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Negocios

Dictaron preventivas

Dinero narco, política, gremios y barras: avanza una causa que tiene de todo

Por Redacción

Los implicados son siete personas y entre los acusados está un hombre que tuvo un crecimiento económico exponencial en pocos años.

En el marco de una audiencia se inició el martes y continuó ayer en medio de un completo hermetismo fueron imputadas en el Centro de Justicia Penal un grupo de 7 personas por realizar operaciones inmobiliarias, préstamos a tasas usurarias, explotar una flota de taxis y comprar y vender vehículos. Los fiscales atribuyeron esas maniobras a mecanismos para blanquear plata proveniente de la comercialización de droga.

la fiscal Viviana O’Connell a cargo de la investigación sindicó a su cabecilla Yalil Roberto “Turco” Azum de contar con una estrecha vinculación con Rubén Ariel “Tubi” Segovia –ex jefe de la barra de Newell´s y asesinado en 2018 en la cárcel de Coronda–, lo que quedó plasmado en escuchas telefónicas, entre otras evidencias. 

El MPA estimó que la organización funcionó desde el 2016. Los acusados tenían su centro de operaciones en pleno microcentro de la ciudad donde concentraban todas estas actividades y generaban importantes sumas de dinero que luego lavaban a través de distintas maniobras.

Lo cierto es que este martes se imputó a Yalil “Turco” Azum, a su hermano Alejandro Azum, a su pareja Marina García, a Ricardo E., al sindicalista Maximiliano González de Gaetano –sindicado además a una conocida causa por estafas inmobiliarias–, a Lisandro Scalcione y a Iván Nicolás Gómez como parte de una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer múltiples delitos como: usura, lavado de activos y juego clandestino. El primero como jefe mientras que a Scalcione y Garcí. los señaló como organizadores y el resto como miembros de la banda.

Además, la fiscal imputó al jefe de la banda, a su hermano, a los organizadores y al sindicalista por lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembros de una asociación ilícita formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. También le achacó a todos el delito de usura y al sindicalista y los dos organizadores el delito de juego clandestino.

El juez Carlos Leiva dictó la prisión preventiva efectiva para todos los imputados por el plazo de ley, exceptuando a Ivan Gómez a quien se le otorgó la libertad con requisitos como la firma semanal en la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de contacto o acercamiento al lugar de los hechos.

Para la funcionaria del MPA, este grupo delictivo trabajó en forma coordinada, en constante cooperación y con roles específicos. Tenían un centro de operaciones en una oficina de San Lorenzo al 1000 donde diversificaba sus “negocios” como una plataforma de juego en línea sin autorización, préstamos con intereses excesivos y garantías con tinte extorsivo, alquileres y compra venta de vehículos e inmuebles además de una flota de taxis que forman parte de la operatoria de blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas.

Los seis hombres y la mujer fueron detenidos el viernes 3 de septiembre pasado en el marco de una serie de allanamientos que llevaron a cabo el personal del Organismo de Investigaciones (OI- Policía Judicial) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). La única dirección que se conoció fue la de la financiera de San Lorenzo al 1000.

La fiscal explicó que los integrantes de la banda cuentan con relaciones en diversos estamentos del Estado, con acceso a protección policial y política a nivel nacional, por lo que el poder no solo adquisitivo sino de las relaciones colocó a esta organización en un marco de extrema complejidad. “Cuentan con importantes recursos y entre las actividades que realizan cuentan con posibles vinculaciones con el narcotráfico”, aseguró la fiscal.

La pesquisa se inició con escuchas telefónicas que pusieron en la mira al Turco Azum. Con el tiempo se sumaron otras evidencias como testimonios y entrecruzamiento de datos.

De esta información surgieron personas vinculadas a la venta de estupefacientes y la comisión de delitos como homicidios, balaceras con lesionados y amenazas, explicó.

La fiscal contó en la audiencia que Turco A. proporcionaba elementos logísticos a Tubi Segovia, quien encabezaba una violenta banda delictiva junto a Alexis Caminos que mantuvo una cruenta lucha territorial en la zona sur con la facción liderada por los hermanos Alan y Lautaro “Lamparita” Funes y René “Brujo” Ungaro. Tubi también fue el jefe del paravalanchas leproso por ese tiempo y fue asesinado por miembros de su mismo grupo en el pabellón que compartían en la cárcel de Coronda, en abril del 2018.

O’ Connell explicó que el hermano del Turco, por Alejandro, hacía las veces de intermediario con Tubi Segovia, de quien recibía órdenes cuando estaba detenido. Además se dedicaba al cobro de la organización.

En 2016, el patrimonio del Turco tuvo un crecimiento exponencial lo que para la Fiscalía está probado con la compra de varios departamentos en la provincia y en Córdoba lo que acompaño con un posicionamiento social que le permitió contactos y relaciones que le permitieron evadir las consecuencias de sus actividades ilícitas, contó la funcionaria en la acusación.

En 2017 conformó una sociedad Mip Servicios SRL junto a su pareja Marina G. cuya actividad principal es el servicio de limpieza, objeto que amplió en 2019 a la construcción, reforma, y reparación de redes de distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos, servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes y servicios relacionados con la construcción. Para la Fiscalía una sociedad constituida para blanquear dinero proveniente de ilícitos.

Los otros integrantes

Según la imputación, Maximiliano González de Gaetano, vinculado al Sindicado de Monteros que representa a los trabajadores forestales, es un socio principal del grupo y otro de los miembros le hacía las veces de secretario, también al jefe del grupo. Esta persona fue identificada como Lisandro S., quien se encargaba de los trámites y de gerenciar el juego ilegal, los préstamos de dinero y la compra venta de autos. Tenía su sede de trabajo, que compartía con la primera línea del grupo, en una oficina ubicada en San Lorenzo al 1000 que funcionaba como financiera.
 

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