Puja por Vicentin: Molinos Agro y LDC buscan excluir a un acreedor

Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC), las dos empresas que impulsan en conjunto una propuesta de salvataje para quedarse con los activos de Vicentin en el marco del proceso de cramdown, presentaron una solicitud ante el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, para que se excluya del cómputo de mayorías el voto de la firma Avir South S.A.R.L., acreedora que —según sostienen— está controlada de manera indirecta por actores ligados al Grupo Grassi, el otro holding que hasta ahora pugna por con control de la agroexportadora en default.

El planteo, presentado formalmente ante el juez del concurso, argumenta que el voto de Avir South no debería computarse porque la compañía no es un acreedor original de Vicentin sino que adquirió su crédito con posterioridad, utilizando una compleja estructura financiera y societaria que, de acuerdo con la presentación, “compromete la transparencia del proceso”.

De acuerdo con la documentación que acompañaron las agroexportadoras, los fondos con los que Avir South compró créditos que equivalen al 37% del pasivo computable de Vicentin habrían provenido de Soripel SA, una sociedad uruguaya controlada por Esteban Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de la propia Avir South. A su vez, Soripel habría recibido esos fondos de Scarlett Sunset Ltd. (radicada en Bahamas y vinculada a la familia Grassi), de Comfi S.A. (Rosario), cuyos directores son socios del estudio Casanova —que asesora a Grassi— y de Invergrain Corp., sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas presuntamente relacionada con CIMA.

“Nuestra presentación busca preservar la transparencia del proceso y garantizar que los acreedores genuinos mantengan el poder y la libertad de decidir entre las propuestas presentadas. No puede permitirse que estructuras indirectas predeterminen el resultado de un concurso de esta magnitud”, manifestaron Molinos Agro y LDC en el comunicado difundido este lunes.

Las empresas sostienen que la ley concursal es clara al establecer que solo pueden votar los acreedores reconocidos en la sentencia dictada conforme al artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras. Por lo tanto, permitir que participen acreedores incorporados con posterioridad, y que además están controlados por uno de los grupos competidores en el proceso, implicaría “abrir la puerta al tráfico de votos y a una manipulación del resultado del cramdown en perjuicio del resto de los acreedores”.

El pedido de exclusión del voto de Avir South se da en un contexto de fuerte tensión entre los grupos que buscan quedarse con los activos de la cerealera en crisis. El consorcio Grassi–Porta había sido hasta ahora el único en mostrar públicamente su propuesta de salvataje, pero el ingreso formal de la dupla Molinos–LDC al proceso sobre el cierre de la semana pasada abrió un nuevo capítulo en la disputa, que ahora se judicializa en torno a la validez de los votos que podrían definir el futuro de la compañía.