Histórica empresa del Grupo Albanesi entró en concurso preventivo

Rafael G. Albanesi (RGA), la histórica comercializadora de energía sobre la que se construyó el Grupo Albanesi, entró en concurso preventivo por disposición de la Justicia Comercial. La compañía había pedido el paraguas legal a fines de agosto, tras acumular cinco pedidos de quiebra y seis juicios ejecutivos en su contra desde mayo, por un importe de capital de $12.000 M.

Fundada en 1929 en Rosario, por Rafael Albanesi, bisabuelo del actual conductor del grupo, Armando Losón (h), RGA no tiene relación societaria con Generación Mediterránea (Gemsa), la empresa que agrupa sus 10 centrales eléctricas y que, con una capacidad instalada al 31 de diciembre de 1833 megawatts (Mw), lo convierten en uno de los principales generadores de electricidad del país.

El único vínculo es que comparten accionistas, aclaró la propia Gemsa en la nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la que informó la apertura del expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Comercial 27, Secretaría 54.

A través de un comunicado de prensa, el Grupo Albanesi explicó que el concurso de RGA busca una "vía de solución que le permita reestructurar pasivos, sostener la actividad y preservar el valor de la empresa".

"En este marco, Generación Mediterránea, la unidad de negocio que concentra a las 10 centrales termoeléctricas del grupo, comunica que, pese a ser una empresa con la cual comparte accionistas, es una sociedad independiente, con actividades, patrimonios y obligaciones diferenciados", enfatizó. 

"El proceso judicial iniciado respecto de RGA no compromete la solvencia, la continuidad operativa ni el cumplimiento de los compromisos asumidos por Generación Mediterránea", subrayó.

Más desafíos

Gemsa -que este año se fusionó con Albanesi Energía- tiene sus propios desafíos financieros: tras haber finalizado un proceso de inversión de u$s600 M que duplicó su capacidad, atraviesa una situación de liquidez -no de solvencia- que la llevó a incumplir en junio el pago parcial de una obligación negociable por u$s 220 millones, sobre una deuda total de u$s 1100 millones. En diciembre, había canjeado con éxito títulos por u$s 268,7 millones y colocó un bono internacional nuevo por u$s 141 millones.

"En este sentido, es importante recordar que Gemsa obtuvo recientemente la aprobación para la modificación de los términos y condiciones de las obligaciones negociables de financiamiento de proyectos (ON Proyectos) por un total de u$s 438,2 M", señaló el grupo que encabeza Armando "Tate" Losón en su comunicado.

"Tenedores que representan el 96,35% del total de la ON Proyectos dieron su consentimiento a las modificaciones propuestas por Gemsa, marcando el primer hito público del reordenamiento financiero integral encarado por la compañía en mayo de este año", siguió.

"Además, se encuentra en condiciones de presentar propuestas preliminares para la reestructuración de sus restantes obligaciones negociables, garantizadas y no garantizadas, por un monto total aproximado de u$s 930 millones. En este sentido, la compañía inició reuniones privadas con distintos grupos de inversores relevantes para obtener feedback sobre las mismas", informó.

"Mientras tanto, Generación Mediterránea sigue cumpliendo el objetivo prioritario de asegurar la continuidad de sus operaciones que hacen a la generación eléctrica, preservando, de esta formal, el interés de los acreedores y demás partes interesadas", aseguró, además de "reafirmar el compromiso de regularizar su situación financiera a la mayor brevedad posible y, así, trazar un horizonte sostenible".

Por qué RGA llegó al concurso

Aunque también comercializa electricidad, el principal negocio de la concursada, RGA, es la venta y transporte de gas natural a grandes usuarios. Tiene más de 100 clientes, entre quienes destacan Cattorini, Rigolleau, Celulosa, Arcor, McCain, Mercedes-Benz (hoy, Prestige Auto), GM, Vicentin, Unipar Indupa, Acindar y Ternium. Sus principales proveedores son TotalEnergies, Harbour, PAE, Compañía General de Combustibles (CGC), Sinopec, YPF, Enarsa, Madalena Energy, Roch y Pluspetrol.

En la presentación de la convocatoria, hecha por Damián Burgio y Germán Wetzler Malbrán, socios de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y dos de los abogados más experimentados en litigios concursales del mercado local, la empresa atribuye la causa de su crisis financiera al período comprendido entre 2020 y 2024.

"La crítica situación patrimonial y financiera que atraviesa la sociedad no obedece a una única causa puntual, sino a la confluencia de múltiples factores estructurales, coyunturales y sectoriales", explicó.

"Entre 2020 y 2024, la situación financiera de la sociedad se fue deteriorando como consecuencia de una serie de eventos económicos, regulatorios y financieros que afectaron directamente su rentabilidad operativa, su volumen de negocios y su capacidad de hacer frente a sus compromisos financieros", agregó.

Mencionó como "elemento determinante" que, a partir de mayo de 2020, "las campañas (de venta de gas y transporte) resultaron significativamente deficitarias" por la "caída abrupta" que provocó la pandemia de Covid-19, "con un impacto especialmente negativo en la campaña mayo 2020-abril 2021, del que la sociedad no llegó a recuperarse".

Eso coincidió, según la reseña de RGA, con la interrupción del proceso de normalización del sector energético que se había iniciado en diciembre de 2015, con la administración de Mauricio Macri. Además de actualización tarifaria y eliminación de subsidios, incluyó la derogación del sistema por el cual la compra de gas para generación era centralizada por Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico.

"Con el cambio de gestión que tuvo lugar en diciembre de 2019 (casi concomitantemente con la pandemia), se volvieron a tomar medidas que implicaron una importante intervención en el mercado. Principalmente, la resolución 12/19 del Ministerio de Desarrollo Productivo, por el cual se reimplantó la centralización en Cammesa de la adquisición y administración de la compra de gas natural para las centrales térmicas, impidiendo -entonces- que éstas contrataran directamente el suministro de gas natural, afectándose seriamente el mercado del comercializador", explicó.

"Esta regresión normativa", agregó, "implicó para la sociedad una pérdida considerable de volumen negociable y la consiguiente disminución de ingresos, ya que impidió a las empresas generadoras de energía eléctrica continuar -como lo hacían desde hacía un año- contratando libremente el combustible, afectando significativamente la cartera de clientes de la sociedad, en la que tales generadoras tenían una participación esencial".

Agravó esa situación que la licitación de gas interrumpible para enero de 2020 tuvo precios adjudicados por debajo de los costos reales de extracción y transporte, "producto de una coyuntura transitoria de sobreoferta estacional y la consecuente necesidad de los productores de cubrir costos fijos".

"Esta distorsión del mercado derivó en prácticas contractuales de corto plazo, alejadas de  la sustentabilidad operativa", remarcó.

RGA contextualizó la "pronunciada aceleración de la devaluación del peso, de la inflación y, en general, un marcado detrimento de las variables macroeconómicas de la economía argentina" durante el período 2020-2024, "con la consecuente dispersión y distorsión de precios relativos y la dificultad para negociar y planificar esquemas contractuales de mediano y largo plazo".

Así como cargó culpas sobre el inquilinato de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, la llegada de Javier Milei tampoco quedó exenta en su argumentación.

"La gestión de gobierno comenzada en diciembre de 2023 produjo un cambio drástico en las políticas públicas, mediante medidas de shock que, durante 2024, implicaron situaciones recesivas", indicó. "Se comenzaron a tomar medias tendientes a favorecer la competencia en el mayor número posible de sectores y a devolver la economía a las reglas de mercado", siguió. 

Mencionó que el Enargas, regulador de la actividad gasífera, amplió el registro de agentes de mercado, "habilitando un número creciente de nuevos comercializadores, lo que derivó en un incremento sustancial de la competencia en el segmento, sin que existiera un correlato en el aumento de la demanda estructural".

"En otras palabra, más oferentes disputaron un mercado que, en términos agregados, se había reducido o mantenido estancado, provocando una contracción de márgenes comerciales, caída de precios y presión sobre los actores preexistentes", subrayó.

Al mismo tiempo, el Gobierno autorizó "aumentos significativos" en las tarifas de Transportadora de Gas del Norte (TGN), del Sur (TGS) y las distribuidoras zonales. "Su aplicación generó un fuerte impacto en la estructura de costos de los comercializadores. En el caso de RGA, cuya operatoria se  encuentra regida por contratos con precios fijos o con limitada capacidad de ajuste debido a la sensibilidad del mercado y a la presión competitiva, no fue posible trasladar a los clientes dichos aumentos en los costos operativos", explicó.

"Este descalce contractual implicó la absorción de mayores costos como 'costos hundidos', generando un deterioro directo en el margen bruto de la sociedad", añadió.

Del otro lado, sostuvo, RGA debió enfrentar una carga financiera "elevada", dada su necesidad de sostener con deuda la operación, "en un contexto de restricciones en el acceso al crédito, de altas tasas de interés y de elevada inflación".

Esto produjo un "aumento considerable de los egresos por intereses", lo que, junto a las condiciones restrictivas de crédito y la alta inflación, limitaban su margen de refinanciamiento. En números, durante los últimos años, la comercializadora de Albanesi mantuvo un nivel promedio de deuda financiera y comercial de u$s 80 millones anuales, "cifra que implicó una carga estructural relevante para sus flujos de caja operativos".

A eso, se sumó el endeudamiento en pesos. Con el nivel de tasas activas aplicadas a empresas, consolidó un stock de deuda de $ 46.876 millones al 31 de diciembre de 2024 en concepto de pagarés, "buena parte de los cuales se encuentran nominados en moneda extranjera".

"La imposibilidad de acceder al mercado libre de cambios para la adquisición de divisas necesarias para el pago de dichas obligaciones, en combinación con la volatilidad cambiaria, acentuó el riesgo de incumplimiento y profundizó la exposición patrimonial de la empresa", afirmó.

A fines de 2024, RGA acumuló pérdidas por $ 21.539 millones, "superando holgadamente su capital social". En términos legales, esto configura "causal objetiva de disolución", lo que -sostuvo- refuerza la necesidad de recurrir al concurso preventivo.

"La sociedad ha intentado sostener su capital de trabajo mediante distintas medidas, logrando una mejora marginal en su capital corriente negativo (que pasó de $ 88.503 millones en 2023, a $ 79.661 millones en 2024). No obstante, estos esfuerzos han resultado insuficientes frente al peso estructural del endeudamiento acumulado, los ingresos contractuales deteriorados por la inflación y el impacto financiero de los contratos no readecuables", describió.

"A ello, debe sumarse la recuperación incompleta de las cobranzas del mercado eléctrico, otro factor que afectó la disponibilidad inmediata de recursos líquidos", apuntó.

RGA completó que, a partir del último trimestre de 2024, su situación "se agravó significativamente, ingresando en una etapa crítica en el primer semestre de 2025, en el cual se acentuaron las dificultades para hacer frente, incluso, a obligaciones corrientes de mediano y corto plazo".

Esto fue lo que derivó en los 11 reclamos legales que sufrió entre mayo y agosto. Entre ellos, dos pedidos de ejecución fiscal por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suman $ 5120 millones entre capital e intereses.

Sin embargo, la empresa reconoce como fecha de inicio de su cesación de pagos el 18 de agosto, cuando fue notificada del pedido de quiebra que le hizo a fines de junio, antes de la feria judicial de invierno, Metroenergía, que le reclama un total de más de $ 3500 millones por falta de pago de seis echeqs.

Con la apertura del concurso, la jueza María Virginia Villarroel fijó las fechas del proceso. Los acreedores deberán hacer sus pedidos de verificación antes del 29 de diciembre. El 19 de octubre de 2026 se hará la audiencia informativa, en tanto que el período de exclusividad -es decir, el plazo que tiene la deuda para formalizar una propuesta de pago a sus acreedores- será el 26 de octubre de ese año.