Qué cambios debate la Legislatura para financiar las campañas políticas

La Legislatura trabaja en la reforma electoral que sentará las bases del juego político en Santa Fe a partir de los comicios del año próximo. Pese a que los flashes del debate se los lleven de momento la reducción de la cantidad de boletas únicas y la posibilidad de establecer un piso mínimo de votos para acceder al reparto de bancas de diputados, los proyectos en danza introducen cambios en el financiamiento de las campañas políticas. 

Existen distintas propuestas en estado de deliberación actualmente. Algunos espacios proponen eliminar los aportes de empresas, otros, por el contrario, buscan aumentar las posibilidades de participación de privados en las campañas.

Los partidos también proponen incorporar mecanismos de transparencia y trazabilidad de los fondos en cuestión, aunque con distintos grados de rigurosidad. Por otro lado, algunos de los documentos presentados buscan que se eleve el porcentaje de pauta publicitaria en medios digitales.

Los aportes del Estado

Actualmente, las contribuciones del Estado provincial para las campañas se incluyen dentro del presupuesto que debe confeccionar el Ejecutivo y aprobar la Legislatura. El monto total correspondiente a los partidos se distribuye de forma proporcional en base a los votos obtenidos por las listas en las elecciones previas.

El PS, el peronismo y la UCR, proponen que el 60% de estos fondos se reparta de forma igualitaria entre todas las fuerzas y el 40% restante en base a los resultados previos. El FAS que lidera Carlos del Frade va más allá y propone para este reparto una relación 80-20.

Cabe mencionar que en el plano nacional la distribución se realiza otorgando 20% repartido entre todas las agrupaciones por igual y 80% de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección. El reparto igualitario favorece a las agrupaciones más chicas, pero también a los denominados “sellos de goma” políticos que lucran con cada proceso electoral.  

En tal sentido, el PRO propuso establecer un umbral de votos para acceder a la repartija de los fondos provinciales. En el partido amarillo consideran que el dinero del Estado se debe distribuir entre aquellos partidos que hayan obtenido, como mínimo, el 3,5% del padrón electoral. De aprobarse esta moción, aquellos espacios políticos menores que alquilan sus sellos a terceros a cambio de quedarse con las contribuciones del Estado, se verían afectados si no alcanzan un mínimo desempeño.

El aporte de las empresas

El PRO plantea aumentar el tope de contribuciones de las empresas del 20% al 30% del total de la campaña de cada espacio.

El socialismo, por su parte, realizó una presentación en la que se determina un tope de 15 JUS (hoy equivalente a más de $2 M), unidad de medida que se aplica en actuaciones judiciales, que se duplicaría si se trata de  afiliados que ocupen cargos públicos. El límite propuesto para las personas jurídicas es del 5% del total de la campaña partidaria. Para el caso de los candidatos, el aporte no puede superar el 1% sobre el total.

El FAS propone directamente tachar los aportes empresarios, permitiendo que solo  las personas físicas contribuyan por un monto equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles como máximo (a día de hoy $744.800). También quedan excluidos otras personas jurídicas, como ONGs, sindicatos, cooperativas y mutuales. Además, propone endurecer las penas para quienes incumplan estas normas. 

Los demás partidos, o bien no se expresaron respecto de estos límites o bien propusieron mantener el tope actual y prácticamente todos los proyectos coinciden en excluir del financiamiento a fondos provenientes de sectores con conflictos de interés directos con el Estado. Por este apartado, quedan vetados empleados del sector de juegos de azar, contratistas del estado, aportes anónimos y  fondos extranjeros.

Transparencia y trazabilidad

La mayoría de los partidos propone la bancarización total de los aportes mediante depósitos en una cuenta bancaria única por agrupación, para garantizar la trazabilidad de los fondos.

El PS introduce el término de “Transparencia Activa” dentro de su articulado y busca que los partidos realicen publicaciones del origen y destino de los fondos de campaña. Esta propuesta se complementa con la publicación de un Portal de Transparencia.  

El FAS  propone la creación de una suerte de Afip electoral capaz de auditar los gastos durante la campaña y ya no, como sucede actualmente, con posterioridad a las elecciones. Este organismo, denominado Cuerpo de Auditores, quedaría facultado para realizar inspecciones a los comités de campaña sin previo aviso y solicitar el levantamiento del secreto bancario de los partidos participantes ante sospechas de irregularidades.



Publicidad digital

El proyecto de Perotti y el del PRO ponen el foco en la pauta en redes sociales. Exigen que las plataformas identifiquen fehacientemente al anunciante y el origen de los fondos para cada aviso pagado, buscando evitar el financiamiento indirecto o encubierto a través de "granjas de trolls" o cuentas fantasma.

El perottismo propone incluir a los sitios periodísticos digitales en el reparto del dinero que otorga el Estado a los medios de comunicación para que se difundan anuncios de campaña gratuitos para las listas. Actualmente, solo radios, AM y FM, y canales de televisión de cable y de aire venden sus espacios a la provincia para las elecciones.

Según la propuesta de los diputados justicialistas, para los portales provinciales quedaría el 35% y para los municipales el 25%. Además, se excluiría la posibilidad de que los partidos contraten por sus propios medios publicidad digital.

A paso lento

La sanción de una nueva legislación en materia electoral es uno de los deberes de la Legislatura de la bota tras la reforma de la Constitución provincial acontecida en 2025. En ese proceso se establecieron lineamientos generales en los que deberán basarse las leyes referidas a las contiendas políticas.

Hasta el momento, seis partidos ingresaron proyectos en el Legislativo provincial: la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el PRO, el partido evangélico UNO, el Frente Amplio por la Soberanía y el Partido Justicialista, que, producto de sus desacuerdos internos, realizó dos envíos, uno a través de sus senadores y otro mediante sus diputados, de mayoría perottista.

En el oficialismo esperan que el nuevo código electoral sea sancionado para finales de agosto pero, de momento, ninguna de las cámaras le dio gran tratamiento en las sesiones de comisión. Por ahora, sólo avanzan conversaciones informales en los pasillos de la Legislatura.