La logística de los hermanos Rossi perdió con Vaca Muerta y entró en concurso

La transformación del negocio petrolero argentino parece haber sido el principal factor que golpeó a la transportista Río Paraná Cargas SA, comandada por Andrés y Alejandro Rossi, ambos hermanos de Agustín Rossi, ex ministro de Alberto Fernández y compañero de fórmula de Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales. La pérdida de clientes vinculados a la explotación convencional de hidrocarburos -que la empresa no logró reemplazar- fue determinante para llegar a esta instancia.

La compañía tiene domicilio en la ruta nacional 11, kilómetro 495, en Candioti, enclave del área metropolitana de Santa Fe. El concurso fue abierto el 18 de septiembre por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décima Nominación de Santa Fe, a cargo de la jueza Romina Kilgelmann. Los acreedores tendrán hasta el 13 de noviembre para presentar sus solicitudes de verificación de créditos ante la sindicatura.

“En los últimos años venimos perdiendo clientes que no pudimos reemplazar, la mayoría se dio por los cambios en la industria petrolera”, señaló Andrés Rossi, presidente del directorio de Río Paraná Cargas, en contacto con Punto biz. El empresario vinculó ese deterioro con el desplazamiento de la actividad hacia Neuquén y con las diferencias entre los servicios que demanda el petróleo convencional y los requeridos por la explotación no convencional de Vaca Muerta. Para Río Paraná Cargas, el crecimiento del nuevo polo energético no se tradujo en contratos que compensaran los que perdió.

“El traslado de la actividad de Comodoro Rivadavia a Neuquén y el tipo de perforación hizo que empresas que abastecían al petróleo convencional se fueran del país por falta de actividad, y nosotros sufrimos ese ajuste”, describió.

La apuesta de la conducción es utilizar el concurso para reorganizar las obligaciones y sostener el negocio. “Nuestra expectativa es con esta herramienta legal poder ordenarnos y continuar con la actividad en la que estamos hace ya 18 años”, afirmó Rossi.

La información de la Central de Deudores del Banco Central muestra $667,1 M de deuda bancaria, correspondiente a agosto de 2026. El mayor saldo está informado por Banco Galicia, con $252,8 M, seguido por Banco Bica, con $124 M, y Comafi, con $119,4 M.

A esos compromisos se agregan $99,2 M con ICBC, $57,6 M con Santander, $14,1 M con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y $80.000 con Banco Ciudad. También aparece un saldo de $938.000 informado por YPF, cuyo último período disponible es julio.

Las clasificaciones exhiben el deterioro financiero previo a la apertura concursal. Galicia, Bica, Comafi y Ciudad informaron a la firma en situación 3, identificada para la cartera comercial como “con problemas”. ICBC la ubicó en situación 4, de alto riesgo de insolvencia, y Santander en situación 5, denominada “irrecuperable”. El BICE, en cambio, mantenía su crédito en situación normal.

El historial muestra que las dificultades no comenzaron con la presentación judicial. Santander ya reportaba a la compañía en situación 5 desde mayo de este año, mientras que ICBC la clasificaba en situación 4 desde abril. En Galicia, los registros en situación 3 se remontan a septiembre de 2025, aunque luego hubo cambios de categoría.

Los socios y el antecedente político

Río Paraná Cargas fue fundada en 2009 por los Rossi junto con Gerardo Ingaramo y Nanci Tocci, dos empresarios con fuerte presencia en el transporte de pasajeros de la capital provincial. Consultado por Punto biz, Ingaramo manifestó que dejó de participar como accionista en 2022 y que ya no mantiene contacto cotidiano con los Rossi.

La presidencia del directorio está en manos de Andrés Rossi. Su hermano Alejandro, director suplente, también tiene trayectoria empresaria en el transporte de pasajeros y ocupó cargos políticos. Fue diputado nacional y secretario de Seguridad durante la gestión provincial del gobernador peronista Jorge Obeid. Agustín Rossi no participa de la distribución accionaria de Río Paraná Cargas.

La firma ya había quedado expuesta públicamente en mayo de 2010, cuando una publicación periodística cuestionó que Alejandro Rossi no hubiera incluido su inversión en la empresa en su declaración jurada patrimonial. El entonces diputado respondió que todavía no había presentado esa declaración y que incorporaría su participación cuando lo hiciera. En aquella oportunidad reconoció que tenía el 33% de la sociedad, con un aporte de $50.000 sobre un capital de $150.000. También sostuvo que la transportista no prestaba servicios al Estado.