Vicentin juega su última carta: se presentó en queja ante la Corte nacional

La cerealera Vicentín planteó un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el planteo de una lista de serias arbitrariedades padecidas en el ámbito de la justicia santafesina. 

La presentación fue efectuada a través del estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo, con el patrocinio letrado de los constitucionalistas  Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Torricelli. Son los mismos que en marzo último presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe un recurso extraordinario federal (REF) contra la sentencia por la que el máximo tribunal provincial, que el 18 de febrero pasado anuló la sentencia que había homologado el acuerdo de la empresa con los acreedores.

En su oportunidad, la Corte Provincial ordenó una nueva revisión del caso, una tarea que encargó a la Cámara de Rafaela, al entender que homologación del acuerdo -consentido por 62% de los acreedores que representan el 72% del capital defaulteado de u$s1.500 M- violó el principio de igualdad.

Apelando a la Corte nacional, Vicentin Saic gasta su última ficha en un trámite judicial que se extendió durante los últimos cinco años.

Sus autoridades acaban de ser desalojadas de la conducción de la compañía, luego de que el juez concursal Fabián Lorenzini designó como interventores a Guillermo Nudemberg y Ariel Shocrón, por 120 días.

Las plantas están paralizadas y los 1.200 trabajadores en pie de guerra, porque han venido cobrando sólo una parte de sus sueldos. Los fazones que le brindaban ingresos a la firma cesaron, y aunque la intervención negocia por el recambio para sostener la actividad por ahora reina una gran incertidumbre.

 Fundamentos del recurso de queja

1. Prejuzgamiento del Tribunal

Vicentin sostiene que dos ministros de la Corte santafesina (Gutiérrez y Erbetta) prejuzgaron al intervenir en decisiones anteriores relacionadas con el concurso. El escrito indica que, en el marco de un pedido de avocamiento impulsado por Commodities S.A., estos ministros opinaron sobre la validez del acuerdo antes de que se presentaran las conformidades de los acreedores.

Desde el punto de vista jurídico, alegan que ello vulnera el principio de imparcialidad de los jueces y afecta el derecho al debido proceso, ya que quienes prejuzgaron no se apartaron del expediente pese a los pedidos formales de recusación.

2. Violación del principio de igualdad entre acreedores

La Corte provincial consideró que la propuesta concursal de Vicentin era discriminatoria porque establecía un mecanismo de pago que afectaba de manera distinta a los acreedores en pesos y a los acreedores en dólares.

La empresa, en su recurso, rebate esta conclusión afirmando que todos los acreedores recibían el mismo trato: un porcentaje fijo de recupero más una parte variable en función de los resultados futuros. Remarcan que la ley de concursos y quiebras no prohíbe categorizar acreedores por tipo de moneda y que no existe obligación legal de mantener el valor del crédito en moneda dura.

3. Declaración arbitraria de abusividad

El recurso también objeta que la Corte santafesina haya considerado “abusiva” la propuesta de Vicentin. El escrito afirma que la calificación de abusividad carece de fundamentos sólidos y se basa en afirmaciones dogmáticas.

Vicentin destaca que el hecho de convertir deudas en dólares o pesos, o no ofrecer intereses, no está prohibido por la legislación concursal. Por el contrario, es una práctica común en procesos concursales complejos.

4. Revocación de la sentencia de Cámara por presunta falta de fundamentación

La Corte santafesina argumentó que la sentencia de la Cámara que homologó el acuerdo carecía de motivación suficiente. Vicentin replica que la sentencia homologatoria estaba debidamente fundada, analizando el dividendo en caso de quiebra y comparándolo con los beneficios para los acreedores bajo la propuesta aprobada.

5. Gravedad institucional

La empresa sostiene que el caso trasciende el interés particular de Vicentin y afecta directamente a toda la comunidad de la región y al sistema económico nacional.

Entre los argumentos presentados se destaca que la falta de homologación paraliza las operaciones industriales, genera incertidumbre entre los clientes de fazón (tercerización de procesos industriales) y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

El escrito detalla que el corte de energía eléctrica sufrido por la planta de Reconquista —producto de la deuda con la cooperativa local— pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y ejemplifica cómo la prolongación del conflicto concursal afecta a toda la comunidad.