Fábrica de calzados embistió contra el acuerdo concursal de Vicentin

El largo camino recorrido por Vicentin desde su entrada en default está plagado de sorpresas. A lo largo de los últimos dos años y medio pasó de todo: entrada a concurso de acreedores, intento de estatización, pueblada para frenarlo y denuncias penales. Y en la recta final del concurso de acreedores cayó la bolilla que faltaba. Cuando ya se firmó la mayor parte de los acuerdos concursales y sólo falta la frutilla del postre de los bancos extranjeros, una fábrica de zapatos porteña puso un palo en la rueda con una denuncia penal que fue recogida por los fiscales abocados a los delitos económicos en Rosario. 

La fábrica de zapatos es Olzen Industria y Comercio de Calzado SA, una firma radicada en la Capital Federal que jamás le vendió un zapato a Vicentin. Se convirtió en acreedor de la agroexportadora tras comprar un pequeño crédito concursal de un productor agropecuario que le permitió ser parte en el trámite judicial. En rigor de verdad, Olzen -un cliente del estudio Casanovas, Mattos, Salvatierra y Fesser-  fue el vehículo para que un grupo de abogados que tomaron una posición hostil contra Vicentin desde el minuto cero -que tiene como figuras más reconocidas a Leandro Salvatierra y Gustavo Feldman- pudieran entrar en la escena. Se trata de los abogados que promovieron diversas causas en fuero penal, fogonearon manifestaciones para repudiar el accionar de los síndicos, impulsaron la figura del cramdown para hacer caer el concurso, y también fueron a Defensa de la Competencia para impugnar toda transferencia de activos. 

La última ficha fue una denuncia penal promovida por estafa contra el actual presidente de Vicentin, Omar Scarel, que fue recogida por los fiscales Moreno y Narvaja, quienes ordenaron la detención preventiva del directivo. La acusación tiene ribetes llamativos. Acusan a Scarel por desobediencia y plantean la comisión de una nueva estafa, por el contenido de una propuesta que fue puesta a consideración del juez concursal de Reconquista, Fabián Lorenzini, y recibió el visto bueno de los síndicos. Es la misma propuesta que fue aceptada por la mayoría de los acreedores (en número) y aguarda el ok de los bancos extranjeros para que también se supere el piso que requiere la legislación en cuanto a la mayoría en montos acreditados.  

Feldman sostiene en su pedido de procesamiento que  la mera propuesta concursal constituye una estafa, porque involucra venta de activos que están frizados por decisiones judiciales en distintas causas penales que el grupo de abogados impulsó ante diversos fueros durante los últimos dos años.          

Equipar con estafa a una propuesta realizada en forma pública en el marco de un concurso de acreedores -con jueces, interventores, síndicos, y hasta una mesa  de gestión para acercar a las partes- es una formulación muy creativa pero difícil de aceptar. Como sea, si si obtuviera luz verde en la Justicia penal podría llegar a abrir un enfrentamiento con el fuero civil que lleva el concurso. 

La inhibición para vender activos puede tener toda la lógica para evitar eventuales fugas de activos en una empresa concursada, pero perdería sentido una vez normalizada la situación con los acreedores. Si es posible normalizar la actividad comercial de Vicentin, la lógica indica que se debería avanzar para satisfacer los intereses de los acreedores, mientras que en el fuero penal se podrán seguir adelante con los eventuales delitos cometodos por los responsables de la compañía. Pero como todo puede pasar en la viña del Señor, lo que pueda ocurrir en el caso Vicentin es todo un interrogante de cara al futuro.