Vicentin paraliza todas sus plantas por "falta de materia prima"

En un nuevo giro en la compleja crisis de Vicentin, la agroexportadora santafesina comunicó el cese total de actividades en sus plantas de Ricardone y Avellaneda, justificando la decisión en la imposibilidad de obtener contratos de fazón y la falta de materia prima. Sin embargo, desde los gremios aceiteros aseguran que todavía hay granos almacenados que permitirían continuar con la producción, y acusan a la empresa de usar el parate como herramienta de presión judicial.

A través de un comunicado emitido por su Directorio, la empresa sostuvo que "ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad", resolvió proceder al "cierre seguro de todas las plantas en operación", como medida para "la protección de los activos" y con la expectativa de un "rápido arranque" una vez que existan condiciones más favorables.

Fuentes de la propia empresa ampliaron que esta decisión se relaciona directamente con la falta de definiciones en el proceso judicial que atraviesa Vicentin. "Lo que zanjaría esto es que se acepte el recurso de queja de Vicentin o que el proceso comience su camino hacia la Corte Suprema de la Nación", explicaron. Según indican, esa instancia judicial podría generar el compromiso necesario de parte de los inversores estratégicos para continuar cubriendo la provisión de granos, al menos hasta que haya una resolución definitiva. Vale aclarar que la puesta en marcha del plan de pagos que consiguió oportunamente la doble mayoría de los acreedores recibió un bochazo de la Corte Suprema de Santa Fe y la compañía recurrió el dictamen para intentar que la viabilidad del pan de pagos concursal sea analizado por el máximo tribunal de Justicia de Nación. 

Otra fuente empresarial confirmó que el cierre de las plantas se concretó el día viernes, y que actualmente "no hay ninguna visibilidad de pago de sueldos". En ese marco, plantean que la única salida viable pasa por una homologación judicial que habilite el ingreso de los nuevos inversores. “Solo con esa aprobación se realizaría el aporte que permitiría mantener las plantas operativas, que pasarían a manos de esos inversores”, señalaron.

La respuesta gremial no tardó en llegar. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), con fuerte presencia en la zona, rechazaron el argumento de la falta de materia prima y aseguraron que en las instalaciones aún queda stock suficiente para sostener la actividad.

“Vicentin tiene granos para seguir trabajando, esto es una decisión política y judicial, no técnica”, denunciaron. Además, exigieron que se garantice el pago de los salarios adeudados y anunciaron que mantendrán el estado de alerta ante lo que consideran una maniobra para presionar a la Justicia y a los acreedores.

La situación de Vicentin se remonta a diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en cesación de pagos con una deuda estimada en más de 1.300 millones de dólares. Desde entonces, ha transitado un tortuoso camino judicial, intentos de rescate fallidos, propuestas de reestructuración no consensuadas y crecientes tensiones con los acreedores y trabajadores.

Durante los últimos meses, la firma había logrado mantener una mínima operatividad gracias a acuerdos de fazón, donde terceros aportaban la materia prima que Vicentin procesaba. Pero con el agotamiento de esos convenios y sin nuevos contratos a la vista, la empresa decidió suspender toda actividad hasta que el proceso judicial le ofrezca un nuevo horizonte.

Mientras tanto, los trabajadores, los gremios y las comunidades donde operan las plantas permanecen en vilo, frente a una parálisis total que, más allá de los argumentos en disputa, marca uno de los momentos más delicados en la historia de la empresa.