Unidos, entre la disputa legislativa y la pelea por ver quién manda

La discusión por las leyes de seguridad reavivó las tensiones que atraviesan a Unidos para Cambiar Santa Fe. El senador Felipe Michlig eligió el jueves pasado elevar el tono y apuntar –sin nombrarla– a la diputada socialista Lionella Cattalini, a quien le reclamó que deje a un lado las críticas públicas y acelere los proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios. La legisladora preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara baja, el lugar por el que deben pasar proyectos vinculados con la seguridad.

El mensaje no fue solamente parlamentario. Michlig puso sobre la mesa una cuestión que el oficialismo santafesino procura administrar sin convertirla en una crisis abierta: hasta dónde llega la autonomía de los partidos que integran Unidos cuando el gobernador reclama respuestas legislativas para sostener su política de seguridad. 

Las diferencias de miradas, interpreta Michlig, no pueden convertirse en una demora legislativa indefinida. El socialismo pretende preservar su identidad y su capacidad de negociación, pero cuanto más se distancia de Maximiliano Pullaro en la aplicación de una de sus principales banderas, más elementos ofrece a sus socios para que lo presenten como un obstáculo para la gestión.

Michlig no es un senador más dentro del oficialismo. Preside la Unión Cívica Radical (UCR) santafesina, conduce provisionalmente la Cámara alta y construyó durante décadas un poder territorial propio en el departamento San Cristóbal. Fue, además, uno de los arquitectos para la conformación de Unidos y un actor central en la construcción política que llevó a Pullaro a la Casa Gris. Su influencia combina aparato partidario, representación territorial, manejo parlamentario y acceso directo al gobernador.

Cuando cuestiona la conducta de sus compañeros de coalición recuerda que la mayoría legislativa que sostiene al Gobierno implica obligaciones y no puede funcionar únicamente como una suma de voluntades individuales. En esa clave puede leerse el mensaje contra Cattalini. 

La diputada socialista criticó a la Cámara alta al pedirle mayor celeridad para tratar algunas iniciativas. Michlig no sólo respondió con dureza. Su mensaje contenía, además, un disgusto que macera desde hace meses. Le reclamó a la legisladora que ahora demuestre la misma firmeza en Diputados y de celeridad al tratamiento de los proyectos de seguridad que, según señaló, ingresaron hace cinco meses. 

El pedido fue acompañado por una advertencia: no alcanza con defender determinadas posiciones hacia afuera si después ese discurso público de apoyo hacia la gestión no está acompañado de acciones concretas.

El planteo recupera una vieja tensión de las coaliciones: la diferencia entre compartir un gobierno y acompañar todas sus prioridades. El socialismo integra Unidos, pero eso no supone una adhesión automática a cada iniciativa del Ejecutivo. En el paquete de seguridad que impulsa Pullaro, esa distancia se volvió especialmente visible. 

Mientras el gobernador busca exhibir resultados y consolidar los cambios que atribuye a su gestión, los socialistas mantienen reparos –jurídicos e ideológicos– frente a proyectos que no terminan de encontrar el ritmo de aprobación que reclama la Casa Gris.

Para Michlig, la demora resulta difícil de justificar. Su argumento es que la seguridad, y en particular la situación de Rosario y Santa Fe, exige una respuesta coordinada entre el Ejecutivo y la Legislatura. Bajo esa lógica, retener proyectos durante meses no es una diferencia técnica menor: puede interpretarse como una dificultad política para acompañar una de las principales banderas de la administración provincial.

Sin embargo, el reclamo también deja al descubierto una paradoja. El oficialismo tiene una mayoría amplia en el Senado, pero esa fortaleza numérica no elimina las diferencias internas ni garantiza que la agenda del gobernador avance al mismo ritmo en ambas cámaras. Cuando el desacuerdo se hace público, la discusión deja de ser exclusivamente legislativa para convertirse en una disputa por la autoridad dentro de Unidos.

En ese tablero, Michlig ocupa un lugar particular. Su cercanía con Pullaro le permite funcionar como un defensor de las prioridades del gobernador, pero también como un dirigente con voz propia en la discusión sobre el futuro de la coalición. No se limita a transmitir los reclamos de la Casa Gris: interviene en la definición de los límites políticos del oficialismo y en la discusión sobre qué alianzas convienen para sostenerlo.

Esa dimensión aparece con mayor claridad al recuperar su sugerencia, formulada tiempo atrás, de explorar un entendimiento electoral con La Libertad Avanza. La posibilidad de acercar al oficialismo santafesino al espacio libertario abre una discusión que excede la coyuntura legislativa. 

Para los sectores que ven en ese acercamiento una oportunidad de ampliar la base electoral, la coincidencia en determinadas agendas puede ser un punto de partida. Para el socialismo, en cambio, una alianza de ese tipo amenaza con desdibujar la identidad de un espacio que pretende conservar autonomía política dentro de Unidos.

La diferencia no es menor. Pullaro necesita preservar la cohesión de una coalición heterogénea para gobernar y proyectar su continuidad, mientras cada uno de sus socios procura evitar que la estrategia del radicalismo termine subordinando sus propios intereses. La discusión sobre La Libertad Avanza anticipa, así, una negociación más amplia sobre el perfil del oficialismo y las condiciones de su armado electoral.

En ese contexto, el cuestionamiento de Michlig a Cattalini adquiere otro significado. El senador le recuerda al socialismo que formar parte del Gobierno también supone asumir responsabilidades cuando la agenda del Ejecutivo reclama apoyo legislativo. Pero, al mismo tiempo, la resistencia socialista revela que Unidos no funciona como un bloque político monolítico, sino como una coalición en la que conviven prioridades, identidades y cálculos electorales diferentes que hasta aquí han convivido, está claro, aunque en algunas oportunidades con distancia y recelo. 

Por ahora, la disputa se expresa alrededor de los proyectos de seguridad y de las obligaciones de cada cámara. Pero el trasfondo es más amplio: apunta a determinar quién fija las prioridades de Unidos, cuánto margen tienen sus socios para marcar diferencias y qué coalición pretende construir el oficialismo de cara a 2027.

Michlig eligió dejar una señal. En una alianza donde el radicalismo de Pullaro concentra el poder ejecutivo y el socialismo busca preservar su espacio de fortaleza legislativa, la discusión sobre las leyes de seguridad funciona también como una prueba de disciplina política. La advertencia del senador deja una pregunta abierta para el oficialismo: si las diferencias ya complican la agenda legislativa, cuánto más pesarán cuando llegue la hora de discutir las alianzas electorales.