La Provincia frizó peajes en accesos a puertos hasta que pasen las elecciones

El gobierno de Santa Fe no implementará cobros en el sistema unificado de acceso a puertos hasta después de las elecciones provinciales. Pese a que el Ejecutivo ya hizo una presentación informal de la propuesta, en la Casa Gris esperan alcanzar los consensos necesarios con los actores del agro antes de dar una puntada.

Según pudo saber Punto biz, la determinación fue comunicada por altos funcionarios del gobierno a representantes del agro. El principal motivo que expresaron las autoridades fue el temor a un crecimiento del malestar de los productores agropecuarios en medio del contexto electoral. "Imagínense que pongamos peajes el año que viene y que durante la campaña salgan los chacareros enojados con tractores a las rutas", fueron, palabras más palabras menos, las declaraciones de un funcionario de primer rango a sus interlocutores.

Desde el Ejecutivo se comprometieron a retomar las conversaciones con los actores del campo dentro de un año. Aunque no lo oficializaron, la Provincia dejó entrever que se manejará con un calendario similar al de las elecciones de 2025: cierre de listas en febrero, primarias en abril y generales en junio. A ese cronograma se suma otra variable: fuentes de la Provincia postularon  que la postura oficial siempre fue que los peajes recién se cobrarán una vez que las obras en las rutas ya se encuentren avanzadas. Un intendente consultado por este medio estimó que la expectativa es que ese proceso podría demorar aproximadamente un año más.

La misma situación para la A012

Desde el Ministerio de Obras Públicas recalcaron a Punto biz que la intención de implementar peajes sigue en pie, pero que solo se concretará si se alcanzan los consensos suficientes entre todas las partes.

Tras largas negociaciones, la Provincia consiguió que Nación la autorice para realizar tareas de reparación y mantenimiento en la ruta A012, una de las trazas viales más transitadas por los camiones que trasladan granos. Como publicó este medio, para esa ruta la cartera conducida por Lisandro Enrico también evalúa crear un fideicomiso similar al propuesto para los accesos a puertos.

Las posturas del campo

La propuesta de crear un ente que cogestione los fondos recaudados en los peajes fue bien recibida por algunas cámaras relacionadas con la exportación de granos. Conscientes de que el cobro de algún canon para el mantenimiento es ineludible, estas entidades prefieren avanzar con un esquema de gestión mixta que garantice que los fondos se destinen efectivamente al mantenimiento y no se desvíen hacia otros usos.

Pese a eso, entidades como la Asociación Gremial de Acopiadores de Granos y la Sociedad Rural manifestaron su malestar apenas el gobierno hizo la presentación, por los importes que se pretendían fijar. Las asociaciones reclamaron que el Estado se haga cargo primero de las obras y recién después avance con un esquema de cobro.

La primera propuesta

En mayo, la gestión conducida por Maximiliano Pullaro había dado a conocer su propuesta para la administración de los accesos a los puertos del sur de la provincia. En aquella oportunidad, la Provincia hizo circular un borrador en el que proponía el cobro de una tasa de u$s1,5 por cada tonelada a los camiones que ingresaran a las instalaciones portuarias.

Actualmente, cada municipio cobra su "tasa vial" a los transportistas que trasladan granos para exportar. Estos cargos son cuestionados por los usuarios, quienes consideran que los fondos recaudados no vuelven en forma de mejoras de infraestructura. Los intendentes manejan grandes cajas pero no la vuelcan a mejorar la situación de los caminos.

Desde el comienzo de su gestión, el gobierno pullarista manifestó su intención de regularizar esta situación avanzando en la unificación del sistema de accesos. Tras algunas tensiones entre los intendentes y el Ejecutivo, las partes llegaron a un acuerdo por el cual las localidades se quedarán con u$s 0,4 por cada tonelada, mientras que el porcentaje restante queda en manos de un fideicomiso administrado por el Estado en conjunto con actores del sector.

Luego de un período de áridas discusiones, la Provincia y las intendencias llegaron tácito acuerdo, pero quienes pusieron el grito en el cielo fueron los privados. Entidades del agro como la Sociedad Rural y la Asociación Gremial de Acopiadores de Granos rechazaron la propuesta, ya que la consideraron un encarecimiento en los costos de producción del sector.