Gran Estafa Inmobiliaria: las penas que pidió el fiscal en el inicio del juicio

Tal como anticipó Punto biz, finalmente este lunes comenzaron las audiencias de juicio oral y público de la denominada gran estafa inmobiliaria. El trámite, que está previsto se prolongue por casi tres meses, convocó al banquillo 13 acusados de una lista original de 15. En la primera jornada, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, expuso las condenas ante el tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrin.

El caso se destapó en 2016 con las acciones que ordenó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que derivaron en decenas de allanamientos que involucraron a estudios contables, escribanías y hasta oficinas en el diario decano de la prensa argentina.

El caso inicial fue el de las sucesivas ventas fraudulentas de 124 hectáreas en Villa Amelia, un procedimiento que se repitió con otros terrenos e inmuebles salpicando, en parte, a los mismos protagonistas. Lo que terminó sucediendo es que se falsificaban poderes y otros documentos para actuar en nombre de los titulares legítimos de esas propiedades y así concretar maniobras para lavar dinero.

Previo al comienzo del debate hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad. Uno de ellos es Marcelo “Lelo” Pérez, quien admitió su culpabilidad en uno de los hechos investigados y aceptó tres años de cárcel, una multa superior a los 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por un valor equivalente a 360 mil dólares. Del bloque inicial de imputados, también se acogieron al beneficio que supone reconver la comisión delicuntual Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano.

Los pedidos de pena de la Fiscalía son diferentes según la cantidad de hechos atribuidos a cada imputado y su rol en las maniobras. Así, se solicitaron 20 años de prisión y multas -calculadas según el valor real de la operación de lavado- por $344.081.151,73 para el escribano Eduardo Torres (se agrega pedido de 12 años de inhabilitación especial para ejercer), para el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, y para el sindicalista del turf Maximiliano González de Gaetano.

Hay pedido de penas importantes para otros tres escribanos acusados. Para Juan Aliau se pidió pena de 9 años de prisión, multa de $344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación; mientras que para su par Luis Kurtzemann, el fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión, multa de $54.777.000 y 10 años de inhabilitación; y 7 años de prisión, multa de $ 81.598.854,13 pesos y 12 años de inhabilitación para José Gordó. En tanto, para el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, se pidieron 7 años de prisión, multa de $73.036.000,00.

Para Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, solicitó 5 años de prisión; Vanina Viglione 5 años y 6 meses más multa de $4.745.371,53; Andrés Martín, 2 años de prisión; Sandra Moresco, 5 años de prisión y multa de $40.526.404,18; Magalí González de Gaetano, 3 años y 6 meses de prisión y multa de $6.636.993; y Omar Buscellato, 4 años y multa.

Además hay personas que ya fueron condenadas en juicio abreviado. Se trata de Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo, Juan Cruz González de Gaetano, y el empresario Leandro Pérez, a quien le dieron 3 años de prisión y multa por el doble del valor del bien que fue objeto del lavado, indicaron desde Fiscalía. 

También cabe recordar que en 2019 el entonces fiscal regional Patricio Serjal -ahora imputado en la causa por juego ilegal- planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.