Estafa electrónica: sentencia contra el Banco Macro por fallas de seguridad

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 9ª Nominación de Rosario falló a favor de un cliente que sufrió una estafa electrónica y condenó al Banco Macro a pagar una indemnización total de $2,2 millones, más intereses. La jueza María Fabiana Genesio consideró acreditada la falla en los mecanismos de seguridad de la entidad en perjuicio de unn cliente, lo que habilita la responsabilidad objetiva por incumplimiento del deber de resguardo patrimonial.

De acuerdo al fallo al que tuvo acceso Punto biz, el caso se remonta al 13 de agosto de 2022, cuando Matías C. detectó una transferencia por $200.000 desde su caja de ahorro a una cuenta desconocida del Banco Nación, sin haber autorizado la operación ni compartido sus claves de acceso. Tras no recibir respuestas satisfactorias por parte de la entidad financiera, el cliente presentó una demanda por daños y perjuicios, que también incluyó un reclamo por daño moral y una multa civil.

En el proceso judicial, Banco Macro negó cualquier vulneración en sus sistemas y sostuvo que la transferencia fue validada correctamente por el usuario, argumentando que el cliente habría facilitado involuntariamente sus credenciales a terceros en un presunto caso de phishing.

Sin embargo, la sentencia consideró que el banco no acreditó suficientemente las condiciones en que se validó la operación ni demostró haber cumplido con las normativas del Banco Central en materia de ciberseguridad. La jueza señaló que, tratándose de una relación de consumo, la entidad tenía la carga probatoria y que su omisión generaba una presunción favorable al cliente.

“La entidad debe brindar a sus clientes la suficiente seguridad para evitar previsibles y reiterados ataques de delincuentes”, sostuvo el fallo. También remarcó que la transferencia se realizó por un monto muy superior al promedio de los movimientos de la cuenta y hacia un CBU no habitual, aspectos que debieron haber activado alertas internas.

En consecuencia, el fallo dispuso:

-El resarcimiento del daño patrimonial por $200.000, más intereses desde la fecha del hecho.

-Una indemnización por daño moral de $2.000.000, en virtud del padecimiento sufrido, la frustración del reclamo y la prolongación del conflicto.

-El rechazo del daño punitivo, al no acreditarse una conducta temeraria o maliciosa por parte de la entidad.

-La imposición de costas judiciales en un 85% a cargo del banco.

La jueza destacó que aun si el cliente hubiera sido víctima de un engaño y entregado sus claves de forma involuntaria, la falla principal radicó en el sistema de seguridad del banco, que permitió ejecutar la operación sin mecanismos adicionales de validación. “Si se adoptaran métodos más seguros, el impostor no podría haberse apoderado de la cuenta”, concluyó. La defensa del cliente estuvo a cargo del abogado Lucas Aquino.