Presentan nuevo plan para atraer inversiones y bajar impuestos en Santa Fe

La diputada libertaria Silvia Malfesi presentó en la Legislatura santafesina tres proyectos de ley bajo el nombre “Bases para el progreso santafesino”, con el objetivo de modificar algunas de las condiciones que inciden sobre la actividad privada en la provincia. 

“Santa Fe necesita una solución para que haya movimiento en la economía. No es organizando juegos o algo que es efímero, sino dando señales serias para que realmente vengan las inversiones”, sostuvo Malfesi en diálogo con Punto biz. El planteo surgió de conversaciones con los propios empresarios que, por ejemplo, comparan la presión tributaria entre jurisdicciones antes de decidir dónde invertir. “Cuando hacen las cuentas y ven que en otra provincia es menor, no lo piensan dos veces y se van, no se instalan”, subrayó. 

Las propuestas abarcan desde incentivos para nuevas inversiones y cambios en el esquema tributario hasta modificaciones en las normas que regulan la instalación de grandes superficies comerciales. La legisladora adelantó que buscará sumar respaldo de otros diputados para que las iniciativas sean debatidas en comisión y lleguen al recinto.

# Incentivo a nuevas inversiones

El primero de los proyectos crea el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (Rini), destinado principalmente a pequeñas y medianas empresas. Para ingresar, exige una inversión mínima de u$s150.000 y ofrece una exención de Ingresos Brutos durante los primeros cinco años de actividad, además de beneficios en el Impuesto de Sellos y en las tasas retributivas de servicios vinculadas con el emprendimiento.

El esquema también prevé una estabilidad tributaria por diez años: durante ese período, las empresas que adhieran al régimen no quedarían alcanzadas por aumentos de alícuotas ni por nuevos impuestos provinciales. Además, los saldos a favor generados por cobros indebidos podrían utilizarse de manera inmediata como crédito fiscal, mientras que la inscripción al régimen tendría un trámite más simple y ágil ante el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Malfesi consideró que Santa Fe necesita generar condiciones similares al Rigi para captar nuevos proyectos y advirtió que, si mantiene un marco regulatorio que considera restrictivo para la actividad privada, la provincia podría quedar relegada frente a otras jurisdicciones que ya lograron atraer inversiones.

# Adiós al Sircreb

El segundo proyecto propone derogar el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), un mecanismo que permite recaudar por adelantado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir de las acreditaciones que los contribuyentes reciben en sus cuentas bancarias.

En la práctica, cuando ingresa dinero a una cuenta de un contribuyente alcanzado por el régimen, la entidad financiera retiene automáticamente un porcentaje que luego se computa como pago a cuenta de Ingresos Brutos. El cuestionamiento de Malfesi apunta a los casos en los que la retención supera el monto que finalmente corresponde pagar: ese excedente queda a favor del contribuyente y podría utilizarse para compensar obligaciones posteriores, pero mientras tanto los fondos no están disponibles.

La legisladora sostuvo que la derogación del Sircreb implicaría que el Estado no pueda realizar este tipo de extracciones sobre cuentas bancarias en concepto de adelantos impositivos sin una orden judicial. Según fundamentó, la medida busca resguardar el derecho de propiedad y el debido proceso, de modo que cualquier reclamo por una deuda tributaria deba seguir la vía judicial correspondiente.

“Con el nuevo régimen, el contribuyente pagaría Ingresos Brutos como se debe, no que se lo saquen así de su cuenta”, sostuvo. En esa línea, consideró que eliminar el Sircreb permitiría a las empresas disponer de sus fondos sin este tipo de retenciones automáticas. “Los empresarios dirían: ‘Bueno, esta provincia va por buen rumbo’”, afirmó.

# Grandes superficies

El tercer proyecto propone derogar la Ley N° 12.069 de Grandes Superficies, que regula la habilitación, instalación, ampliación y funcionamiento de determinados establecimientos comerciales. Entre otras restricciones, establece límites a la superficie de los locales, fija un tope del 30% para la participación de una cadena o firma comercial y contempla un régimen de factibilidad provincial y evaluaciones sobre el impacto de esos emprendimientos.

La iniciativa plantea que la habilitación vuelva a regirse por las normas municipales de edificación y salubridad, sin los límites de superficie y de participación de mercado previstos en la legislación vigente.

Según explicó Malfesi, uno de los principales obstáculos está en el cálculo del tamaño permitido para cada establecimiento. Se toma la población de la localidad de acuerdo con el último censo, se la divide por ocho y, a partir de ese resultado, se determina la superficie máxima. Para la legisladora, este esquema termina condicionando la llegada de nuevas inversiones. “Vos leés la ley y te agarrás la cabeza”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de la cadena mayorista Yaguar, que había avanzado con la instalación de un establecimiento de 10.000 m2 en Rosario, pero no pudo concretar el proyecto debido a las restricciones de superficie previstas por la normativa.