Los argumentos que expuso la defensa para liberar a los presos de Vicentin

Este viernes, o a más tardar el lunes, se conocerá la resolución judicial que podría cambiar el rumbo procesal de la causa penal por el vaciamiento de Vicentin. Tras dos jornadas intensas de audiencias de revisión, la Cámara Penal tiene por objetivo resolver si mantiene o revoca la prisión preventiva que pesa desde marzo sobre cuatro ex directivos de la firma: Roberto Gazze, Daniel Buyatti, Alberto Macua y Omar Scarel.

Durante el miércoles y el jueves, los abogados defensores Jorge Ilharrescondo y Daniel Cuenca realizaron un repaso detallado de las imputaciones esgrimidas en primera instancia y cuestionaron con dureza la legalidad, proporcionalidad y fundamento de la medida cautelar que ya lleva casi tres meses. Por su aprte, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja -quienes en su momento solicitaron la preventiva que fue acatada por un tribunal de primera instancia.- también se encargaron de refutar con argumentos los planteos de los letrados defensores. "Estamos ante una pena anticipada, que no tiene justificación", sostuvo Cuenca, quien calificó de “desatinado” e “improcedente” el fallo original que ordenó las detenciones.

Los defensores afirmaron que durante cinco años de investigación los imputados estuvieron libres y a derecho, presentándose ante cada requerimiento. Plantearon que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento del proceso y que el argumento de urgencia utilizado por la fiscalía para pedir las detenciones en marzo no fue justificado. "La imputación recién se formalizó seis días después de las detenciones", remarcó Cuenca, cuestionando que se priorizó "detener primero y luego investigar".

Señalaron que las medidas cautelares deben ser excepcionales y escalonadas, no empezar por la privación de libertad. "El fallo de primera instancia no explica cuál era el peligro inminente para el proceso", indicaron, y subrayaron que actualmente los imputados ya no tienen funciones en la empresa.

Los abogados respondieron uno a uno los puntos utilizados por la fiscalía para sostener la acusación de administración fraudulenta:

-Honorarios profesionales: Se trató del pago por tareas concretas realizadas como profesionales dentro del grupo empresarial, con la correspondiente facturación. Además, varios de los imputados no percibieron ingresos entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

-Retiros voluntarios y pagos de salarios: Los montos observados por la fiscalía fueron en realidad sueldos pagados a través de órdenes de pago, en vez de cuentas sueldo. También defendieron los acuerdos de retiros voluntarios dentro de un programa de racionalización de personal. Apuntaron, incluso, que una accionista que actuó como denunciante también cobró un retiro por $30 millones sin haber sido citada por la fiscalía.

-Pago de una fianza penal: Se explicó que fue una póliza de caución contratada por la empresa y que luego fue reintegrada en su totalidad. El mecanismo fue autorizado por el comité de gobierno de la firma y comunicado al interventor judicial.

-Compra de libros: Se trató de 30 ejemplares del libro “Exprópiese” por $65.000 adquiridos por Algodonera Avellaneda. “Es un hecho insignificante en el contexto de una deuda de US$ 1.500 millones. No configura delito alguno”, afirmaron.

-Honorarios a abogados: Los letrados sostuvieron que es una práctica común en las grandes empresas que se cubran los costos de defensa legal de sus ejecutivos, y que en ningún momento fueron observados internamente.

A lo largo de la audiencia, Cuenca insistió en que el fallo que dispuso las prisiones preventivas contiene “silencios” y “escuetas enunciaciones”, y que no tomó en cuenta gran parte de los planteos realizados por las defensas. “Parece redactado antes de escuchar a los imputados”, lanzó el abogado, en sintonía con lo expresado el día anterior por su colega Ilharrescondo.

Uno de los hechos más mediáticos de la causa es la venta de un avión Cessna por parte de una empresa controlada del grupo. La defensa aseguró que la operación se realizó en 2017 para cancelar una deuda de 5 millones de dólares y fue autorizada por el directorio. Aportaron documentación respaldatoria y aclararon que no se produjo perjuicio alguno al patrimonio de Vicentin. “Fue la entrega de un activo para saldar un pasivo. No hubo desvío de fondos”, concluyeron.