Por Redacción
Tras los operativos en AFA, el predio de Ezeiza y numerosos clubes, la fiscal ordenó profundizar la pesquisa.
La causa que compromete al fútbol argentino volvió a sumar tensión este martes. La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó dar un paso más dentro de la investigación por presunto lavado de activos y pidió avanzar de manera puntual sobre los 17 clubes que fueron allanados en el marco del expediente que involucra a Sur Finanzas, la firma asociada a Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
Los clubes involucrados en esta nueva etapa de la investigación son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó contratos, libros administrativos, computadoras y distintos dispositivos electrónicos para su peritaje.
El nuevo requerimiento se apoya en los 35 procedimientos realizados la semana pasada en distintos puntos clave del ecosistema futbolístico: la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y una larga lista de instituciones deportivas. La fiscal pretende ahora un análisis exhaustivo de toda la documentación incautada para determinar si cada club tuvo, o no, participación en el circuito económico que se intenta reconstruir, presuntamente alimentado por dinero del juego ilegal y transacciones sin respaldo fiscal.
Según surge del expediente, los investigadores buscan comprobar si Sur Finanzas funcionó como engranaje central en una estructura de lavado que se valía de clubes con problemas financieros. El mecanismo bajo la lupa habría operado mediante préstamos inflados: las instituciones necesitaban montos menores, pero firmaban por cifras notablemente más altas, lo que permitía que dinero no declarado ingresara al circuito formal. La diferencia regresaba a la financiera para luego repartirse entre actores políticos o municipales. No se descarta que parte de estas maniobras también se haya canalizado a través de derechos de televisación o ingresos por marketing.
Paralelamente, el caso también avanza sobre un grupo de monotributistas que habrían movido sumas millonarias a través de cuentas y billeteras digitales vinculadas a Sur Finanzas, pese a no tener capacidad económica que lo justifique. Informes de la DGI los clasificaron como contribuyentes “apócrifos”, ya que los montos operados no guardan relación con sus declaraciones fiscales.
La Justicia detectó movimientos que incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias digitales y también operaciones en efectivo. Frente al volumen de activos en juego, el juzgado dispuso embargos preventivos y medidas de protección patrimonial sobre bienes de Vallejo y personas cercanas. Además, se cursaron notificaciones al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para identificar posibles activos y evitar intentos de vaciamiento.
La semana pasada, Vallejo finalmente entregó su teléfono celular a la fiscalía, luego de haberse negado en un primer momento. El análisis de ese dispositivo se perfila como una pieza clave para desentrañar la trama financiera que ahora vuelve a poner bajo la lupa al fútbol argentino.
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