Por Redacción
La presentación involucra además a dos empresas, Commodities y la fábrica de calzados Olsen; y a varios abogados.
La cerealista Vicentin denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) al empresario Mariano Grassi, a su agropecuaria Commodities, la fábrica de calzados Olzen, por los supuestos delitos de estafa procesal y extorsión. Este lunes 2 de diciembre el juez Santiago Benegas hizo lugar a la participación como querellante de la firma en convocatoria de acreedores, y puso en conocimiento del caso al MPA. Interviene en la causa el fiscal Juan Sebastián Merichal, a cargo de la fiscalía regional número 4 de Reconquista.
El querellante denunció “la estrategia detrás las maniobras coordinadas mediante diversos hechos que persiguen impedir el acuerdo entre Vicentin y sus acreedores, con el fin de tomar el control irregular de la sociedad, mediante el montaje de sociedades en apariencia independientes, cuyos pedidos encontraron eco en funcionarios judiciales llevados a error por la sofisticación del ardid empleado”.
A la hora de desgranar los cargos, se le achaca a Commodities SA:
* Haber presentado una falsa denuncia contra Renova, acusándola de haber transferido a Vicentin una deuda pese a que Commodities verificó su crédito en el concurso.
* Haber cedido su crédito a sus accionistas y continuar agrediendo a Vicentin sin haber informado de esta cesión.
* Hacer creer al juez del concurso que la propuesta concursal conlleva evasión fiscal.
* Haber solicitado una medida cautelar de trámite irregular al Juez Posma, que hoy se encuentra en etapa de investigación penal en Rosario, para que éste ordene al Juez Lorenzini que se abstenga de homologar el concurso de Vicentin.
* Haber llegado a pedir el Juicio Político del Juez del concurso para intentar apartarlo del expediente.
* Haber impulsado del avocamiento de la Corte, que demoró 8 meses en rechazarlo, con la consiguiente pérdida de tiempo, fundado en supuestos hechos que la misma Commodities había denunciado.
La presentación judicial acusa también a “los verdaderos responsables ocultos detrás de la firma Olsen Industria y Comercio de Calzado SA, que mediante un poder a favor de los abogados Farina, Casanova, Mattos, Salvatierra, -y luego representada por los abogados Feldman y Cosentino- realizó “diversas acciones judiciales aparentemente independientes, pero todas ellas tendientes a obstaculizar el acuerdo de Vicentin con sus acreedores”. En ese marco, se detalla:
* Un pedido de nulidad de la apertura del concurso preventivo.
* La falsa denuncia por presunta violación a las medidas cautelares, mediante la cual lograron que el Fiscal detuviera el Presidente de Vicentin por haber suscripto los Contratos Definitivos con los Inversores Estratégicos. (Feldman y Cosentino).
En cuanto a las responsabilidades de Mariano Grassi, el escrito le achaca:
* Ser el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentin presentado junto a Cima -hoy CFS Advisors- (una Alyc del mercado de capitales).
* Ser la persona responsable detrás de estas sociedades, con el mismo patrocinio de los abogados Casanova, Mattos, Salvatierra, Feldman y Cosentino.
* Haber intentado llevar el concurso de Vicentin a Rosario, donde claramente tiene mayor influencia.
* Haber fraguado la existencia de un fideicomiso que nunca recibió los bienes fideicomitidos
La querella observó que sistemáticamente se reiteró la misma ecuación: el estudio jurídico donde trabaja la abogada Cosentino es “Casanova; Mattos, Salvatierra, Feser”, estudio que representa al grupo Grassi, y que también representa a Olsen y a una Asociación Civil llamada Red de Consumidores. Consigna además que el estudio jurídico realizó incluso distintas presentaciones ante la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor para pedir una medida cautelar que tuviera como objeto suspender provisoriamente los efectos de los contratos celebrados con los Inversores Estratégicos; medidas todas que consiguieron, al menos parcialmente.
Por último plantea que fueron víctimas de “este plan orquestado” la propia sociedad Vicentin Saic, los verdaderos acreedores de la sociedad, que ven demorado el pago de sus acreencias en los términos del acuerdo concursal y también los trabajadores de Vicentin, que hoy se ven compelidos a enfrentar un procedimiento preventivo de crisis por causa de la pérdida de caja de la empresa, motivada por la demora de 2 años y medio en homologar, contados desde la fecha en que se obtuvieron las mayorías.
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