Larga lista de empresarios están involucrados en caso de la avioneta narco

Trece personas -cuatro ciudadanos colombianos y el resto, argentinos- fueron detenidas entre fines de octubre y principios de noviembre e indagadas en por el Juzgado Federal N°3 de Rosario, imputadas de integrar una organización dedicada al contrabando de droga mediante el uso de avionetas y rutas aéreas no autorizadas, y de llevar a cabo el lavado del dinero proveniente de esa actividad, entre otros delitos. Los procedimientos tuvieron como resultado el secuestro de tres avionetas -que habrían sido utilizadas para trasladar la droga desde países limítrofes-, teléfonos celulares, equipos de geolocalización, computadoras y dinero en efectivo.

Dos de las avionetas se secuestraron en un galpón del barrio privado Campo Timbó club de golf, en Oliveros, Santa Fe. La otra en Carrizales. En cada viaje podía contrabandearse hasta media tonelada de cocaína que puesta en Buenos Aires (una de las plazas de la banda) se cotizaba a unos 5.400 dólares el kilo, según escuchas del expediente. Las avionetas bajaban en pistas clandestinas de los alrededores de Rosario y la carga era inmediatamente sacada en camionetas y almacenada en galpones de la zona.

La investigación que derivó en las detenciones fue realizada por la Fiscalía Federal Nº3 de Rosario, a cargo de la fiscal Adriana Saccone, junto a la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia, los fiscales coadyuvantes Martin Gambacorta y Santiago Alberdi, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) -a cargo del fiscal federal Diego Iglesias y con la intervención de los fiscales coadyuvantes Martín Uriona, Matías Scilabra y Santiago Alberdi -, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco y el fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina.

De acuerdo a la investigación, la organización tenía como finalidad principal el desarrollo de diferentes maniobras vinculadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en particular, cocaína-, en sus diferentes etapas (obtención, traslado y distribución comercial), como también la realización de otras conductas delictivas con el objeto de darle apariencia lícita a los bienes producidos como consecuencia de la actividad criminal principal.

Los empresarios involucrados

La causa judicial tuvo su origen en agosto de 2020, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional se presentaron en una zona rural de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, en el momento en que dos personas esperaban un cargamento de estupefacientes a través de avionetas. Los sospechosos intentaron escapar y protagonizaron un siniestro vial que les produjo la muerte.

A partir de ese episodio, se llevaron a cabo distintas tareas de campo, análisis de información e intervenciones telefónicas que permitieron individualizar a los integrantes del grupo y los roles desplegados por cada uno.

A lo largo de la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal se pudo corroborar que la organización estaría dirigida por B.W.B., quien fue identificado con diferentes apodos, tales como “Negro” o “Paturuzec”, e integrada por diferentes personas a las que les fueron asignados diferentes roles y tareas.

En la investigación fueron identificadas diferentes explotaciones comerciales de variados rubros (gastronómico, entretenimiento, servicio de taxi, entre otros) que utilizaban los miembros de la estructura criminal para lavar el dinero e introducirlo al sistema económico con apariencia lícita. 

El listado de empresas investigadas por la Justicia Federal son Remitaxi y Taxideral; la concesionarias de autos J.B. Exclusivos y VyA Digital, dedicada a la venta, armado y colocación de pantallas LED, cartelería, sonido, afiches e impresos para eventos públicos y privados. También los investigadores federales analizaron Glycine, dedicada a la adquisición, reparación y reventa de maquinaria agrícola, explotación de establecimientos rurales, ganaderos y agrícolas para el cultivo de granos, cereales y oleaginosas así como la compra, venta, importación, distribución y acopio de materia prima y agroquímicos. Además, está bajo la lupa una planta de biodiesel que funcionaba en un campo de Gálvez, pero debió ser trasladada a la localidad de Álvarez. El motivo de la mudanza fue la del dueño del campo: se trataba de Sebastián Romera, acusado por el tráfico de 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína descubierto en junio de 2021 a bordo de un BMW estacionado en una cochera de Villa Gobernador Gálvez. 

En el listado de empresas usadas por el grupo para lavar dinero figura Ladrillera Rosario, dedicada a la compraventa de materiales de construcción y el alquiler mensual de cocheras con lavadero situadas en dos locaciones: Pueyrredón al 500 y Vélez Sársfield al 700. En tanto, está mencionado en la causa un empresario del rubro inmobiliario.

La pesquisa judicial también avanzó sobre las empresas adquiridas para lavar el dinero ilícito, generado por lo menos desde 2018: el Teatro Vorterix de Rosario y su par de Mar del Plata, con radios incluídas, dos locales gastronómicos como las pizzerías "Affascinante" de Mendoza y Vera Mujica, que ya cerró sus puertas, y una similar en Cafferatta y Catamarca.