Herme Juárez ya fue, pero tarifas de la cooperativa meten ruido

El dato fue deslizado por directivos del grupo de actividades logísticas y portuarias PTP, que acaba de inaugurar un gigantesco galpón (11.000 m2)  para almacenar y tratar fertilizantes en Puerto San Martín. Se trata del mismo holding que opera la Zona Franca Santafesina, y se prepara para inaugurar antes de fin de mes un nuevo muelle portuario en ese predio, localizado en Villa Constitución. Ellos operan con grandes clientes -de la talla de Cargill, Profértil, Bunge y Dreyfus- y ante la demanda creciente de distribución del insumo por parte de las cerealistas decidieron arrimar el depósito de las mercaderías a las plantas de la zona. La reciente eliminación de aranceles sobre la urea granulada le dieron un empujón a las importaciones y el negocio se encuentra operando a full. 

Como en el negocio del comercio exterior que cada peso cuenta, resulta sorpresivo que PTP ingrese la mercadería por el puerto de San Nicolás y la traslade 100 kilómetros a bordo de camiones hasta la flamante zona logística, en lugar de ingresarla a territorio nacional directamente en Puerto San Martín. Y lo hacen por una cuestión de costos, porque las tarifas portuarias en la localidad del extremo norte del cordón las tarifas son “prohibitivas”. 

“Nosotros operamos en todos y cada uno de los puertos a los cuales arribamos con mercaderías, pero en este caso nos sale más barato descargar, volver a cargar y venir por tierra hasta Puerto San Martín”, se le escuchó decir a un alto ejecutivo de la firma durante el transcurso del ágape de inauguración, entre brochetes y empanadas. 

El problema son las tarifas de estibaje, que tiene al Supa como representación gremial y a la Cooperativa de los trabajadores del Supa como actor empresario hegemónico. Hasta hace unos pocos años atrás supo regentear el Supa y la Cooperativa Herme Juárez, alias “Vino Caliente”, viejo lobo del sindicalismo y la política regional. Juárez armó un verdadero imperio, monopolizó el negocio del estibaje y llevó las tarifas por las nubes, poniendo a las grandes empresas contra las sogas y cortocircuitando la actividad portuaria de la zona. 

Denunciado por corrupción, terminó preso y fue desalojado tanto del poder sindical -corrido del Supa- como del poder empresario -corrido de la cooperativa-. Aunque Juárez ya es cosa del pasado, es sabido que las segundas partes suelen no ser buenas. Aunque el negocio ya no es monopólico, no se cumplió con el compromiso de habilitar al menos cinco jugadores para garantizar una genuina competencia. Dos empresas que habían empezado a participar -Milisenda y SAP- fueron excluidas luego que se judicializaron diferendos con el gremio. Más tarde se sumaron otras dos firmas: Terminales y Servicios (Juan Manuel Ondarcuhu) y Peitel (Víctor Orazi), pero la voz cantante la llevan el Supa, como fuerza gremial, y la cooperativa, como empresa prestadora de servicios. 

Con la competencia a media y tarifas para nada competitivas, el fantasma de Herme Juárez se vuelve a posar sobre Puerto San Martín. Las corporaciones parecen tener de nuevo las de ganar, a pesar de que el gobierno libertario prometió destruir todas las castas. La sorpresa, estimado lector, es más grande aún, cuando trasciende que el hombre en las sombras detrás de la cooperativa es el diputado nacional Nicolás Mayoraz, integrante de la bancada oficialista. Para más datos, el legislador fue uno de los bastoneros que impulsó la sanción de la ley Bases, prometida como una herramienta para combatir a las castas y las corporaciones.