Lelo Pérez, el de la megaestafa, fue procesado por blanquear dinero narco

El titular del Juzgado Federal N° 3, Carlos Vera Barros, dictó el procesamiento del conocido empresario Leandro David Pérez, alias "Lelo", bajo la grave imputación de lavado de activos de origen delictivo, agravado por la habitualidad y por haberse cometido en banda. La medida judicial no solo alcanza al principal investigado, sino que expone un entramado familiar y de confianza que operaba como brazo financiero de bandas criminales. 

Entre los procesados se encuentran su hijo, Agustín Leandro Pérez, su socio Marcelo Eduardo Malatesta, y un ex policía santafesino, Maximiliano Emanuel Novillo, sindicado como una pieza de logística y protección. 

La investigación, conducida por los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay Molina, sitúa el inicio de las actividades en 2017. Según las pruebas reunidas, la red desplegó maniobras con un único objetivo: introducir en el circuito legal millonarias sumas de efectivo que provenían directamente de las redes de comercialización de estupefacientes. 

Para lograrlo, los imputados estructuraron un holding de fachada compuesto por constructoras, fideicomisos inmobiliarios y empresas de transporte, valiéndose principalmente de la firma Transporte Overland SRL. Esta sociedad comercial registró un flujo de capitales descomunal e incompatible con los ingresos declarados, sirviendo como canal de blanqueo a gran escala. 

Los peritajes contables revelaron que mientras la cuenta de inversiones se mantenía en cero, la firma incorporaba de manera oculta una impresionante flota automotriz, omitiendo exponer estos bienes en sus balances oficiales ante el fisco.

La magnitud económica del caso se refleja en la contundencia de las medidas cautelares, que incluyeron un embargo preventivo millonario y la inhibición general de bienes de todos los sospechosos.

El rubro automotor constituyó una de las grandes vías para canalizar el dinero ilícito, detectándose al menos 46 operaciones de adquisición de rodados de alta gama. La flota incautada abarca lujosas camionetas pick-up Volkswagen Amarok en sus versiones más costosas, sofisticadas Ford Ranger Raptor valuadas individualmente en cientos de salarios mínimos, vehículos utilitarios pesados como camiones Mercedes Benz Atego y tractores Volkswagen, además de motocicletas de alta cilindrada de las firmas BMW y KTM.

El segundo gran canal de blanqueo fue el desarrollo inmobiliario a través del Edificio Nélida 1, un complejo de categoría ubicado en la Avenida Pellegrini al 3800. El expediente judicial demuestra que el valor de un solo departamento de esta torre superaba ampliamente la capacidad económica que Leandro Pérez exteriorizaba ante las autoridades impositivas, mientras que sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias se presentaban en cero. 

La suntuosidad de la organización también se evidenció en el plano residencial, ya que el principal investigado habitaba un departamento de seis ambientes en el piso 30 de las exclusivas Torres Aqualina, registrado de forma fraudulenta a nombre de la sociedad Palabra Santa SRL para enmascarar su verdadera propiedad.

Doblemente célebre

Pérez alcanzó notoriedad a mediados de la década pasada, cuando estalló la recordada megaestafa inmobiliaria, un entramado protagonizado por reconocidos empresarios, agentes bursátiles, sindicalistas y escribanos que estafaba mediante transferencias fraudulentas y rozaba  el mundo narco. Y también lo expuso a la luz de los reflectores un romance con la mediática Vicky Xipolitakis. En aquel caso fue sentenciado a 3 años de prisión efectiva, una multas de $200 M, y pérdidas de bienes valuados en u$s 360.000.

En este nuevo caso,  sus vínculos objetivos con el narcotráfico resultaron contundentes para el magistrado. Entre los inversores del fideicomiso inmobiliario se identificó a personas condenadas por contrabando agravado de estupefacientes, y diversas denuncias lo señalan como el nexo que introdujo a la organización liderada por Julio Andrés Rodríguez Granthon en el circuito financiero ilegal de la región.

La resolución judicial también desarmó la estrategia de defensa de los coautores y colaboradores del entramado criminal. El hijo del empresario, el abogado Agustín Pérez, argumentó no tener vinculación administrativa con los negocios de su padre, pero las intervenciones telefónicas probaron que comercializaba activamente las unidades funcionales del edificio por montos de 320.000 dólares y recibía dinero directo para sus propios gastos.

Por su parte, Marcelo Malatesta actuó como engranaje central y fiduciario en las sociedades satélites. Finalmente, el ex policía Maximiliano Novillo, quien ya arrastraba un sumario administrativo por un enriquecimiento patrimonial injustificado que no pudo justificar con sus ingresos de subinspector, quedó procesado tras comprobarse que administraba bienes de lujo y realizaba constantes viajes al exterior financiados presumiblemente por su rol de protección y logística para la banda.