Con la inflación en retroceso y la economía dando señales de estabilidad, surge un viejo problema estructural: la baja productividad.
La reciente desaceleración inflacionaria en Argentina abre una ventana de oportunidad para abordar desafíos estructurales largamente postergados. Entre ellos, la baja productividad emerge como uno de los principales frenos al desarrollo económico sostenido. Superar este obstáculo exige transformaciones tanto al interior del entramado empresarial como en el régimen tributario vigente, particularmente a través de la eliminación de tributos distorsivos como Ingresos Brutos y su reemplazo por un sistema más eficiente y equitativo.
Estabilización macroeconómica y señales incipientes de reactivación
La economía argentina transita una etapa de incipiente estabilización tras varios años de crisis sostenida. El proceso de desinflación, que logró ubicar la variación mensual de precios por debajo del 2% por primera vez en cinco años, se acompaña de una mayor disciplina fiscal, un esquema cambiario más flexible y una mejora en las expectativas de mercado. En marzo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) registró un crecimiento interanual del 5,6%, impulsado principalmente por los sectores de energía, agroindustria y minería.
Sin embargo, este alivio coyuntural expone debilidades estructurales que permanecieron latentes durante la etapa de alta inflación. En contextos de incertidumbre macroeconómica, las empresas suelen orientar sus esfuerzos hacia la supervivencia inmediata —mediante estrategias defensivas como la acumulación de inventarios o el ajuste de precios— relegando la inversión en productividad y eficiencia.
Productividad: el eslabón perdido en la competitividad estructural
La estabilidad macroeconómica representa una condición necesaria, pero no suficiente, para impulsar un crecimiento económico sostenido. En este nuevo escenario, la competitividad no puede sustentarse únicamente en distorsiones cambiarias o mecanismos de protección. La productividad —entendida como la capacidad de producir más y mejor con los mismos o menos recursos— se convierte en el eje fundamental del desarrollo.
Aumentar la productividad requiere cambios internos en las organizaciones, pero también demanda condiciones externas que favorezcan la inversión, la innovación y la eficiencia. En este sentido, uno de los mayores obstáculos es el sistema impositivo vigente, en particular la persistencia de tributos distorsivos como el impuesto a los Ingresos Brutos.
Ingresos Brutos: un impuesto regresivo y distorsivo
El impuesto a los Ingresos Brutos constituye una fuente clave de financiamiento para las provincias argentinas, representando en promedio el 26% de sus recursos totales. En las jurisdicciones más grandes, esta proporción puede alcanzar el 34%, y alrededor del 60% de su recaudación proviene de regímenes anticipados, como el Sircreb, que no guardan relación directa con la actividad económica real.
Este esquema no sólo introduce incertidumbre financiera para las empresas, sino que también profundiza distorsiones acumulativas a lo largo de las cadenas productivas. Al gravar las ventas en lugar del valor agregado, el impuesto penaliza especialmente a sectores de bajo margen y genera una carga tributaria no recuperable que encarece los productos nacionales, afectando su competitividad tanto en el mercado interno como en las exportaciones.
Además, las tasas municipales que replican este esquema profundizan el problema, configurando un sistema tributario regresivo, de difícil administración, jurídicamente inestable y que tiende a desalentar la formalización y la inversión.
Hacia un nuevo esquema impositivo: la propuesta de un “Súper IVA”
Frente a estas limitaciones, la simple reducción de alícuotas resulta insuficiente. La solución estructural pasa por una reforma integral que reemplace los impuestos distorsivos por un impuesto al valor agregado fortalecido —denominado “Súper IVA”— compartido entre la Nación y las provincias.
El gráfico muestra una comparación entre el actual impuesto a los Ingresos Brutos y la propuesta de un “Súper IVA”, evaluando seis dimensiones clave: base imponible, impacto en exportaciones, efecto cascada, complejidad administrativa, equidad tributaria y transparencia.
Mientras que Ingresos Brutos se caracteriza por su regresividad, fuerte efecto acumulativo y distorsiones sobre el comercio exterior, el “Súper IVA” presenta un diseño más moderno: grava el valor agregado en cada etapa productiva, es más equitativo y fácil de fiscalizar, y elimina incentivos a la informalidad.
La reforma no solo busca eficiencia fiscal, sino sentar las bases para una economía más competitiva y productiva.
Sin embargo, esta reforma requiere rediseñar también el esquema de coparticipación. Se sugiere avanzar hacia un modelo en el que las provincias y municipios se financien con los tributos generados en su territorio, acompañado de un fondo de nivelación que compense desigualdades estructurales, en especial en regiones históricamente rezagadas como el norte argentino.
Conclusión: productividad y competitividad como pilares del desarrollo
La salida de la crisis inflacionaria y la reconfiguración de la política económica ofrecen una oportunidad única para encarar reformas estructurales de largo plazo. Mejorar la productividad no es sólo una meta empresarial, sino un objetivo de política pública que requiere revisar incentivos, eliminar distorsiones y modernizar el sistema tributario.
Reemplazar Ingresos Brutos y tributos locales por un “Súper IVA” representa una condición necesaria para fomentar un entorno más competitivo, reducir la informalidad, simplificar el sistema impositivo y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible. La transición no será sencilla, pero postergarla implica seguir apostando a un modelo que ya ha demostrado sus límites.
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