Penalista la vio antes y activó consultora para empresas flojas de papeles

El crecimiento de las exigencias regulatorias sobre las empresas y el endurecimiento de los controles de organismos públicos abrieron un nuevo nicho de negocios en el mercado de los servicios profesionales. Convencido de que existía una demanda insatisfecha, el abogado penalista rosarino Froilán Ravena decidió dar un paso más allá del ejercicio tradicional de la profesión y lanzó, junto a otros especialistas, una consultora enfocada exclusivamente en compliance, integridad corporativa y cumplimiento normativo.

La firma, denominada LICSA (Leaders in Integrity & Compliance SA), comenzó a operar en febrero y, en pocos meses, logró incorporar clientes corporativos de relevancia para desarrollar programas de integridad, manuales de cumplimiento, sistemas de prevención de lavado de activos y esquemas de gobierno corporativo.

"La idea surgió porque empecé a detectar que muchas empresas estaban muy desprotegidas frente a las nuevas exigencias regulatorias", explicó Ravena en diálogo con Punto biz. El abogado relató que la inquietud nació a partir de su trabajo cotidiano asesorando compañías que comenzaban a enfrentar inspecciones y requerimientos de organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y ARCA.

"Veía que las empresas resolvían estos temas de manera muy liviana. Muchas veces todo recaía en el contador o en el departamento legal interno, pero no existía una estrategia integral de cumplimiento. Ahí entendí que había un espacio para desarrollar una consultora especializada", señaló.

Antes de poner en marcha el proyecto, Ravena buscó conformar un equipo con experiencia específica en distintas ramas del derecho corporativo y regulatorio. Convocó a Lisandro Martínez Gorostiaga, especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; al abogado Luciano Lerme, ex director general de Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe y experto en derecho societario; y a Verónica Ingrao, ex gerente de Legales de Milicic, quien quedó al frente de la gestión ejecutiva de la empresa.

Según explicó Ravena, el diferencial de LICSA frente a otros actores del mercado radica en que la consultora nació desde el ámbito jurídico y no desde estudios contables, que hasta ahora eran quienes mayormente ofrecían este tipo de servicios. Al parecer, muchas empresas comenzaron a tomar conciencia de la necesidad de profesionalizar sus sistemas de cumplimiento a partir de la entrada en vigencia, en 2018, del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La legislación introdujo un cambio sustancial: además de las personas físicas, las empresas también pueden ser investigadas y sancionadas penalmente por determinados delitos económicos, con consecuencias que incluyen fuertes multas, suspensión de actividades e incluso la pérdida de habilitaciones.

En ese contexto, los programas de integridad dejaron de ser una herramienta voluntaria para convertirse en un activo estratégico. "Si la empresa cuenta con manuales de integridad, canales de denuncia y sistemas de cumplimiento que realmente funcionan, la ley contempla beneficios e incluso eximentes de responsabilidad en determinados casos", explicó Ravena.

Por eso, además del compliance regulatorio, la consultora trabaja en el diseño de modelos de gobernanza corporativa, códigos de conducta, mapas de riesgo, políticas anticorrupción y sistemas internos de denuncias.

Clientes de peso

Aunque por cuestiones de confidencialidad evita revelar la mayor parte de su cartera de clientes, Ravena confirmó que la firma ya trabaja para organizaciones de gran porte. Entre ellas hay mercados bursátiles, empresas de participación público-privada y pymes de la provincia interesadas en cumplir requerimientos regulatorios. El foco principal está puesto en empresas alcanzadas por obligaciones específicas de cumplimiento normativo, especialmente aquellas consideradas sujetos obligados por la normativa de prevención del lavado de activos, aunque también asesoran a compañías privadas que buscan anticiparse a futuras exigencias regulatorias.

"Estamos incorporando profesionales porque el trabajo creció mucho. Hoy somos alrededor de veinte personas y siguen apareciendo nuevos proyectos", comentó Ravena. Según indicó, buena parte de los nuevos clientes llegan por recomendación de otras empresas y no necesariamente después de haber atravesado conflictos regulatorios.

"No esperan a tener un problema. Son, sobre todo, pymes grandes que están creciendo y entienden que ordenar sus procesos de cumplimiento también fortalece su reputación y les abre puertas para hacer negocios", concluyó.