El presidente de Vicentin sumó nueva imputación pero evitó la prisión

Luego de 6 horas de audiencia alternada sólo por dos intervalos breves, finalmente el juez penal Nicolás Foppiani le garantizó la libertad a Omar Scarel, presidente del directorio de la agroexportadora Vicentin. El empresario se estrechó en un abrazo con su hijo, quien junto con otros accionistas de la compañía siguieron todas las alternativas del trámite judicial. Es que la defensa valoró la decisión como un éxito, ya que la continuidad de la prisión preventiva hubiera comprometido la esperada salida concursal a la hora de estampar las firmas.

Scarel fue detenido a principio de semana y si bien recuperó este miércoles la libertad, fue imputado del delito de “desobediencia en carácter de autor en concurso real en grado de consumado”, hecho que se suma a las acciones de estafa y administración fraudulenta que se le habían endilgado en octubre del año pasado junto al resto del comité directivo de la empresa.  Para garantizar su liberación, el directivo deberá sumar al pago de la caución ya efectivizado en octubre una cobertura adicional por u$s 500.000.

Más allá de los esfuerzos de la fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos constituida por Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, el magistrado dio curso a la imputación por desobediencia pero rechazó la prisión preventiva. Foppiani fue claro al remarcar que “no hubo controversia por las cuestiones de hecho ya que el material que instruyó lla imputación fiscal está transparentado en el marco del concurso y Scarel en todo momento reconoce que hizo lo que hizo, hecho que para la Fiscalía es una desobediencia de una orden judicial y para la defensa es una conducta típica”.

Vale recordar que en el marco de la audiencia, Moreno y Narvaja invocaron un contrato de compraventa entre Vicentín y Viterra que está expuesto en el expediente del concurso preventivo a través del cual Scarel instó a Vicentin a transferir la propiedad de las acciones de Renova correspondientes al 33,33% del paquete accionario de Vicentin en favor de Viterra. Como contraprestación la compañía multinacional se comprometió a pagarle el equivalente en pesos por u$s310 M al tipo de cambio oficial al mes de abril.

Si bien las transferencias de hecho nunca se concretaron ya que están supeditadas al trámite concursal, para la Fiscalía el acto de “compraventa” sí ocurrió y por ende aseguran que se violaron los decretos firmados por el propio Foppiani (18 de septiembre de 2020) y Hernan Postma (28 de septiembre) que impiden a la agroexportadora en default celebrar acuerdos por desprendimientos de activos por un acto superior a los $50 M. En su dictámen al cierre de la audiencia, el magistrado este miércoles le recordó a Scarel que “cualquier modificación al acervo patrimonial de la empresa requiere del expreso pedido de autorización judicial de manera previa”.

Vale aclarar que el contrato de compraventa se instituyó en el marco del avance de los acuerdos necesarios para que la firma concursada se haga del capital necesario para responder al plan de pagos estipulado en el concurso de acreedores que se sustancia en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lroenzini.

Frente a los hechos Foppiani se limitó a dar curso a la imputación pero evitó determinar en su fallo si la conducta en la que incurrió Scarel como presidente del directorio de Vicentin fue una acción típica o no en el marco de las conductas inherentes al armado de una propuesta de pago para la resolución concursal. “Será cuestión a resolver en el marco del juicio”, precisó el magistrado al tirar la pelota para adelante.

El juez sí reconoció la falta de transparencia en la documentación vinculada a los contratos ya predefinidos para el caso en que se homologue el acuerdo de pagos que Vicentin promueve ante el Juzgado de Lorenzini. No obstante manifestó que “le cuesta pensar” que bastaría con enmascarar las maniobras en un contrato enmarañado para concretar una maniobra que apuntaría hacerle creer a los acreedores que estaba definida una cesión accionaria para garantizar el capital discriminado para la cancelación de los créditos concursales. “Aún en estas circunstancias resulta imposible que se hubiese materializado el ardid que la medida cautelar propone evitar”, sumó para justificar la decisión de poner en libertad a Scarel, previo pago de la caución.

Al finalizar la audiencia, el fiscal Moreno le dijo a a Punto biz que seguirán adelante con las acciones para llevar a juicio la causa independientemente de la homologación del acuerdo de pagos. Según el integrante del ministerio público, para que se puedan vender los activos de Vicentin deberá existir una autorización del fuero penal, porque las medidas cautelares que prohíben la compraventa de activos.