Ley de semillas: cuál es la "línea roja" que buscan definir entre privados

La Ley de Semillas fue uno de los grandes temas que se puso en discusión en el Congreso de Aapresid. El debate se dio en el momento justo: el Gobierno ya adelantó que pretende modificar la norma que regula el uso, la propiedad intelectual y el intercambio comercial de semillas (y en buena hora, porque la ley actual está en vigencia desde 1973), pero antes de enviarla al Congreso quieren tener un proyecto con consenso entre privados.

Y si algo quedó claro en el panel de discusión que propició Aapresid, es que el acuerdo definitivo todavía no existe. Las partes sí aseguraron que “están avanzando” respecto del punto de partida, pero lo cierto es que aún falta resolver el punto más ríspido entre semilleras y productores: cómo se reglamenta el alcance del uso propio, es decir, el derecho que tiene un productor agropecuario de guardar parte del grano cosechado de una campaña para volver a utilizarlo como semilla en la siembra de la campaña siguiente, en su propia explotación, sin tener que comprar bolsa comercial nueva.

En este sentido, el argumento para la revisión de la ley no tiene oposición. Productores y semilleras acuerdan en que la regulación actual desalienta la inversión en el mejoramiento genético de las semillas, y los propios productores están de acuerdo en que “algo van a tener que pagar” para premiar la propiedad intelectual de los obtentores de la biotecnología. Lo que está en discusión es en qué cantidad de hectáreas se traza la línea roja en cada cultivo.  

Todas las voces

Del panel participaron todas las partes involucradas. Debatieron el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari; el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro; el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pablo Ginestet; y el titular de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Marcelo Torres.

“Al principio nos ladrábamos y hoy somos amigos”, graficó Famulari sobre el espíritu del debate que hoy reina en las diversas reuniones que viene organizando el Gobierno y de las que participan referentes de la Mesa de Enlace, de Aapresid, de Crea y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, además del Inase.

El director de ASA remarcó la necesidad de que la industria genere rentabilidad y previsibilidad para el desarrollo de mejoras. “Nos lleva años innovar: lanzar algo nuevo al mercado tarda, en promedio, 10 años. Por eso es fundamental la condición de previsibilidad”, indicó.

Sobre el gran tema en discusión, que es el uso propio, afirmó que “nunca va a desaparecer”, y coincidió en que la clave es definir cómo se reglamenta. Por ejemplo, si solo se convierte en oneroso el uso propio “incremental” o si también hay que pagar por el uso propio normal, en este caso estableciendo pautas sobre cantidad de hectáreas o tamaño de productores.

En este punto, intervino Ginestet y ratificó que, precisamente, lo que se demanda es claridad en la información sobre qué y cómo se va a pagar por el uso propio oneroso. “Es un cambio muy grande desde lo jurídico y lo cultural. Tienen que quedar dos cosas bien claras: que sea fácil la implementación, y que no sea algo que genere litigiosidad, si no los productores van a empezar a desconfiar de la herramienta”, subrayó.

De todos modos, coincidió en que el escenario indica que “no estamos tan lejos” de un acuerdo, con un proceso más “madurado” que el que hubo en 2018, cuando la nueva ley de semillas estuvo a punto de ser aprobada en el Congreso.

Torres, por su parte, actuó como intermediario, y recordó el ejemplo de cómo creció la siembra directa a partir del consenso. “Si no hubiéramos trabajado codo a codo la ciencia y los fabricantes, no hubiera sido imposible avanzar”, repasó.

Sobre la discusión en sí, confirmó: “Estamos de acuerdo en pagar por el uso propio incremental, lo que estamos discutiendo es la superficie original: cómo aplicar un límite de hectáreas, porque si un productor tiene una superficie grande y no paga después, también se puede cuestionar”.

La base de la polémica: UPOV 91

Por otro lado, inevitablemente el debate incluyó la adhesión o no al protocolo UPOV 91, un convenio internacional de propiedad intelectual que restringe el mencionado derecho histórico de los productores a guardar semilla para resembrar y amplía el poder de las semilleras sobre el producto de la cosecha. 

El Gobierno ya adelantó que pretende adherir al protocolo, de hecho, con la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos se comprometió a presentar en el Congreso  la adhesión, que parece cocinada.

En ese sentido, cambia el punto de partida del debate: se pasa de una ley donde el uso propio del agricultor es libre por defecto a un escenario legal estricto donde el uso propio es la excepción. Famulari consideró que la parte central de la discusión no es UPOV 91 sí o no, porque lo más probable es que sea inevitable que se apruebe, sino ver cómo se reglamenta su aplicación, en función también de lo que diga la nueva ley que se busca sancionar.

“La clave es contar con un marco normativo mejor. Tenemos empresas de Países Bajos dispuestas a traer mejoras en semillas de hortalizas, por ejemplo, pero no avanzan porque entienden que no tienen protección de la propiedad intelectual”, concluyó.