos en el concurso preventivo. La compañía argumenta que la decisión del tribunal provincial no solo es arbitraria, sino que pone en riesgo la continuidad de la empresa y el cobro de sus acreedores.

El recurso extraordinario federal presentado por Vicentin ante una Corte nacional que por el momento tiene cuatro miembros sostiene que la sentencia provincial afecta el debido proceso y desconoce los principios de igualdad y razonabilidad en materia concursal. Según la firma, su propuesta de pago, que había sido aprobada por la Cámara de Apelaciones, garantizaba la cancelación de deudas y la continuidad operativa de la empresa mediante un plan de 12 años con inversores estratégicos.

En el escrito que lleva la firma de dos abogados constitucionalistas, Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Toricelli, Vicentin sostiene que este fallo ignoró la voluntad de los acreedores, ya que el acuerdo presentado había sido aceptado por el 62% de los acreedores quirografarios, que representaban el 72% del capital adeudado.

La Corte santafesina consideró que la propuesta violaba la igualdad entre los acreedores, al establecer categorías que generaban diferentes grados de recupero de deuda. Sin embargo, para Vicentin, esta decisión desconoce la naturaleza del concurso preventivo, donde las negociaciones entre acreedores y deudor buscan evitar la quiebra con acuerdos adaptados a la realidad financiera.

A la hora de cuestionar el accionar de la Corte Suprema santafesina, se recuerda que el alto tribunal pidió el expediente del concurso en junio de 2022, sin justificación legal, y lo retuvo por ocho meses, paralizando el proceso e impidiendo la implementación del acuerdo. El texto cuestiona en particular el accionar de dos de los cortesanos,  Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta, reiterando acusaciones de prejuzgamiento ya presentadas el año pasado. Un pedido de apartamiento interpuesto por Vicentin fue rechazado, y luego Gutiérrez y Erbetta decidieron en contra de la empresa.

La decisión de recurrir a la primer magistratura nacional se da luego de que los inversores estratégicos confirmaron que por 6 meses estarían dispuestos a sostener el plan de pagos y mientras la empresa intenta cristalizar nuevos contratos de fason que le aseguren materia prima para mantener las plantas abiertas y así que haya trabajo para los 1300 empleados directos que tiene el holding.

En el recurso extraordinario de queja, al que accedió Punto biz, se destacan los siguientes argumentos para ir a la Corte nacional:

1. Riesgo de quiebra: La empresa advierte que la anulación de la homologación podría derivar en su quiebra, afectando a más de 1.200 empleados directos y miles de puestos de trabajo indirectos en el sector agroindustrial.

2. Mayorías logradas en el acuerdo: La compañía subraya que su propuesta fue aceptada por el 62% de los acreedores, representando el 72% del capital adeudado, superando ampliamente los requisitos legales.

3. Principio de igualdad: Vicentin refuta la interpretación de la Corte santafesina, que consideró que el acuerdo violaba la igualdad entre acreedores. Argumenta que la propuesta, al ofrecer un pago inicial a todos y un esquema de quitas progresivo, no es arbitraria ni discriminatoria.

4. Impacto económico y social: La empresa señala que su actividad es clave para el sector agroexportador y que su paralización afectaría la provisión de divisas al país, además de generar incertidumbre en el mercado.