“Falsos monotributistas”: el rostro oculto del empleo informal en Argentina

El mercado laboral argentino atraviesa una paradoja. Mientras el empleo asalariado formal del sector privado se mantiene prácticamente estancado en torno a los seis millones de trabajadores desde hace más de una década, la categoría de monotributistas se expandió con fuerza. Entre 2010 y 2025, los inscriptos en este régimen pasaron de 1,3 millones a 2,1 millones, lo que supone un crecimiento de 800 mil personas.

A primera vista, este aumento podría asociarse a un mayor dinamismo del trabajo autónomo, con individuos que, ante la dificultad de ingresar al empleo formal, deciden emprender pequeños negocios propios. Sin embargo, un estudio reciente de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec revela que una porción significativa de estos monotributistas no trabaja por cuenta propia, sino en condiciones que corresponden a una relación de dependencia, pero sin el reconocimiento legal correspondiente.

El empleo encubierto bajo Monotributo

El informe oficial permite identificar a trabajadores que se perciben a sí mismos como asalariados no registrados —es decir, “en negro”— y que, al mismo tiempo, emiten factura de Monotributo a su empleador. Según los últimos datos, el 14% de los trabajadores informales se encuentra en esta situación, lo que da cuenta de un fenómeno extendido y con implicancias sociales y fiscales de magnitud.

El análisis por tamaño de empresa revela diferencias relevantes. En las firmas pequeñas, donde se concentra el 77% del empleo informal, solo el 7% de los trabajadores entrega factura a su empleador. En cambio, en empresas medianas la proporción trepa al 24%, y en las grandes compañías —que explican apenas el 8% del empleo “en negro”— el 45% de esos trabajadores está registrado como monotributista.

La evidencia sugiere, entonces, que si bien la informalidad es mayor en las firmas chicas, el uso del Monotributo como vía para eludir la legislación laboral es más común en las empresas de mayor tamaño.

Incentivos y costos: el trasfondo estructural

El fenómeno no puede comprenderse sin considerar la estructura de costos laborales vigente en Argentina. Para un salario privado promedio de $1.680.000 en bruto (abril 2025), el empleador debe afrontar cargas por alrededor del 30%, es decir, unos $500.000 adicionales en contribuciones previsionales, obra social, Pami, fondo de empleo, asignaciones familiares y ART.

Del lado del trabajador, los descuentos por jubilación, obra social y Pami ascienden al 17% del salario bruto, unos $300.000. Si se suman los aportes sindicales, casi la mitad del salario bruto queda absorbida por el sistema de cargas. En contraste, el Monotributo en su categoría más baja demanda apenas $32.000 mensuales, incluyendo un aporte mínimo a la seguridad social y cobertura médica básica.

Para las empresas con baja productividad o con márgenes reducidos —especialmente las pequeñas— el diferencial de costos vuelve prácticamente inviable la contratación plena bajo los esquemas formales actuales. No obstante, la evidencia muestra que también las grandes compañías encuentran en este mecanismo una vía de “formalización imperfecta” para reducir costos laborales sin dejar de contar con un mínimo registro legal de sus trabajadores.

Hacia un marco más realista

La persistencia del empleo encubierto plantea el desafío de repensar los incentivos del sistema laboral argentino. Entre las posibles medidas, los especialistas destacan la necesidad de aliviar las cargas sobre los primeros tramos salariales, habilitar mayor flexibilidad en los convenios colectivos y reducir la litigiosidad de los conflictos laborales.

De este modo, sería posible disminuir el peso de la informalidad sin expulsar aún más trabajadores del sistema productivo ni consolidar esquemas de precarización. La discusión sobre los falsos monotributistas, en definitiva, no es solo una cuestión estadística: pone en evidencia los límites de un mercado laboral que, para ser más inclusivo, requiere de reformas estructurales de fondo.