Por Redacción
Los representantes de la marca en el país accionan legalmente pero advierten que la dimensión del contrabando es mucho mayor.
Grupo Mendizábal, vinculado a la representación de Stanley en Argentina, informó que impulsó hasta ahora 75 causas judiciales por presuntas infracciones de marca y contrabando.
Desde la empresa manifestaron a que se realizaron más de 60 procedimientos de allanamiento y secuestro en distintos puntos del país, que permitieron retirar del mercado 22.800 productos apócrifos o vinculados con las investigaciones, además de tres máquinas industriales de grabado láser utilizadas, en algunos casos, para estampar la marca en los artículos.
La propia empresa adviertió a Bloomberg Línea que esa cifra no permite dimensionar el mercado ilegal. En ese sentido, la firma aseguró que la circulación de productos falsificados y de contrabando es un fenómeno de una escala significativamente mayor a la que reflejan los secuestros realizados en causas judiciales.
El caso también incorpora una dimensión sanitaria. Análisis realizados sobre muestras de productos falsificados determinaron que algunos estaban fabricados con aleaciones de acero inoxidable no admitidas por la normativa y que en determinados casos se encontraron concentraciones de cobre superiores al límite reglamentario.
La preocupación por el contrabando excede a una empresa o una categoría específica. Un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) mostró que alrededor del 60% de las empresas industriales consultadas considera que la competencia desleal y el contrabando tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad.
El crecimiento de las plataformas digitales permite conectar oferentes regionales con compradores ubicados en cualquier punto del país, lo que amplía el alcance geográfico de la comercialización de productos de contrabando. El impacto también alcanza al Estado: el contrabando implica pérdida de ingresos por aranceles, IVA, impuestos empresariales y tributos al consumo, además de incrementar los recursos necesarios para tareas de control y fiscalización.
Entre los sectores relevados por MAP LATAM, las estimaciones para 2025 ubican las pérdidas fiscales asociadas al contrabando y la subfacturación en u$s1.100 M para cerveza, u$s370 M para textiles, u$s240 M para tabaco y u$s190 M para celulares, entre otros rubros.
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