Deja concesión municipal empresario investigado en causa por narcotráfico

Si bien todavía la obra está en ejecución y parece demorada la puesta en marcha del emprendimiento, la concesión municipal para explotar el futuro bar del Anfiteatro Municipal Humberto De Nito, en el Parque Urquiza, sufrió la baja de uno de los empresarios que conformaban la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo de la construcción y explotación del lugar.

Quien quedó afuera del proyecto es el empresario Juan Carlos Vargas, dedicado al negocio inmobiliario a través de la firma Adelante y al gerenciamiento de espacios de gastronomía, entre otros emprendimientos, luego de quedar salpicado en la causa denominada “Cosecha blanca”. El caso permitió desarticular una banda que realizaba vuelos transportando cocaína empleando una pista y un hangar ubicado en el loteo Campo Timbó, en la zona de Oliveros.

Vargas fue señalado en la investigación del Juzgado Federal N°3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, ya que alguna de sus compañías podría haber sido empleada como herramienta para lavar activos provenientes del narcotráfico.

La baja de Vargas de la UTE para levantar y explotar el bar de Anfiteatro fue confirmada a Punto biz por autoridades del Municipio. Al parecer no hizo falta avanzar con ninguna decisión administrativa de facto ya que cuando se vio involucrado en el caso, el propio Vargas definió apartarse del negocio con el Municipio para no afectar la reputación de sus socios en el nuevo desarrollo: los empresarios Juan Pablo Saint Girons, titular de la productora de espectáculos Límite Producciones y Maximiliano Camp. El contrato incluyó la figura de Mario Santana, quien ganó originalmente la concesión y administra hoy el bar Gran Lago del Parque Independencia, que está estipulado se haga cargo de la operación gastronómica del espacio.

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, la mención de Vargas en el expediente que tramita en el fuero federal -no está imputado en la causa- si bien bastaron para correrlo de juego no implican que la concesión con la UTE se cancele, solo que debe primar un acto administrativo para asentar los cambios.

SI bien el futuro bar está en obras, las eventuales vinculaciones de Vargas con negocios ilegales no pudieron ser identificadas por la Agencia Municipal Contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo que opera hace un año en la ciudad y que precisamente se creó para evaluar antecedentes de quienes pretenden habilitar comercios, entrar en licitaciones y concesionar espacios de la intendencia, colaborando así con los organismos que investigan entre otros delitos, el narcotráfico.

Es que la agencia que comanda Paula Bruera, y que se creó a expensas de una ordenanza municipal, no estaba funcionando cuando Vargas, Saint Girons y Camp entraron al proyecto. El emprendimiento fue adjudicado en 2018  a Mario Santana, pero en ese momento el trámite se demoró casi un año y la irrupción del coronavirus volvió a postergar la puesta en marcha de las obras. Recién en 2021 se reactivó la posibilidad de avanzar en la intervención cuando se incorporó Vargas y sus dos socios al plan. En ese momento la Agencia Antilavado del Municipio siquiera estaba proyectada.

Desde la Municipalidad confirmaron que Vargas cumplió con todos los requerimientos que rigen por ordenanza cuando buscó ingresar como concesionario incluído el certificado de antecedentes penales que en ese momento estaba limpio.

Las implicancias

El operativo que permitió detectar la pista de aterrizaje narco dejó 10 detenidos e involucró a personas de nacionalidad argentina y colombiana. Pero las acciones de la Fiscalía Federal también se concentraron en el presunto lavado de activos de la organización.

El caso desnudó conexiones de la banda con empresarios que participaban de múltiples rubros. Puntualmente el caso se centró en la figura de Brian Walter Bilbao quien a través de prestanombres habría adquirido la sociedad VTX Rosario, controlante de los teatros Vorterix de Rosario y Mar del Plata. Ingresó a dicha empresa en octubre de 2018 cuando el presidente de la sociedad era Vargas, quedando luego al frente de la compañía la hermana de Bilbao.

Pero las empresas involucradas en las presunta maniobra de lavado son más. En el listado aparecen las firmas dedicadas a la explotación de taxis Remitaxi y Taxideral; la concesionarias de autos J.B. Exclusivos y VyA Digital, dedicada a la venta, armado y colocación de pantallas LED, cartelería, sonido, afiches e impresos para eventos públicos y privados. 

También los investigadores federales analizaron Glycine, dedicada a la adquisición, reparación y reventa de maquinaria agrícola, explotación de establecimientos rurales, ganaderos y agrícolas para el cultivo de granos, cereales y oleaginosas así como la compra, venta, importación, distribución y acopio de materia prima y agroquímicos. Además, está bajo la lupa una planta de biodiesel que funcionaba en un campo de Gálvez, pero debió ser trasladada a la localidad de Álvarez. El motivo de la mudanza fue la del dueño del campo: se trataba de Sebastián Romera, acusado por el tráfico de 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína descubierto en junio de 2021 a bordo de un BMW estacionado en una cochera de Villa Gobernador Gálvez.

La nómina incluye a Ladrillera Rosario, dedicada a la compraventa de materiales de construcción y el alquiler mensual de cocheras con lavadero situadas en dos locaciones: Pueyrredón al 500 y Vélez Sarsfield al 700.

Nuevo detenido

A las diez detenciones iniciales, la causa sumó una nueva aprehensión, esta vez en Colombia. Se trata de Julián David Correa Posso, nacido en Medellín, estaba prófugo desde fines de octubre pasado, cuando decidió desaparecer de golpe del hotel Ferro Apart, de Funes, donde se hospedaba junto con otros compatriotas con los que compartía dos cosas: eran pilotos y mecánicos de aviones y trabajaban en el hangar lindero a la aterrizaje que el grupo narco desbaratado alquilaba en Campo Timbó.