La sindicatura recomendó cerrar las tres plantas de Algodonera Avellaneda

La sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda recomendó al juez Fabián Lorenzini que no autorice la continuidad de la explotación y disponga el cese de actividades en los tres establecimientos industriales de la compañía. El planteo alcanza a la hilandería de Reconquista y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco, y pone en riesgo a 243 trabajadores.

El pedido fue presentado en el expediente judicial por los síndicos María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono. Ahora será Lorenzini quien deberá resolver si avala el cierre, que se concretaría una vez finalizada la producción que actualmente está en proceso.

La recomendación marca un giro en la estrategia que se había definido tras la declaración de quiebra, el pasado 14 de octubre. En ese momento, la sindicatura había dispuesto mantener operativas las plantas con la expectativa de sostener la actividad mediante contratos de fasón para terceros, mientras avanzaba el proceso de búsqueda de compradores.

Sin embargo, los números de la operación terminaron por inclinar la balanza. Según el informe presentado ante la Justicia, continuar produciendo genera pérdidas millonarias y compromete todavía más el patrimonio de la compañía. Los síndicos sostienen que mantener una explotación deficitaria no solo no preserva el valor de los activos, sino que también puede perjudicar a los propios trabajadores y al resto de los acreedores.

Una operación que no logra sostenerse

El principal problema está en la hilandería de Reconquista, cuya actividad se mantiene a través de contratos de fasón. Bajo esta modalidad, los clientes aportan la materia prima y Algodonera Avellaneda realiza el procesamiento industrial a cambio de una tarifa. Actualmente, la planta procesa unos 300.000 kilos mensuales para Insumos XXI y Sir Cotton.

De acuerdo con las estimaciones de la sindicatura, la hilandería factura alrededor de $424,8 M mensuales. Los gastos de energía, en cambio, oscilan entre $533 M y $782,5 M, a lo que deben sumarse los costos salariales, insumos, mantenimiento, administración, servicios e impuestos.

Con esa estructura, el déficit operativo mensual se ubica entre $565 M y $814,7 M. La situación se agrava por las deudas con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que intimó a la compañía a regularizar sus obligaciones bajo apercibimiento de interrumpir el suministro eléctrico.

La sindicatura había planteado a los clientes dos alternativas para intentar sostener la producción. Una consistía en actualizar las tarifas de fasón para cubrir los costos reales y la otra en que los comitentes asumieran directamente el gasto energético correspondiente a sus pedidos. Ninguna de las propuestas fue aceptada.

El panorama tampoco ofrece margen en las desmotadoras de Bandera y General Pinedo. La campaña de desmote 2026 terminó en octubre y la próxima actividad recién comenzará con la llegada del algodón de la cosecha 2027, por lo que los establecimientos no tienen ingresos propios en este período.

Hasta ahora, los gastos de funcionamiento se cubrían mediante anticipos de La Nueva Vicentin, del Grupo Grassi, a cuenta de los servicios de desmote de la próxima campaña. Para la sindicatura, esos adelantos no representan ingresos genuinos, sino compromisos de trabajo futuro que la empresa deberá cumplir o eventualmente devolver.

Qué pasará con los 243 trabajadores

El impacto laboral es uno de los puntos centrales del planteo. Al momento de declararse la quiebra había 243 empleados afectados a la continuidad de las operaciones, distribuidos entre los tres establecimientos.

La hilandería de Reconquista concentra 204 trabajadores, mientras que la desmotadora de Bandera tiene 21 empleados y la de General Pinedo otros 18. Los contratos laborales fueron suspendidos por 60 días, un plazo que vence el próximo 13 de diciembre.

Frente a la posibilidad del cierre, los síndicos solicitaron que se declaren extinguidos los vínculos laborales por causa de quiebra, con excepción del personal necesario para terminar los trabajos en curso y cubrir las tareas de vigilancia y mantenimiento.

También plantearon instrumentar las bajas correspondientes ante Arca y entregar las certificaciones de servicios y los certificados de trabajo para facilitar el acceso de los empleados al seguro por desempleo. El informe contempla, además, avanzar con los pedidos de pronto pago de los créditos laborales.

Las plantas seguirán en venta

El pedido de cierre no implica abandonar las instalaciones ni avanzar con un desguace de los establecimientos. La sindicatura considera que las tres plantas tienen valor como unidades industriales integradas y que deben conservarse en condiciones de ser reactivadas por un eventual comprador.

Por eso, propuso mantener guardias mínimas para garantizar la seguridad, preservar las maquinarias, prevenir incendios y permitir la entrega de mercadería que pertenece a terceros. También solicitó reducir la potencia eléctrica contratada al mínimo indispensable para evitar que los costos fijos sigan creciendo.

La recomendación se conoce en plena etapa de búsqueda de interesados en los activos de Algodonera Avellaneda. Como informó Punto Biz, la Justicia de Reconquista estableció un esquema de venta en cinco lotes y fijó el 30 de noviembre como fecha para la apertura de ofertas.

La diferencia es que, mientras se avanza con ese proceso, la sindicatura considera que ya no resulta viable mantener las máquinas en funcionamiento. La apuesta ahora pasa por preservar el valor industrial de los establecimientos, pero sin seguir acumulando pérdidas mientras se define quiénes podrían quedarse con ellos.