Fuerte advertencia de Provincia al gobierno de Funes: "Puede costar vidas"

Como lo había anticipado, el Gobierno provincial colocó las fajas con la leyenda de “obras paralizadas” en los emprendimientos Damfield (ubicado en el sector sur de Funes, al este del Barrio Kentucky) y La Reserva (ubicado sobre un camino rural continuación de calle Galindo, en proximidades de la reserva San Jorge).

Se trata de emprendimientos inmobiliarios cuyas tareas dieron inicio sin contar con los estudios de impacto ambiental correspondientes. Desde las Secretarías de Asuntos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, señalaron que los desarrollos están en una zona inundable y podrían generar potenciales daños ambientales. 

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, disparó fuerte contra los desarrolladores y la municipalidad de Funes. “Los gobiernos locales deben tener planes de ordenamiento territorial. Hace pocos meses vimos lo que sucedió en Brasil con las inundaciones, no se trata solo de una avivada, las consecuencias pueden costar vidas”, sentenció.

El ministro insistió en que “no se pueden construir loteos sin tener un estudio de impacto ambiental aprobado". Este estudio de impacto ambiental es realizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que toma otros factores brindados por distintas áreas del Estado, como lo es la Secretaría de Recursos Hídricos. Se forma un circuito a seguir para poder construir. "En primera instancia, el gobierno local, en este caso la Municipalidad de Funes, debe dar una autorización de uso de suelo”, detalló Estévez.

Cabe recordar que el gobierno provincial había dispuesto la paralización de estas dos obras en Funes, tras una inspección de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Obras Públicas, donde se constató que se habían iniciado obras sin los estudios y certificados de rigor. Además, se dispuso investigar cómo se comercializaban estos terrenos ubicados en una zona no apta para la construcción. Previamente, en dos oportunidades se había intimado a paralizar las obras, pero no dieron cumplimiento a ello.

Por otra parte, se instruyó a Fiscalía de Estado para que evalúe si es necesario iniciar las acciones judiciales que correspondan, incluidas las que “tiendan a la recomposición del daño ambiental que se encuentre eventualmente producido y, en caso de que se considere la posible comisión de delitos, de realizar las denuncias penales pertinentes, autorizándose a constituir a la Provincia de Santa Fe como querellante”.