Los carbon partners, empresas que ayudan a otras a descarbonizar

En un mundo cada vez más consciente de los riesgos provocados por el cambio climático, los Estados empiezan a tomar medidas para presionar a las empresas a impulsar acciones significativas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de sus operaciones. En ese marco, comenzaron a surgir los denominados "carbon partners" es decir compañías de servicios que acompañan a otras, especialmente del sector industrial, para medir, reducir o compensar la huella de carbono corporativa.

"La medición es la columna vertebral y el primer paso de una estrategia de carbono", dijo Federico Falcón, director ejecutivo de The Carbon Sink, que realiza estas operaciones y cuenta también con una plataforma digital que además ofrece una calculadora de huella de carbono de acceso gratuito. "Buscamos acercar servicios ágiles y accesibles para empresas que busquen medir su huella, desarrollar un plan de reducción de emisiones y compensarlas con créditos de carbono certificados", agregó el ejecutivo

Algo similar es lo que desarrolló la compañía Siemens con su plataforma de descarbonización SiGreen que está diseñada para transparentar completamente la huella de carbono (PCF) de productos individuales a lo largo de toda la cadena de suministro. "Se gestionan los datos de huellas de carbono de productos o procesos, de toda la cadena o una parte, y no sólo de proveedores y clientes", dijo Gustavo Guitera, gerente de empresa digital Sudamérica de Siemens en el marco del 4º encuentro Sustentabilidad Pyme que desarrolla la Unión Industrial Argentina, que hoy analizó la huella de carbono en la industria.

Guitera también explicó que en esta gestión de la huella de carbono a través de la plataforma también intervienen certificadores y carbon partners, lo que permite tener datos claros sobre la descarbonización en la cadena de valor.

De hecho, las industrias avanzaron mucho reduciendo las emisiones reales. Sin embargo, más allá de las reducciones inmediatas, la huella de carbono oculta dentro de las cadenas de suministro, que representa hasta el 90% del impacto ambiental de un producto, exige atención.

"Buscamos ser los carbon partners de compañías de distintas industrias y tamaños de toda la región, para democratizar la neutralidad de carbono en Latinoamérica”, agregó Falcón, de The Carbon Sink,

Qué pasa en el mundo

Por otra parte siguen evolucionando los distintos marcos regulatorios como por ejemplo el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) de la Unión Europea que impone cargos para 2026 a las importaciones procedentes de regiones con estándares de fijación de precios del carbono más laxos.

De ese modo, para las empresas, la descarbonización activa de la cadena de suministro ya no es opcional. En Europa, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (conocida por su sigla en inglés CSRD) es una herramienta fundamental para impulsar la transparencia de las empresas. Está en vigencia desde noviembre de 2023 y abarca a empresas de la Unión Europea con más de 250 empleados con ingresos globales de más de 40 millones de euros, y empresas no pertenecientes a la UE que generaron ingresos superiores a 40 millones de euros en el mercado europeo en su último ejercicio financiero.

Este marco normativo exige a las compañías divulgar información detallada sobre su desempeño ambiental, incluyendo las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que componen su huella de carbono, de forma directa e indirecta.

En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) aprobó hace muy poco la Climate Disclosure Rule, una medida por la cual las empresas que coticen en la bolsa norteamericana deberán reportar información específica sobre su contribución y exposición al riesgo climático. Esto incluye detalles sobre la huella de carbono de sus operaciones, el análisis de cómo el cambio climático podría afectarles, así como los esfuerzos que realizan para mitigar estos riesgos.

En ese punto América Latina no se hay distintos países que empiezan a impulsar normativas para promover la sostenibilidad y la responsabilidad de las empresas frente a la acción por el clima. Por ejemplo, en Chile, la Comisión para el Mercado Financiero publicó una normativa en el año 2021 que obliga a las empresas a incorporar información sobre sus impactos sociales, ambientales y de gobierno corporativo en sus Memorias Anuales. Esto incluye su huella de carbono y su contribución o exposición al cambio climático, si fuesen un impacto significativo de la industria según su materialidad. Esto aplica a todas las entidades supervisadas por la Comisión como bancos, compañías de seguros, emisores de valores de oferta pública, administradoras generales de fondos y bolsas de valores.

Por otro lado, en 2022 Colombia se convirtió en el primer país de la región en implementar la “Taxonomía Verde”. El Ministerio de Hacienda emitió este instrumento voluntario que busca facilitar los flujos de financiamiento y la movilización de capitales hacia inversiones en actividades que contribuyan positivamente a objetivos  sociales y medioambientales, incluidos los de adaptación y mitigación al cambio climático.

A principios de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México lanzó un instrumento similar al colombiano denominado “Taxonomía Sostenible”.

Los avances en Argentina

En Argentina, en el año 2012 en Mendoza se aprobó la ley provincial 8583 de Responsabilidad Empresaria, que fijó el marco jurídico para que las empresas emitan Balances de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria (comúnmente denominados “reportes de sostenibilidad”).

El objetivo de esta norma fue promover conductas socialmente responsables en las empresas y organizaciones en general. Busca que los reportes que emiten las empresas sean “instrumentos para informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada el resultado de la política social y ambiental de cada organización”.

Además, se fijaron una serie de beneficios para las empresas que emitan informes bajo estos lineamientos, como la exención de impuestos (cercana al 10%), prioridades en las contrataciones con el Estado provincial o un mayor acceso a líneas de crédito y financiación por parte de la provincia.

A nivel nacional, en el año 2017 el Congreso de la Nación aprobó la ley 27401, bautizada en los medios como la “Ley de Responsabilidad Empresaria”. Sin embargo, la legislación no tuvo una finalidad de incentivar mejores prácticas en materia socio ambiental, sino otro fin muy distinto: que las empresas, organizaciones y “personas jurídicas” también puedan ser juzgadas, condenadas y multadas en los casos de corrupción y otros delitos graves.