Son 19 los directivos de Vicentin que tienen cita con la Justicia

Este jueves a partir de las 14, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se desarrollará una audiencia imputativa central en el marco de la megacausa que investiga supuestas maniobras de vaciamiento patrimonial y estafa por parte del Grupo Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país. La citación alcanza a 19 exdirectivos y accionistas de la firma, cuatro de los cuales llegarán a la audiencia en condición de detenidos.

La causa es llevada adelante por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes desde hace más de dos años investigan los movimientos financieros y societarios previos al default y posterior convocatoria de acreedores de la compañía en diciembre de 2019, que dejó un tendal de deudas por más de 1.500 millones de dólares, con fuerte impacto en bancos, proveedores y el Estado.

En un operativo sorpresivo realizado el viernes pasado, fueron detenidos en el norte de Santa Fe dos de los exdirectivos señalados como figuras clave en la investigación: Daniel Néstor Buyatti, uno de los históricos del holding, y Roberto Alejandro Gazze, exgerente financiero de Vicentin. Ambos fueron localizados por personal policial tras una orden emitida por los fiscales, en base a pruebas que indicarían un rol activo en las maniobras bajo sospecha.

En paralelo, otros dos imputados decidieron entregarse voluntariamente. Se trata de Omar Adolfo Scarel, expresidente del directorio y principal referente de la firma en los últimos años, y Alberto Julián Macua, otro de los exdirectivos de peso. Ambos se presentaron el mismo viernes en la sede de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en Rosario, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Además de los cuatro detenidos -que está previsto que participen de la audiencia en forma virtual desde su lugar de reclusión en la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order), la cita de este jueves buscará sumar imputaciones para otros 15 exdirectivos y accionistas: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Carlos Alecío Sartor, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan, Facundo Persoglia, Javier Fernando Gazze y Miguel Víctor Vallaza.

Dada la envergadura del caso y la complejidad jurídica de los hechos que se investigan, la Oficina de Gestión Judicial resolvió que la audiencia sea presidida por un tribunal colegiado, integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy. La fecha y hora de la audiencia fueron modificadas en varias oportunidades, lo que generó malestar entre las partes.

Según trascendió en ámbitos judiciales, si durante la audiencia se confirma la presunta vinculación de los imputados con nuevas maniobras delictivas cometidas con posterioridad a las causas penales previas —es decir, aún con procesos en curso y medidas cautelares en vigencia—, algunos de ellos podrían quedar detenidos bajo régimen de prisión preventiva. Los fiscales entienden que existe un riesgo procesal concreto, tanto de entorpecimiento de la investigación como de posible fuga, especialmente ante la magnitud económica de las maniobras investigadas y la estructura empresarial que aún rodea a los imputados.

Este eventual pedido de prisión preventiva sería fundado en nuevas evidencias que los fiscales planean exponer en la audiencia, y cuya existencia justificaría un agravamiento de las medidas restrictivas, más allá de las ya aplicadas en etapas anteriores del expediente.

El abogado defensor de varios de los exdirectivos, Marcelo Ilharrescondo, cuestionó en duros términos el accionar de los fiscales. En declaraciones a Punto biz, calificó como “vergonzosa” la falta de información previa sobre las imputaciones que impulsan Narvaja y Moreno. “No sabemos con qué hechos concretos se pretende imputar a nuestros defendidos. Esto atenta contra el derecho de defensa y evidencia una conducta arbitraria del Ministerio Público”, afirmó.

Desde la defensa insisten en que los directivos actuaron en un contexto de crisis financiera global, sin intención delictiva y dentro de los márgenes legales que permite la administración de una empresa en dificultades. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existieron maniobras deliberadas de vaciamiento, transferencias patrimoniales dudosas y falsificación de balances, entre otras irregularidades graves.

La causa Vicentin es una de las investigaciones por delitos económicos más relevantes de los últimos años en Argentina. Su desenlace podría sentar un precedente clave respecto de la responsabilidad penal de empresarios en contextos de quiebras empresariales y posibles fraudes al Estado. Además, mantiene en vilo a miles de acreedores que esperan justicia.

La audiencia de este jueves marcará un nuevo capítulo en esta extensa historia judicial, cuyos próximos pasos podrían implicar nuevas detenciones, medidas cautelares más severas y la apertura formal de un juicio penal oral y público. Todo dependerá del peso de las pruebas que expongan los fiscales y de la estrategia que adopten las defensas para contrarrestarlas.