Los interrogantes sobre el futuro de la Corte de Santa Fe 

Maximiliano Pullaro ha logrado que se concrete su deseada reforma judicial. Los legisladores le han concedido las herramientas para remozar la Corte Suprema, un tribunal al que el gobernador ha cuestionado por no ofrecer un servicio eficaz y moderno, cercano a las demandas de la ciudadanía. 

La aprobación deja interrogantes sobre el futuro del máximo tribunal de Justicia de Santa Fe y permite, al mismo tiempo y después de la aprobación de la ley, una lectura sobre el momento que vive la política provincial y cómo podrían operar algunas conductas en el futuro mediato.

Es necesario hacer un repaso por la reforma, que cuenta con dos ejes que Pullaro perseguía: una nueva composición de la Corte, que tendrá siete integrantes y ya no a los seis actuales, y el límite de edad para quienes ocupen sus cargos fijado en 75 años de edad. 

Las dos cuestiones se desprenden de los artículos 1 y 2 que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero de los cambios, el que termina por ampliar el número de cortesanos, derivará en la elección de tres nuevos jueces. Nada menos. Uno ocupará la séptima vacante que termina de crearse y otros dos llegarán para ocupar los lugares que dejarán Mario Netri y María Angélica Gastaldi, quienes ya anunciaron sus renuncias tras la presión que ejerció el Gobierno para que se marchen.

Pullaro tendrá la chance de elegir a tres de los siete miembros. Pero la avanzada no termina allí. El gobernador y sus ministros trabajan para esmerilar y conseguir un pronto paso al costado de los otros tres integrantes que superaron los 75 años de edad y que continúan abrazados a su silla: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler. Si ese objetivo se concretara, Pullaro tendría la chance de armar una Corte casi nueva. 

Lo que el Gobierno provincial ve como un necesario cambio luego de décadas de permanencia en el cargo de los ministros actuales, muchos actores de la Justicia, pero también de la política, observan con inquietud. Temen que Pullaro arme un tribunal a su medida. 

Si Gutiérrez y compañía deciden permanecer, el recurso del decreto para removerlos es una vía posible. Para tomar esa decisión se esperará todo lo posible. Un gesto de los cortesanos, admiten muchos en Unidos, sería lo adecuado para que la sangre no llegue al río. En el socialismo son varios quienes advierten que el decreto podría tomarse como un avance contra otro de los poderes del Estado. Y eso, creen, podría generar un ruido inconveniente. 

Hay un elemento de peso entre lo aprobado esta semana y es el límite de edad para los cortesanos. Si bien no es posible aplicar la ley de forma retroactiva –no alcanza a quienes ya ocupan el cargo, algo en lo que acuerdan legisladores del oficialismo y también de la oposición–, es claro que deja una señal para Gutiérrez, Falistocco y Spuler: la mayoría parlamentaria se inclinó por acompañar una iniciativa que contempla un tope. Los cargos no pueden conservarse a perpetuidad. Es una idea que acompañaron los legisladores de Unidos, pero también una parte del peronismo y hasta sectores de la izquierda como el Frente Amplio por la Soberanía. Aun con sus divergencias, hubo diputados que no aprobaron la reforma, pero que dejaron claro que sí acuerda con el límite de edad. 

Algo de esto debe haber leído Gutiérrez, que pasó de la resistencia absoluta a un mensaje más componedor tras la aprobación de la reforma: “La legislación es para el futuro, no para atrás. Estoy pensando en la decisión. Me debo a mi gente del Poder judicial”. 

Nadie cree que Gutiérrez le hará las cosas fáciles a un gobierno con el que mantiene un enfrentamiento a cielo abierto, pero quizás acuerde una salida que no sea tan desdorosa e inconveniente.

Mientras espera ese gesto, el Gobierno ya piensa en los nombres para la renovación. Deberá respetar la paridad de género y una representación del territorio más ancha y más justa.  

Qué quedó para la política después del debate

Al momento de pensar en nombres, cuyos pliegos podrían enviarse a la Legislatura a principios del año próximo, muchos estiman que las consultas traspasarán la barrera de Unidos. Los contactos entre Pullaro y Omar Perotti son frecuentes. El bloque del ex gobernador –compuesto por cinco diputados– acompañó en general la reforma que impulsó Unidos. Ese acercamiento quizás se replique en caso de que el oficialismo decida avanzar ahora con la reforma constitucional. También, en el intercambio de pareceres sobre los nuevos cortesanos. 

La decisión de acompañar adoptada por el perottismo exhibió también el complejo momento que atraviesa el justicialismo, que votó desde veredas opuestas. Alejandra Rodenas, Miguel Rabbia, Verónica Baro Graf y Lucila De Ponti fueron en contra del proyecto. Son los sectores que responden a Armando Traferri, Marcelo Lewandowski, el Frente Renovador y el Movimiento Evita, tribus de peso dentro de un PJ todavía tambaleante. Es claro: el peronismo no encuentra aún el camino de salida. No le será fácil, aunque sabe que sin unión no hay futuro electoral promisorio para el partido.

El acercamiento entre Pullaro y Perotti llevó a Amalia Granata a marcar que al rafaelino se lo ve “más cerca del bloque de Unidos que del PJ”. Veneno puro. 

Granata volvió a hacer gala de su pirotecnia verbal en la sesión en la que se aprobó la reforma. Dijo que Pullaro era un “monarca”, que la Cámara baja era una “escribanía” del gobernador y que el radical pretende conformar una Corte “de amigos”.

La ex animadora pretende posicionarse como destacada referente de la oposición. Si es por el tono beligerante el lugar ya lo tiene bien ganado. Pero ese rol necesita de otras virtudes. Elevar la voz y preparar ingeniosas estocadas no alcanza. Si su proyecto pretende crecer más allá de las bancas que atesora, debería hacer un trabajo ancho y profundo al que aún no se le ve ninguna punta, excepto su acercamiento con Lewandowski. 

Para Unidos queda la satisfacción de un nuevo objetivo cumplido en la Legislatura. Esta vez, sin la polémica y la violencia de la reforma previsional. Le resta el mayor y más complejo de los desafíos: ver si le resulta posible avanzar con la demorada reforma constitucional. Necesita para ello el acompañamiento de sectores opositores. Si la reforma judicial era un laboratorio para poner a prueba los caminos de diálogo y consenso con otras fuerzas, puede decir que el examen ha sido aprobado.