Cierre de textil salpicó a familia empresaria y terminaron todos concursados

La crisis de la agroindustrial Emilio Alal SACIFI ya no se limita al expediente abierto para la histórica compañía santafesina con base en Reconquista. La Justicia Civil y Comercial de esa ciudad también declaró la apertura del concurso preventivo de seis integrantes de la familia Alal, todos vinculados al holding que a comienzos de año quedó en el centro de la escena por el cierre de su actividad textil y el despido masivo de trabajadores en Goya, Corrientes.

Con Emilio Miguel Alal, presidente de la sociedad, a la cabeza, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nº 4 en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Reconquista, a cargo del juez Franco Raschetti, abrió los concursos preventivos personales de Emilio Miguel Alal, Eduardo Antonio Alal, Marcelo Julio Alal, Luis Antonio Alal, Guillermo Fabián Alal y Liliana Beatriz Alal.

Todos los procesos fueron declarados el 4 de junio y se tramitarán en conjunto con el concurso principal de Emilio Alal SACIFI, que había sido abierto el 27 de febrero bajo la categoría de “Gran Concurso”. La decisión judicial profundiza el alcance de la crisis que atraviesa el grupo empresario, que durante décadas combinó negocios textiles, procesamiento de cueros, actividad agropecuaria y desmotadoras de algodón con operaciones en Santa Fe, Corrientes y Chaco.

El punto de quiebre se produjo en enero, cuando la firma decidió desactivar el negocio de hilandería y tejeduría, principalmente en la planta correntina de Goya. La empresa justificó el movimiento como parte de una reconfiguración de negocios, con la intención de dejar atrás la producción textil y sostener otras unidades: el procesamiento de cueros en Reconquista, los negocios agropecuarios y las desmotadoras de algodón, entre ellas las de Villa Ángela, en Chaco.

La decisión dejó un tendal laboral. El cierre impactó sobre unos 260 trabajadores, con epicentro en Goya, y la empresa no abonó las indemnizaciones comprometidas. “Ni el 50, ni el 100%, no pagaron nada de indemnización”, describió oportunamente ante Punto biz el delegado Mariano Peoz Gauna en referencia a la indemnización que la compañía pretendía encuadrar bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los trabajadores, la apertura del concurso agravó el cuadro porque obliga a canalizar los reclamos dentro del proceso judicial.

Los nuevos concursos personales quedaron sincronizados con el expediente principal. La Justicia fijó el 28 de agosto de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten pedidos de verificación ante la sindicatura. Las impugnaciones podrán realizarse hasta el 25 de septiembre. Los informes individuales deberán presentarse el 27 de noviembre, mientras que el informe general quedó previsto para el 9 de marzo de 2027. La audiencia informativa fue fijada para el 6 de agosto de 2027.

En todos los casos, el tribunal dispuso la inhibición general de bienes registrables de los concursados, la restricción para ausentarse del país sin autorización judicial y la suspensión de procesos patrimoniales iniciados por causas anteriores a la presentación concursal. También ordenó a las entidades bancarias abstenerse de pagar cheques librados antes del concurso.

El caso particular de Emilio Miguel Alal suma un dato financiero adicional. De acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central, al período abril de 2026 registraba deudas bancarias por $2,069 M, expresadas en miles de pesos, distribuidas entre Banco Macro ($1,337 M), Banco Nación ($605.000) y Banco Credicoop ($127.000). En todos los casos figuraba en situación 1, es decir, normal.

La apertura de los concursos personales muestra que la crisis del holding no sólo golpeó a la sociedad operativa, sino que terminó alcanzando también a los principales miembros de la familia accionista. La reestructuración que comenzó con el cierre de la pata textil ahora se traslada al patrimonio personal de quienes conducen la firma.