Vicentin: confirman interés para un primer desguace de activos

En un informe elevado al juez del concurso, Fabián Lorenzini, los interventores designados por la Justicia para conducir Vicentin SAIC, el contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg, detallaron la delicada situación económica que atraviesa la agroexportadora. El extenso reporte, con fecha del 9 de junio, da cuenta de una deuda post concursal estimada en más de $39.000 M y advierte que, sin una definición del proceso judicial antes de fin de año, la compañía podría enfrentar un escenario terminal.

En el apartado final del documento, los interventores reconocen que “la crisis de Vicentin lejos está de encontrarse superada” y advierten que el flujo de fondos generado por los contratos de fasón en curso —vigentes hasta diciembre de 2025— no será suficiente para sostener la operatoria en el primer trimestre de 2026, cuando estacionalmente no hay molienda de soja. “Si el proceso en curso no encuentra una definición —la que sea— a más tardar hacia fines del corriente año, la situación puede llegar a ser, esta vez sí, terminal”, afirman.

Pese al sombrío diagnóstico, el informe también da cuenta de gestiones activas para recuperar parte del funcionamiento industrial, reestructurar la plantilla y renegociar deudas con proveedores clave como CAMMESA y AMG Energía. Pero el dato más relevante del escrito radica en el interés manifestado por al menos tres firmas en avanzar con la compra de activos de Vicentin.

Los interventores confirmaron que las empresas Commodities SA, Bioenergías Agropecuarias SA y la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) firmaron acuerdos de confidencialidad en el marco de dos procesos de due diligence y comenzaron a recibir información con vistas a “evaluar posibles adquisiciones”. De momento no se detallaron montos ni activos específicos en juego, aunque el informe remarca que, de avanzar con esas propuestas, “se solicitarán las autorizaciones correspondientes”.

Uno de los interesados es Federico Pucciarello, titular de Bioenergías Agropecuarias, quien confirmó a Punto biz que su empresa se encuentra en plena etapa de due diligence junto con la UAA. “Vicentin está operando bajo un formato precario y nosotros necesitamos previsibilidad para planificar inversiones a largo plazo”, aseguró el empresario. Según explicó, la intención es analizar la posibilidad de adquirir los activos donde hoy están operando vía fasón con vistas a integrarse de manera más estable al proceso industrial.

Pucciarello sostuvo que el avance hacia una eventual compra no solo responde a una oportunidad de negocios, sino también a una apuesta estratégica para preservar la actividad agroindustrial en el norte santafesino. “Estamos trabajando con vocación de permanencia. No es un interés especulativo, sino que apunta a sostener la producción, defender el empleo y aprovechar una capacidad instalada que hoy tiene un enorme potencial subutilizado”, sostuvo.

Además, reconoció que para avanzar será indispensable que el proceso concursal tenga definiciones claras, y que los activos en cuestión estén jurídicamente ordenados. “Sin certezas jurídicas, sin saber cuál es la situación fiscal, laboral y patrimonial real, es muy difícil comprometerse con una inversión de esta magnitud. Pero si se alinean esas condiciones, estamos dispuestos a poner recursos y hacernos cargo del proceso productivo”, señaló.

El empresario también advirtió que, más allá del interés de Bioenergías y UAA, “el tiempo apremia” y el contexto financiero de la empresa podría tornar inviable cualquier operación futura si no se actúa con rapidez. “Lo que queremos evitar es que esta situación termine de degradarse y que lo que hoy todavía es recuperable se pierda definitivamente. Nosotros estamos ahí, ya operamos en la planta, conocemos su funcionamiento y sabemos lo que se puede hacer”, concluyó.

En paralelo, los interventores detallaron la difícil situación financiera de la empresa, con deudas vencidas al 31 de mayo que superan los $39.000 millones, incluyendo obligaciones fiscales, salariales, con proveedores energéticos y otras cargas operativas. “Los compromisos a afrontar son difíciles de solucionar si no se cuenta con ingresos de fondos en exceso de los regulares”, advierten.

Para afrontar esta etapa, el equipo interventor menciona como posibles fuentes de financiamiento los aportes de accionistas, la venta de activos no estratégicos —tema que se tratará en la asamblea convocada para el 3 de julio— y el recupero de acreencias. También se menciona que una eventual venta de activos antes del 31 de octubre podría permitir compensar ganancias con quebrantos acumulados y evitar una carga impositiva de hasta USD 137 millones, por lo que los tiempos fiscales también juegan un rol clave en la definición.

Mientras tanto, las plantas industriales de Vicentin —Ricardone, San Lorenzo y la unidad de etanol en el Nodo Norte— retomaron parcialmente su actividad, aunque con limitaciones. La planta de Ricardone, por ejemplo, firmó contratos de fasón por 630 mil toneladas hasta octubre, lo que representa un récord para esa unidad. En tanto, San Lorenzo apunta a alcanzar una capacidad de molienda de 400 mil toneladas mensuales tras finalizar trabajos de mantenimiento en ambas líneas.

A pesar de estos logros operativos, los interventores insisten en que no deben tomarse como signos de recuperación definitiva. “Que las plantas estén trabajando a su plena capacidad posible no significa que Vicentin haya superado su falencia, ni mucho menos”, concluye el informe.