Damnificados por constructora incumplidora presionan a Fiscalía

Un grupo de clientes de una firma dedicada a concretar proyectos de vivienda “llave en mano" presentó una denuncia penal contra Mario Hernán Melano, señalado en el escrito como representante de la firma Proyecto PH Construcciones, por una serie de contratos para construir casas que terminaron con las obras paralizadas. La presentación, a la que accedió Punto biz, reúne seis operaciones que involucran a siete damnificados y plantea que los incumplimientos no serían episodios aislados sino parte de una presunta maniobra de estafa que ahora pretenden que investigue Fiscalía. El caso por ahora no camina en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los damnificados claman por medidas.

Los contratos fueron celebrados entre agosto de 2022 y abril de 2024 para levantar casas en distintas localidades del sur y el oeste del Gran Rosario, entre ellas Pueblo Esther, Álvarez, Roldán y Fighiera. En todos los casos, según la denuncia, los clientes debían aportar importantes anticipos y continuar después con pagos mensuales mientras avanzaban los trabajos.

El punto central de la presentación es que las seis obras quedaron lejos de terminarse pese al dinero desembolsado. Los informes técnicos incorporados al expediente ubican el grado de ejecución entre apenas el 30% y el 55%. Según reconstruye la denuncia, buena parte de los clientes llegó a Proyecto PH a través de publicidad difundida en redes sociales. Allí la constructora promocionaba el sistema llave en mano, una modalidad mediante la cual el contratista asume integralmente la ejecución hasta entregar la vivienda terminada.

Los denunciantes sostienen que, luego de ver esas promociones, se contactaban con Melano, mantenían entrevistas y finalmente suscribían los contratos. La presentación judicial intenta encontrar una mecánica común detrás de todos los casos: las obras comenzaban y, mientras se desarrollaban los primeros trabajos, los clientes continuaban pagando las cuotas pactadas. Después, afirman los denunciantes, los trabajos se paralizaban pese a que ya habían sido abonados.

“Efectuados los pagos en todos los casos se verifica la misma situación: se comenzaban las obras a los fines de ir recibiendo los pagos mensuales [...] y luego las mismas eran paralizadas”, sostiene textualmente la denuncia.

Incluso se describen reclamos por materiales diferentes de los acordados. En uno de los intercambios incorporados a la presentación, una clienta reprocha: “Yo pagué por una puerta de aluminio y usted me puso una de chapa”. También se aportaron comunicaciones en las que el constructor habría atribuido incumplimientos a problemas sufridos con proveedores.

Uno de los primeros casos corresponde a una pareja que en agosto de 2022 contrató una vivienda de 91 m² por $12,94 M. El acuerdo contemplaba un anticipo de $5,296 M y el saldo financiado. De acuerdo con la denuncia, llegaron a desembolsar el anticipo y siete cuotas, mientras que el informe acompañado posteriormente determinó que la vivienda alcanzó un 55% de avance.

Otro damnificado contrató en octubre de 2023 una casa de 150 m² en Pueblo Esther por $45 M. Pagó $18 M al momento de la firma y doce cuotas mensuales de $2,25 M, es decir, completó los $45 M previstos originalmente. Sin embargo, el informe citado en la denuncia fija el avance de la obra en 55%.

Un tercer contrato, fechado en diciembre de 2023, contemplaba una vivienda de 144 m² en Álvarez, a la que se agregó una piscina de 4 por 8 metros. El precio acordado fue de $50,4 M. El cliente entregó dos desembolsos de $20,16 M y además incorporó como parte de pago un contenedor reacondicionado valuado en $4 M. La denuncia señala que la construcción quedó en aproximadamente 55%.

La obra con menor grado de ejecución de las seis denunciadas es una vivienda de 110 m² contratada en abril de 2024 en el barrio Cotos de la Alameda II, en Roldán. El contrato ascendía a $55 M: $22 M de anticipo y otros $33 M mediante doce cuotas de $2,75 M. De acuerdo con el informe incorporado al escrito, solamente se habría ejecutado 31,17% de la construcción.

También aparece una vivienda con piscina proyectada en Pueblo Esther. El contrato ascendía a $59,35 M, con un anticipo de $23,74 M y catorce cuotas. El informe técnico citado por los denunciantes determinó un avance del 42,30%.

Finalmente, una pareja contrató una vivienda de 180 m² en Azhares del Paraná, Fighiera, por $63 M. El esquema contemplaba $25,2 M al momento de la firma y catorce cuotas de $2,7 M. Según el informe de estado de obra presentado como prueba, la construcción quedó aproximadamente en el 50%.

Unos u$s280.000 desembolsados

Para intentar dimensionar económicamente las operaciones realizadas en distintos momentos de fuerte inflación, la propia denuncia convierte los desembolsos a la cotización histórica del dólar correspondiente a cada pago.

De esa cuenta surge que los siete damnificados habrían entregado, en conjunto, alrededor de u$s280.000 equivalentes, además del contenedor incorporado como parte de pago en una de las operaciones.

La cifra, no obstante, no puede considerarse directamente como el monto de la presunta estafa, porque en todos los casos existió algún porcentaje de obra ejecutada. La cuantificación definitiva del eventual perjuicio deberá contemplar cuánto dinero fue entregado, qué trabajos efectivamente se realizaron y cuál es su valor.

El salto que intenta dar la denuncia es justamente trasladar el conflicto desde el terreno de un incumplimiento contractual hacia una investigación penal. Los abogados califican la operatoria como un supuesto “esquema Ponzi” aplicado a la actividad constructiva.

Según esa hipótesis —que deberá ser corroborada o descartada por Fiscalía—, la estructura comercial, la publicidad y el inicio efectivo de las construcciones habrían permitido generar confianza para captar nuevos fondos. Los denunciantes sostienen que Proyecto PH habría funcionado como cobertura para recibir el dinero y que existió desde el comienzo un ardid destinado a producir un perjuicio patrimonial.

Por eso proponen provisoriamente encuadrar los hechos como estafa, bajo el artículo 172 del Código Penal. La presentación identifica como elementos del supuesto ardid la estructura empresarial, la apariencia de legalidad, el error provocado en los clientes y la consecuente disposición de dinero.

Se trata, por ahora, de la tesis de los denunciantes y no de hechos establecidos judicialmente ni de una condena contra Melano.

Piden congelar cuentas y allanar

La presentación no se limita a pedir la apertura de una investigación. Los abogados solicitaron una batería de medidas destinadas tanto a recolectar pruebas como a preservar eventualmente activos.

Entre ellas figura la inhibición general de bienes de Melano y de su grupo familiar, medida que pretenden que se adopte sin intervención previa de la defensa para impedir posibles movimientos patrimoniales.

También solicitaron allanamientos con secuestro de teléfonos celulares, computadoras, pendrives, tablets y documentación, además del levantamiento de los secretos bancario, bursátil y fiscal.

Uno de los pedidos más fuertes consiste en ordenar por 180 días la inmovilización de cuentas bancarias en pesos y dólares, plazos fijos y cajas de seguridad vinculadas al denunciado. También requieren que el Banco Central ordene a las entidades financieras informar los movimientos registrados desde 2021.

Ahora será tarea de Fiscalía determinar si detrás de las seis construcciones inconclusas existió exclusivamente un conflicto comercial derivado de incumplimientos contractuales o, como plantean los denunciantes, una mecánica deliberada de captación de fondos susceptible de configurar una estafa penal.