Argentina refuerza ancla económica: nuevo acuerdo con el FMI por u$s20.000 M

En un nuevo capítulo del complejo vínculo entre Argentina y los organismos multilaterales, el Gobierno selló un acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s20.000 M, que se complementa con recursos adicionales del BID y el Banco Mundial. Se trata del programa más grande que el país haya suscripto, y representa cerca del 43% de la cartera activa del Fondo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo calificó como “una rueda de auxilio”, y no es para menos: el entendimiento refuerza la hoja de ruta económica del presidente Javier Milei y le otorga mayor previsibilidad en una etapa clave para la consolidación del modelo de estabilización.

Una señal de respaldo político internacional

El acuerdo se encuadra dentro del régimen de Acceso Excepcional, lo que significa que Argentina recibe un apoyo que excede su cuota habitual, y que está reservado solo para casos especiales. Para ello, el FMI requiere una serie de condiciones, entre ellas, consenso político e institucional, condición que el organismo consideró cumplida, validando los procedimientos legales del Ejecutivo nacional.

Aunque el acuerdo fue rubricado mediante un DNU, sin intervención del Congreso -como establece la ley 27.612-, el FMI consideró suficiente el aval legal del Procurador del Tesoro. Esta decisión refuerza la percepción de que, en contextos extraordinarios, la voluntad política para avanzar en estabilización macroeconómica puede primar sobre rigideces formales, sin deslegitimar los marcos normativos nacionales.

Además, el entendimiento cuenta con el fuerte respaldo de Estados Unidos, cuyo Tesoro fue clave en la reactivación del vínculo con el organismo. En paralelo, Argentina avanza hacia una redefinición de su estrategia geopolítica, alejándose gradualmente del financiamiento vía swap con China y reforzando su alineamiento con Occidente.

Estabilización y reformas: los ejes del nuevo programa

El acuerdo sostiene una estrategia integral de estabilización económica, que incluye reformas estructurales, disciplina fiscal y una nueva política cambiaria que busca unificar gradualmente los distintos tipos de cambio.

El nuevo régimen cambiario —una especie de "crawl-like arrangement"— establece bandas móviles que se irán ampliando progresivamente. Si bien se mantiene cierto grado de control, se flexibilizan importantes restricciones, como el límite a la compra para atesoramiento, los plazos para pagos de comercio exterior en algunos casos, y se habilita el acceso al MLC para intereses de deuda futura en el caso de empresas.

El ancla fiscal es ambiciosa pero realista: se prevé un superávit primario de 1,3% del PBI en 2025 y de 2,2% en 2026. La política monetaria, por su parte, se moderniza: se abandona la base monetaria fija como instrumento y se pasa a un esquema de control de agregados, con metas trimestrales sobre el M2 transaccional del sector privado. Las tasas de interés, los encajes bancarios y la administración de títulos serán las herramientas clave para administrar la liquidez.

El esquema contempla, además, una banda cambiaria entre $1.000 y $1.400, que se ajusta mensualmente. El Banco Central podrá intervenir dentro de estas bandas, brindando un marco más flexible que el utilizado en experiencias anteriores, como la de 2018 bajo la conducción de Nicolás Dujovne y Guido Sandleris.

Desafíos por delante

No obstante, el camino no está exento de desafíos. La acumulación de reservas es uno de los principales objetivos del programa: el FMI exige que el BCRA sume u$s4.400 M hasta junio y u$s8.900 M hacia diciembre de 2025, partiendo de un nivel de reservas netas actualmente negativo.

En este contexto, el Gobierno deberá conjugar cuidadosamente superávit fiscal, normalización del mercado cambiario y políticas que incentiven la liquidación de divisas por parte del sector exportador. La clave estará en mantener la confianza y reducir la brecha cambiaria, sin desincentivar el ingreso genuino de dólares.

Por otro lado, la inflación sigue siendo un fenómeno persistente, aunque se ha desacelerado respecto a los niveles de fines de 2023. Se prevé cierta presión adicional en los próximos meses, producto del reacomodamiento cambiario y de precios regulados. Sin embargo, el objetivo oficial es que la política monetaria y la disciplina fiscal terminen de consolidar un sendero descendente hacia fin de año.

Compromisos estructurales

El acuerdo también avanza en una agenda de reformas estructurales que incluyen una nueva ley de déficit cero, una reforma tributaria, otra previsional, medidas de desregulación sectorial y un nuevo marco de privatizaciones. En materia laboral, se prevén cambios orientados a la modernización del mercado de trabajo.

El FMI reconoce que la sostenibilidad de la deuda sigue sujeta a riesgos, pero considera que el nuevo enfoque macroeconómico, si es sostenido, puede mejorar significativamente el perfil crediticio del país. La clave estará en cumplir con las metas comprometidas y restaurar la credibilidad institucional, dos pilares fundamentales para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Una apuesta de largo plazo

El acuerdo marca un nuevo punto de inflexión para la economía argentina. No solo representa un puente financiero para aliviar tensiones de corto plazo, sino también una herramienta clave para acelerar las reformas necesarias y estabilizar las principales variables macroeconómicas.

Lejos de ser una receta cerrada, el programa acordado con el FMI abre una ventana de oportunidad. El desafío ahora es sostener el rumbo, blindar políticamente el plan económico y avanzar en la transformación estructural que muchos consideran imprescindible.