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Negocios

Sigue en concurso de acreedores

Una buena y una mala para Vicentin en la vísperas de la Nochebuena

Granos asegurados para que Vicentin siga teniendo liquidez.

Por Redacción

Se produjeron novedades de índole contractual y también de la esfera judicial. 

La Cámara de Apelaciones que debe resolver sobre el concurso de la cerealista de la agroexportadora Vicentin sigue evaluando cómo resolver un entuerto. El tribunal debe decidir si le da curso al procedimiento de cramdown dispuesto por el juez de primera instancia Ricardo Lorenzini, o bien si homologa una propuesta de pago que había sido planteada por la concursada y obtuvo el ok mayoritario de parte de los acreedores. 

Aunque la apelación se resolverá recién después del receso judicial veraniego, hubo novedades a dos bandas en el caso. Por un lado, directivos de la cerealista anunciaron que se logró una renovación de los contratos de fazón que le aseguran liquidez a la compañía en medio de la crisis. Por el otro, la justicia de Rosario ordenó este viernes allanamientos que se realizaron en Avellaneda, Reconquista y Rosario. Fueron a pedido del fiscal Miguel Moreno, a cargo de la unidad de delitos económicos de Rosario y participaron integrantes de PDA y la PDI en busca de documentación para la causa. 

Ingresos asegurados

Directivos de la cerealera Vicentin renovaron contratos que vencían a fines de enero próximo con los tres interesados en adquirirla: Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que mantienen su interés en entrar a la compañía bajo el esquema de fideicomiso a 12 años, a cambio del de de las acciones. Esta propuesta, presentada por la cerealera para salir del concurso de acreedores en el que se encuentra desde febrero de 2020, fue rechazada el 15 de septiembre por el juez Fabián Lorenzini, quien abrió el proceso de cramdown. Sin embargo, el 28 de septiembre pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, dio lugar a una solicitud presentada por la compañía para que suspender el cramdown hasta tanto no se resuelva la confirmación o el rechazo de la homologación de pago para el cierre del concurso de acreedores.

En el interín, resultaba clave saber si el flujo de fondos que recibe Vicentín y la mantienen alejada de conflictos laborales estaba firme. Voceros de la firma dieron cuenta de un acuerdo de fazón por unos u$s 400 M, que se extenderá hacia fines de junio. La continuidad de los fazones se le había complicado a Vicentin durante 2023, un año marcado por la sequía y la consecuente escasez de mercadería. Es que muy lejos de tener que recurrir a fazones, las compañías del sector agropecuario tuvieron inconvenientes para conseguir hasta la mercadería que arribó a sus propias plantas. 

 

Con los nuevos contratos arreglados con los “interesados estratégicos” más  la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda quedarán cubierta las disponibilidades de las instalaciones de Ricardone y San Lorenzo. Cabe recordar que Vicentin dispuso en agosto pasado la suspensión de sus operaciones en esas dos localidades, por la falta de granos para procesar. 

Los procedimientos judiciales

Los allanamientos judiciales se realizaron en la sede de la empresa Vicentin en Avellaneda, en un domicilio denunciado como sede social de una sociedad de uno de los imputados y en dos domicilios particulares vinculados a personas investigadas, dijeron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El pedido del fiscal obedece a la recolección de pruebas frente a “nuevas denuncias que ingresaron a la Unidad de Delitos Complejos”, formuladas por los propios accionistas de Vicentin. En octubre pasado un grupo de accionistas de la agroexportadora se presentó en la Fiscalía que conduce Moreno para solicitar “ser admitidos como querellantes por considerarse víctimas de las maniobras defraudatorias de los miembros del directorio que llevaron a la empresa al default”.

El fiscal Moreno entendió que existían elementos para investigar un presunto fraude administrativo de los directivos de la empresa a los propios socios. En octubre de 2021 el funcionario judicial imputó a 12 directivos de la empresa por defraudación y estafas, al entender que falsearon datos en los balances de Vicentin, previos a su concurso en marzo de 2020.

 

 

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