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Pidió asistencia

Vendía agromáquinas, se tapó de deudas y terminó en concurso

Patricio Dobal

Desembarcaron en el mercado en plena pandemia y se les empantanó el giro comercial.

La Justicia de Rafaela abrió el concurso preventivo de Vir, una sociedad por acciones simplificada dedicada a la venta de maquinaria agrícola, utilitarios y repuestos, en un intento por reordenar su situación financiera y alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

La resolución fue dictada por el juez del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación, Matías Raúl Colón, quien hizo lugar a la presentación de la empresa y dispuso el inicio del proceso previsto en la Ley de Concursos y Quiebras.

La compañía es administrada por Verónica Almeida, quien además fue intimada por el magistrado a cumplir con las restricciones previstas para los administradores de sociedades concursadas, entre ellas la obligación de comunicar cualquier viaje al exterior hasta la presentación del informe general del síndico.

Vir SAS fue constituida mediante un contrato firmado el 30 de octubre de 2019 e inscripta durante 2020 como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). La sociedad fue creada por Verónica Almeida y Romina Canavesio y su objeto social abarca la compra, venta, consignación, importación y exportación de tractores, cosechadoras, sembradoras, maquinaria agrícola, equipos industriales, embarcaciones, aeronaves y vehículos nuevos y usados, además de la comercialización de repuestos, la prestación de servicios técnicos y el ejercicio de representaciones comerciales vinculadas al sector.

Al momento de solicitar el concurso, la empresa ya exhibía un marcado deterioro de su perfil crediticio. De acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central, al cierre de mayo de 2026 acumulaba compromisos por casi $820 millones con bancos, sociedades de garantía recíproca y fondos fiduciarios.

Los principales acreedores financieros son el Banco Galicia, con una exposición de $306,8 millones, y el Banco Macro, con $293,7 millones, ambos clasificando a la empresa en situación 4, correspondiente a deudores con alto riesgo de insolvencia. A ellos se suman el BBVA, con $89,1 millones (situación 4); el Banco Nación, con $38,2 millones (situación 3); Garantizar SGR, con $24,6 millones; Acindar Pymes SGR, con $22,8 millones; el Fondo Específico de Riesgo Fiduciario de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Mutual Club Atlético Pilar, esta última con una deuda de $43 millones calificada en situación 5, la categoría de irrecuperable.

Los registros del BCRA también muestran un rápido deterioro durante los primeros meses de 2026, cuando varias de las entidades acreedoras recategorizaron los créditos de la firma desde situación normal hasta las categorías de mayor riesgo.

A ese cuadro financiero se suma una importante cantidad de cheques rechazados por falta de fondos. La Central de Cheques Rechazados del Banco Central registra decenas de valores impagos emitidos por Vir SAS entre mayo y julio de este año, varios de ellos por importes de entre $6 millones y $12 millones, que al momento de la consulta continuaban sin cancelarse.

El síndico designado para intervenir en el expediente es el contador Mariano Hugo Izquierdo, quien recibirá los pedidos de verificación de créditos hasta el 10 de agosto de 2026, tanto en forma presencial como por vía electrónica.

Además, el juez fijó para el 22 de septiembre la presentación de los informes individuales de créditos, para el 4 de noviembre el informe general de la sindicatura y convocó a la audiencia informativa prevista por la ley para el 14 de mayo de 2027. El período de exclusividad para negociar un acuerdo con los acreedores vencerá el 21 de mayo de 2027, plazo clave para definir si la empresa logra reestructurar sus pasivos o deriva en una etapa falencial.

 

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