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Empresarios piden una vuelta de tuerca para ordenar la Justicia laboral

Empresarios piden una vuelta de tuerca para ordenar la Justicia laboral
Dana Leiva

El sector privado advierte que el funcionamiento actual desalienta inversiones, empleo formal y competitividad.

La reforma de Código Procesal Laboral en Santa Fe sancionada hace dos meses todavía no terminó de ponerse en marcha. De hecho, algunos de los cambios más importantes siguen sin aplicarse, como el nuevo esquema de cobro de honorarios de peritos, que en la práctica continúa funcionando bajo el sistema anterior. Sin embargo, para el sector empresario el problema va más allá de la aplicación de la reciente reforma y ponen la discusión en el funcionamiento de la Justicia laboral en su conjunto.

El planteo parte de un dato que el sector empresario repite desde hace tiempo. En Rosario ingresan unas 22.000 causas laborales por año y diez juzgados absorben toda esa demanda. Según explicaron desde la agrupación empresaria Red de Instituciones por la Producción Rosario, seis de cada diez expedientes corresponden a litigios vinculados con riesgos del trabajo y el resto responde a conflictos laborales tradicionales.

Con cifras sobre la mesa, la entidad que nuclea al sector productivo presentó un nuevo proyecto de modificaciones al Código Procesal Laboral de Santa Fe. La iniciativa ya fue acercada a legisladores provinciales y busca atacar lo que consideran las principales trabas del sistema judicial. Para Cristian Bergmann, presidente de Fundación Apertura y coordinador de la Red de Instituciones por la Producción, el sistema llegó a un punto de saturación. “La Justicia laboral está desbordada y ese escenario termina generando consecuencias que van mucho más allá de los tribunales”, contó en diálogo con Punto biz.

Frente a este escenario, Bergmann sostuvo: “Hoy muchos empresarios evalúan dos veces antes de incorporar personal porque sienten que cualquier contratación puede convertirse en un pasivo judicial a futuro”. Esa percepción, remarcó, desalienta el empleo formal y termina jugando en contra de todo el sistema laboral.

Sumado a esto, la agrupación que representa al sector empleador considera que hoy las empresas llegan a un juicio laboral en desventaja y que el proceso está diseñado con “incentivos que terminan favoreciendo la litigiosidad más que la resolución de los conflictos”. En otras palabras, entienden que el sistema perdió equilibrio.

La mirada no es compartida por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En las reuniones mantenidas con los representantes del sector productivo, el máximo tribunal de la provincia sostuvo que uno de los principales problemas pasa por la falta de jueces y de estructura para responder al volumen de causas. Desde la Red de Instituciones por la Producción reconocen que sumar cargos puede ser parte de la solución, aunque insisten en que no alcanza si antes no cambian las reglas de funcionamiento.

Qué busca el nuevo proyecto de reforma

La propuesta presentada se suma a la reforma del Código Procesal Laboral sancionada este año e impulsada por los diputados provinciales Martín Rosúa y José Corral. El nuevo paquete de cambios intenta modificar algunos de los puntos que, según la mirada empresaria, profundizan el aumento de juicios en el fuero laboral.

“Apuntamos a que los expedientes sin movimiento caduquen automáticamente después de un determinado plazo, evitando juicios que permanecen abiertos durante años sin actividad”, comentó Luciano Cacace, asesor técnico de la Red de Instituciones por la Producción y redactor del anteproyecto. Otro punto de la nueva reforma propone endurecer las condiciones para dictar embargos preventivos, exigiendo demostrar que realmente existe riesgo de que la empresa no pueda afrontar una eventual condena.

También buscan que las audiencias queden registradas en video para dar mayor transparencia al proceso y que determinadas sentencias no puedan ejecutarse mientras todavía están siendo revisadas por instancias superiores. A eso le suman la creación de una instancia obligatoria de conciliación previa con la intención de resolver conflictos antes de que lleguen a los juzgados.

Cacace insistió en que el objetivo no es quitar derechos a los trabajadores, sino equilibrar el funcionamiento del sistema. "La idea es modificar algunos puntos del Código para romper esas asimetrías y no tener que llegar a soluciones injustas", concluyó.

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