Dictaron prisión por 120 días para los cuatro principales directivos de Vicentin

El juez penal rosarino Nicolás Foppiani dictó este sábado la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa agroexportadora. Se trata de Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. La medida tiene una prórroga automática en caso de que se tenga que ampliar la acusación de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja.
La causa investiga los delitos de estafas y asociación ilícita y tiene como implicados a 19 exdirectivos de Vicentin, cuatro de los cuales seguirán en prisión mientras avanza el proceso judicial. Este sábado por la tarde finalizó la extensa audiencia de imputación que comenzó el jueves y continuó el viernes en los tribunales de Rosario.
La medida había sido solicitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del MPA, que lleva adelante la acusación. Según la fiscalía, la asociación ilícita tiene como jefes a Daniel Néstor Buyatti; Alberto Julián Macua; Omar Adolfo Scarel y Roberto Alejandro Gazze. El resto de los imputados son partícipes y miembros (y beneficiarios) de esa organización.
El resto de los involucrados son: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.
Las detenciones de los ex directivos de Vicentin fueron ordenadas la semana pasada por la Fiscalía de Delitos Económicos, que viene investigando desde 2020 a la mesa ejecutiva gerenciadora de la cerealista que entró en default en 2019 por estafa y asociación ilícita. A fines del año pasado, el fiscal Miguel Moreno pidió penas de hasta 17 años para varios directivos, entre los que se encontraban Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. En mayo de 2023, cuando la fiscalía había imputado  a estos ejecutivos por la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.
El capítulo desatado la semana pasada se desarrolló en base a la documentación presentada por un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. Aunque la justicia rechazó el planteo, la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de u$s 1,5 M, y la facturación de viajes en avión de una aeronave perteneciente a la compañía.