Abogados de Vicentin denunciaron a fiscales por la violación de garantías constitucionales

Abogados de Vicentin apelaron ayer en audiencia judicial la prisión preventiva dictada por la justicia contra cuatro directivos de la cerealista, y contraatacaron con una grave denuncia contra los fiscales que intervienen en el caso, Miguel Moreno y Sebastián Narvaja.  El abogado Jorge Ilharrescondo hizo una grave denuncia contra la fiscalía, a la que acusó de haber investigado la facturación de cinco años de todos los clientes de su estudio, al igual que la de otros letrados, en un hecho que calificó de “grosera violación de las garantías constitucionales”. 
En un hecho inusual, el Colegio de Abogados de Rosario se hizo eco de la situación,  respaldó el libre ejercicio de la profesión y condenó “cualquier práctica proveniente de los poderes del Estado que pueda vulnerar principios fundamentales, como el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado, y la autonomía en la función de defensa”. 

Ilharrescondo leyó durante la audiencia un dictamen especializado que corrobora su opinión sobre la gravedad del asunto, mediante el cual se obtuvo la documentación que constituyó uno de los puntos usados por los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno para pedir la prisión preventiva de cuatro directivos de la empresa agroexportadora. Se trata del punto referido al pago de honorarios, que formó parte de los argumentos esgrimidos para demostrar que los directivos seguían manejando la compañía.

Cuando hace dos meses se realizó la audiencia imputativa,  se dio a conocer el detalle de las facturas cobradas por los abogados de los directivos (4 están en prisión y otros 11 imputados) con un exhaustivo detalle de los valores pagados por las distintas empresas del conglomerado Vicentin a sus letrados defensores.

“No somos los protagonistas de esta audiencia, pero sí somos damnificados de todo lo que aconteció y que derivó en la prisionización de nuestros clientes. Por eso necesariamente tenemos que ser un poco autorreferenciales”, dijo el abogado al inicio de la audiencia que se realizó este martes en el primer piso de los Tribunales.

“Esto me sublevaba como letrado de casi 30 años de ejercicio profesional. Nunca me pasó que una fiscalía me investigue, que investigue a mis socios y a otros letrados. Es así que la facturación de mi estudio jurídico del 2019 al 2024, sin diferenciación, está en manos de los fiscales, de sus empleados, de sus auxiliares, asistentes contables y de quien sabe quien más, porque incluso hubo una publicación en la prensa”, detalló.

“Este es el halo que corona todo esto. Entendemos que el acceso a esa información que nutre una de las imputaciones sobre las cuales se acaballa la prisionización de nuestros asistidos viene precedida de una grosera violación de garantías constitucionales”.

Para reforzar su parecer, los abogados Ilharrescondo y Daniel Cuenca solicitaron un dictamen especializado a la doctora Gabriela Tozzini, directora de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR, y de la carrera de especialización de Derecho Tributario de la UCA. 

La pregunta que le pidieron que responda es si pueden los fiscales buscar esa información, la de las facturas de los abogados en favor de las empresas del grupo Vicentin, sin una orden judicial. Les respondieron que no. Que de la forma que se hizo “está comprometido el ejercicio pleno de la defensa en juicio , la incoercibilidad del abogado en el desempeño de su ministerio, la autonomía e independencia para el ejercicio de la profesión, además del derecho a la intimidad, el derecho al sigilo profesional y el secreto fiscal”.

La defensa de los directivos de Vicentin hizo notar que “gran parte de la fundamentación de apariencia de responsabilidad que está cimentada en la audiencia imputativa -sobre todo los tópicos que tienen que ver con los pagos a los letrados- se construyó al amparo de una grosera violación del secreto profesional. Estamos hablando que en el caso rige una indudable exclusión probatoria”, concluyeron. 

Ilharrescondo consideró sentirse “atacado y condicionado” como defensor para bajar las banderas de la defensa de sus clientes. Y se preguntó: “¿Qué nos pasó a los abogados?. Acá se atacó el ejercicio de la profesión, se pretende condicionar, se esgrimió una espada de Damocles contra los abogados”, enfatizó.

La situación fue informada también a las autoridades superiores de los fiscales que intervienen en el caso, al fiscal regional y a la fiscal general, además del Colegio de Magistrados y del Colegio de Abogados. “Nuestros clientes están presos por severas violaciones a las garantías constitucionales”, reiteró.

El planteo del Colegio ce Abogados

El Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe ratificó su respaldo al libre ejercicio de la abogacía y manifestó su desaprobación “a cualquier práctica proveniente de los poderes del estado que pueda vulnerar principios fundamentales, como el secreto profesional, la confidencialidad cliente-abogado, y la autonomía en la función de defensa”.

“Destacamos nuestro compromiso permanente en resguardar estos principios esenciales, que constituyen garantías imprescindibles para la plena vigencia del Estado de Derecho y el adecuado ejercicio de la abogacía”, dijo la entidad que aglutina a los letrados en un comunicado de prensa.

“Reafirmamos que cualquier actuación, especialmente proveniente de organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, debe ajustarse estrictamente a las normas jurídicas vigentes, evitando en todo momento vulneraciones al secreto fiscal o profesional, especialmente cuando dicha información pueda afectar el normal desempeño profesional de los abogados y la relación de confianza con sus clientes”, agregó en el mismo texto.

y concluyó: “Esta institución ratifica su rol de garante del respeto a la ética profesional, reiterando su disposición para intervenir institucionalmente cuando resulte necesario para preservar estos principios”.