La flexibilización en los controles sobre el origen de los fondos para la compra de propiedades genera expectativas de reactivación, pero también temores sobre el retorno del lavado de activos.
Las recientes medidas del Gobierno Nacional, destinadas a “sacar los dólares del colchón”, ya genera un debate entre los actores del sector inmobiliario. Si bien algunos ven con optimismo la posibilidad de una reactivación de las operaciones, otros advierten sobre los riesgos de flexibilizar los controles y el posible aumento del lavado de activos.
César Fernández Cívico, corredor inmobiliario de Fernández Cívico Asesoramiento Inmobiliario, considera que la agilización de los trámites podría tener un efecto positivo. "Creemos que el hecho de que los trámites para exteriorizar capitales seas mucho más flexibles, van a hacer que la gente se anime un poco más a invertir en ladrillo", afirmó, aunque también manifestó la necesidad de "ver con cautela cómo se desarrolla" la implementación de las medidas.
Fernández Cívico reconoció que el mercado inmobiliario ya venía mostrando signos de recuperación. "Si comparás febrero-marzo de 2024 contra febrero-marzo de 2025 hay un 80% más de operaciones inmobiliarias", señaló, atribuyendo este crecimiento a la estabilización post-electoral y a la incipiente reactivación del crédito. En este sentido, expresó su expectativa de que las nuevas medidas "deberían acompañar esta crecida" y dinamizar aún más el sector.
Sin embargo, el corredor inmobiliario advirtió sobre la importancia de controlar los precios para evitar una burbuja. "Si los precios se sostienen en los números que veníamos y no se empiezan a disparar de la mano de esta flexibilización, seguramente el movimiento arranque", sostuvo. También destacó la oportunidad que representa el mercado de usados en este momento. "La oportunidad hoy en día es por lejos ir al usado, por que los precios todavía no parecen fueran a moverse demasiado", afirmó.
Por su parte, Gabriela Ortiz de Urbina, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), también reconoció el potencial impacto positivo de las medidas en el volumen de operaciones. "Para mí el impacto en nuestro rubro puede llegar a ser positivo, obvio, porque aquel que tiene el dinero abajo del colchón lo va a poder sacar sin tanto trámite", señaló.
Sin embargo, Ortiz de Urbina expresó su preocupación por los riesgos asociados a la flexibilización de los controles. "En Rosario, me parece que es algo tenemos que manejar con mucho cuidado porque da lugar al delito, el narcotráfico. Es un riesgo, por un lado puede ser positivo, pero puede ser peligroso. Tengo miedo a ese retorno, al lavado de activos", advirtió.
La presidenta del Cocir destacó que el mercado inmobiliario de Rosario viene mostrando una tendencia positiva. "Principalmente nosotros trabajamos mucho con el colegio de escribanos y venimos notando que, por los informes que ellos nos dan, desde mediados del año pasado, junio del año pasado, empezaron a crecer las escrituras mensuales", afirmó. Al igual que Fernández Cívico, Ortiz de Urbina señaló que "las oportunidades están en los usados", debido a la diferencia de precios con las propiedades nuevas.
En efecto, las medidas económicas del Gobierno para "sacar los dólares del colchón" generan expectativas y temores en el sector inmobiliario. Si bien podrían impulsar la reactivación del mercado, también plantean desafíos en términos de control y prevención del lavado de activos. El tiempo dirá si el Gobierno logra encontrar un equilibrio entre ambos objetivos.
Un cambio clave
La derogación de los regímenes de información es uno de los pilares del nuevo plan del Gobierno nacional para poner en circulación los dólares que los contribuyentes tienen "bajo el colchón".
Con el fin de terminar con los "controles absurdos", desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) confirmaron que a partir del viernes 23 de mayo ya no será necesario informar ciertas operaciones.
Se trata de un código que debía obtenerse antes de cualquier negociación, oferta o transferencia de un bien inmueble o derechos sobre bienes inmuebles a construir en Argentina, para cumplir con los requisitos de transparencia fiscal.
El régimen anterior requería este certificado cuando el valor del inmueble -según precio, base imponible o valor fiscal- fuera igual o superior a $ 66.833.000. La nueva disposición, en tanto, reconoce que los avances tecnológicos y el acceso a fuentes alternativas de información permiten al organismo verificar la situación fiscal de los ciudadanos sin recurrir a este tipo de trámites previos.
Por este motivo, y como parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, Arca resolvió abrogar la Resolución General N° 2.371 y sus complementarias, que establecían el Coti.
Lo hizo a través de otra Resolución General, la N° 5697/202, que salió publicada este viernes con la firma del titular de la agencia, Juan Pazo.
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