Ahora Feletti enfrenta denuncia penal por el fideicomiso del trigo

A los pocos días de haber presentado su renuncia como secretario de Comercio Interior, el ahora ex funcionario Roberto Feletti enfrenta una denuncia penal por presuntas irregularidades a la hora armar el fideicomiso del trigo para subsidiar la harina.

Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, fueron a la Justicia para que esta investigue la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, fraude al comercio y la industria y lavado de activos. 

Además de actuar en contra del exfuncionario, los legisladores incluyeron que se investigue a las autoridades de las firmas Molino Cañuelas, Molinos Florencia y del grupo que señalan como controlante, Compañía Argentina de Granos. También hicieron extensiva la denuncia contra BICE Fideicomisos SA. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, según informaron los diputados.

En marzo pasado, con la excusa de quitarle presión a los precios por el impacto de la suba del trigo tras la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno subió las retenciones a la harina y el aceite de soja con el fin de recaudar entre 370 y 400 millones de dólares para compensar la harina que los molinos entregan a las panaderías. Tras esa medida, se constituyó un fideicomiso estatal con Comercio Interior como autoridad de aplicación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario. Para poder cobrar el dinero del fideicomiso se pusieron diversos requisitos, entre otros no tener deudas fiscales o previsionales. La figura del fideicomiso fue rechazada por diversas cámaras molineras.

Días antes de la renuncia de Feletti a su cargo, el fideicomiso pagó un primer giro de casi $1400 millones a Molino Cañuelas, Molisud SA (Jacinto Arauz) y Molinos Florencia S.A.U. Exactamente, fueron $1394,5 millones. De ese monto, el portal Bichos de Campo reveló recientemente que más del 80% fue a una cuenta de Molino Cañuelas, el mayor molino del país que en 2021 fue a concurso de acreedores con un pasivo de más de US$1300 millones. Molino Cañuelas, de la familia Navilli, también está vinculado con Molinos Florencia.

“En virtud de múltiples noticias periodísticas y de testimonios que fueron recibidos en nuestros públicos despachos hemos tomado conocimiento de la posible comisión de un delito de acción pública, el cual habría sido articulado desde altas esferas de la administración pública con el dictado de la Resolución RESOL-2022-426-APN-SCI#MDP del Ministerio de Desarrollo Productivo, Secretaría de Comercio Interior, mediante la cual se creó el fideicomiso de administración del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” y se designó a BICE fideicomiso S.A. como Fiduciario del mismo”, dicen los diputados en su denuncia.

“En el concurso preventivo de “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.T.F.I.A.” figura que el pasivo supera en deudas los 31.000 millones de pesos y que entre los principales acreedores se encuentra justamente el BICE. En esencia, la misma entidad financiera estatuida para administrar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, apuntaron.

Para los denunciantes, “resulta aún más curioso que la mencionada empresa, MOLINO CAÑUELAS S.A. cumpliera los requisitos establecidos para ser elegible cuando ya en el año 2020 había sido equiparada a “VICENTIN” en su operatoria comercial e incluso llegó a ser mencionada por encontrarse siendo investigada, tanto ella como sus principales autoridades, por el delito de lavado de activos”.

“Un dato muy llamativo es que al resto de las empresas que quieren adherir al fideicomiso se les exige no tener deudas fiscales, pero la excepción es Cañuelas, la misma y única empresa que en tiempos de la Oncca logró cobrar el 100% de los subsidios de compensaciones al trigo”, señalaron.

“Una empresa que se encuentra en concurso preventivo, por deudas millonarias y entre cuyos acreedores se encuentran el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el HSBC, el Banco Hipotecario, el Banco Macro (quien solicitó su quiebra), el Banco BBVA, y el mismísimo BICE; que fue denunciada por haber efectuado maniobras de lavado de activos e incluso fue equiparada con empresas a las que se intentó expropiar, cumplió (a criterio de los funcionarios públicos y de las autoridades de BICE fideicomisos S.A.) los estándares necesarios para recibir fondos públicos y así “proteger” el precio de la bolsa de harina de trigo”, indicaron.

De acuerdo a los legisladores, que Molino Cañuelas captara el 80% de los fondos fue “en detrimento de los demás molinos, y habría tenido como único fin limitar el precio al que se deben vender las bolsas de harina. Ello, lejos de proteger a la industria molinera, habría generado un perjuicio económico y habría violado las claras reglas de libre competencia, siendo el Estado quien indirectamente influencia en el valor de mercado de un producto”.

“Más llamativo aún resulta el manejo de fondos públicos destinados supuestamente a proteger el precio de trigo, que se encuentra en manos de una empresa que ha violado y ha sido sancionada por $150 millones de pesos, justamente por haber aumentado el precio de la bolsa de trigo”, ampliaron.

Entre otros puntos, consideraron que “conlleva mínimamente una incompatibilidad” que el BICE que prestó fondos a la empresa hoy debe velar por los fondos del fideicomiso. Según un anexo de la resolución que creo el fideicomiso, se habilitó el pago de adelantos para la primera compensación.