Mientras es allanada, Vicentin logró aval clave para ir a la Corte nacional

La agroexportadora Vicentin obtuvo esta semana un respaldo judicial de peso en su intento por ir por la homologación del acuerdo preventivo con sus acreedores en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal de Cámaras Nº1 de Santa Fe, Miguel Ángel Molinari, dictaminó a favor de la admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal (REF) que le permite llevar el expediente al máximo tribunal argentino, de todas maneras, los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe tienen que definir si aceptan o no dicho requerimiento y después es la Corte nacional la que debe también expresarse respecto de la aceptación a analizar el plan de pagos.

El dictamen del fiscal Molinari, fechado el 19 de marzo, se pronuncia en el marco del expediente en el que Vicentin busca revertir el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que había anulado la homologación de su acuerdo concursal. Ese fallo, promovido por la impugnación de la empresa Commodities S.A., obligaba a rehacer el proceso. Ante esa situación, la defensa de Vicentin —a cargo de Guido Ferullo con el patrocinio de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Toricelli— interpuso un recurso ante la Corte Suprema nacional alegando la existencia de una “cuestión federal”.

Según el dictamen fiscal, el recurso fue correctamente presentado y fundamentado, y justifica la intervención de la Corte Suprema en virtud de la “gravedad institucional” del caso. “La materia en litigio excede el mero interés individual de las partes, afectando de modo directo a la comunidad, dada la relevancia económica y social que reviste la concursada como fuente generadora de empleo y producción”, sostiene el texto.

Molinari también señala que la sentencia recurrida incurre en causales de arbitrariedad, al basarse en afirmaciones dogmáticas y desconocer principios constitucionales como el derecho de defensa, el acceso a la jurisdicción y la garantía del juez natural. Con este respaldo, ahora será la Corte Suprema de la Nación la que deberá decidir si toma el caso y, eventualmente, si habilita la homologación del acuerdo preventivo con el que Vicentin busca cerrar su concurso de acreedores.

Mientras la compañía intenta destrabar el frente concursal, este viernes, Gendarmería Nacional llevó adelante más de 20 allanamientos en domicilios ubicados en las ciudades de Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, a fuentes ligadas a la conducción de la firma les resultaba llamativo que horas después del aval en cuestión, que significa un avance en el objetivo empresarial de lograr que vea la luz el plan de pagos, se hayan ordenado los allanamientos.

Los procedimientos fueron solicitados por la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario, con intervención de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, quienes desde 2020 investigan a ex autoridades de la firma por presuntos delitos de asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta. La causa ya fue elevada a juicio, y los nuevos operativos buscan asegurar documentación y pruebas relevantes para sustentar las acusaciones.

El contraste entre los movimientos en el plano penal y el avance que logró Vicentin en la vía civil concursal vuelve a dejar en evidencia la singularidad del proceso que atraviesa una de las empresas más emblemáticas del agro argentino, cuya caída dejó un tendal de acreedores en el país y el extranjero.