El concurso de una desarrolladora de Puerto Norte impacta en propietarios

La apertura del concurso preventivo de GCDI, la desarrolladora inmobiliaria que hasta 2021operó bajo la razón social TGLT, comenzó a generar repercusiones en Rosario, donde la compañía dejó una de sus obras más emblemáticas: Forum Puerto Norte. Si bien el emprendimiento fue concluido hace años, una parte importante de sus unidades todavía no fue escriturada, lo que obliga a sus titulares a presentarse en el proceso concursal para preservar sus derechos.

El concurso fue abierto por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 27 de la Ciudad de Buenos Aires, que calificó el expediente como un "gran concurso" debido a la magnitud de la compañía y de sus pasivos. Además, fijó el 28 de septiembre de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la sindicatura.

En Rosario, el impacto no está dado tanto por acreencias financieras sino por obligaciones pendientes de la empresa vinculadas a la escrituración de inmuebles. Según estimaciones del sector, cerca del 50% de las unidades de Forum Puerto Norte aún no cuentan con escritura pública, una situación que coloca a numerosos propietarios dentro de la categoría de acreedores por obligaciones de hacer.

Algunos brokers de abogados comenzaron a representar a propietarios del complejo rosarino y advierten que muchos inversores desconocen que la apertura del concurso modifica el camino jurídico para obtener la escritura. "Existe un desconcierto habitual en estos escenarios porque muchos propietarios asumen que, al tener el boleto de  compraventa y la posesión del departamento, local o cochera, su situación está resuelta. Sin embargo, al abrirse el concurso preventivo, la vía legal para exigir la firma de la escritura es la verificación de crédito ante la sindicatura", explicó Santiago Barbarach, letrado del foro local y uno de los profesionales que viene aglutinando representaciones, en contacto con Punto biz.

En la misma línea, el abogado Ignacio Arroyo remarcó que la mayoría de los casos rosarinos no persiguen el cobro de una suma de dinero sino el reconocimiento del derecho a escriturar. "Al tratarse de una obligación de hacer, el objetivo del trámite no es reclamar una suma de dinero, sino lograr el reconocimiento judicial del derecho a escriturar. Si el titular no se presenta antes del 28 de septiembre, su crédito no quedará reconocido en la etapa ordinaria, lo que obligará a recurrir posteriormente a vías tardías, con mayores costos y demoras procesales que pueden comprometer seriamente la regularización del inmueble", planteó Arroyo.

Por ese motivo, los abogados recomiendan a quienes todavía no hayan obtenido la escritura reunir toda la documentación respaldatoria —boletos de compraventa, cesiones de derechos, actas de entrega de posesión y comprobantes de pago— antes del vencimiento del período verificatorio.

Fuerte desequilibrio patrimonial

El frente rosarino se suma a un complejo escenario financiero para la desarrolladora. En la documentación presentada al solicitar el concurso preventivo, GCDI informó que al 31 de marzo de este año acumulaba activos por $107.679 millones frente a pasivos por $125.477 millones, lo que dejó a la compañía con patrimonio neto negativo.

Entre las principales obligaciones figuran $25.376 millones en pasivos financieros, más de $17.080 millones con proveedores, además de compromisos fiscales, laborales y obligaciones asociadas al desarrollo Astor San Telmo, el proyecto porteño que la empresa identifica como el principal detonante de su crisis financiera.

En su presentación judicial, la desarrolladora sostuvo que la cesación de pagos fue consecuencia de una combinación de factores, entre ellos el prolongado conflicto urbanístico y judicial que paralizó Astor San Telmo, incrementó los costos financieros y terminó deteriorando su estructura patrimonial.

Además del vencimiento para la verificación de créditos el 28 de septiembre, el cronograma judicial prevé que la sindicatura presente los informes individuales el 10 de noviembre, el informe general el 30 de diciembre y que la audiencia informativa se realice el 13 de julio de 2027, antes del vencimiento del período de exclusividad para negociar un acuerdo con los acreedores.