Acreedores de Verónica se rebelan contra el concurso y van al fuero penal

El pedido de concurso preventivo presentado por Lácteos Verónica abrió un nuevo capítulo en la crisis de la histórica compañía, pero algunos de sus acreedores no están dispuestos a limitar su estrategia a presentarse a verificar créditos y esperar una propuesta de pago. Un grupo comenzó a desplegar un doble frente judicial. Por un lado, buscan intervenir en el expediente comercial que tramita en Buenos Aires y que está pendiente de habilitarse o rechazarse por parte de los magistrados actuantes. En paralelo, impulsan una investigación penal en Córdoba sobre movimientos patrimoniales realizados por la empresa de la familia Espiñeira antes de solicitar la convocatoria.

La ofensiva tiene como punta de lanza a Fremar SRL, firma dedicada a la producción tambera que durante años entregó leche a Verónica y quedó alcanzada por el default. Su abogado, Lucas Brunone, confirmó a Punto biz que la intención es aportar al juzgado comercial porteño información sobre las sociedades que aparecen vinculadas a la explotación y eventual adquisición de dos establecimientos industriales de la láctea.

El foco está puesto sobre los acuerdos relacionados con las plantas de Suardi y Clason y, particularmente, sobre Copalac SAS y Lacterra SAS, las sociedades que aparecen del otro lado de las operaciones. Los acreedores cuestionan la escasa antigüedad de ambas compañías, su capacidad económica para afrontar negocios de esa magnitud y las condiciones bajo las cuales comenzaron a vincularse con los activos industriales de Verónica.

La discusión se produce mientras la láctea intenta encauzar su crisis financiera a través del concurso preventivo solicitado ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El proceso todavía no había sido abierto al momento de las últimas presentaciones de los acreedores y el juzgado requirió documentación y explicaciones adicionales a la compañía.

Presentación espontánea en Buenos Aires

La estrategia diseñada por los abogados de Fremar contempla presentarse espontáneamente en el expediente concursal, incluso antes de que quede habilitada la instancia para que los acreedores concurran formalmente a verificar sus créditos. El objetivo es acercar al juez información que, según la representación de los tamberos denunciantes, resulta relevante para analizar la situación patrimonial de Verónica y las operaciones celebradas antes del pedido de concurso. También solicitarán medidas de resguardo.

Los acreedores apuntan especialmente contra cualquier movimiento que pueda modificar la situación de los activos de la compañía antes de que quede delimitado el universo de acreedores y el patrimonio disponible para responder frente a ellos.

“Nos vamos a oponer fervientemente a que se produzca cualquier tipo de intercambio entre esas empresas y Verónica”, sostuvo Brunone a Punto biz. El letrado considera que corresponde investigar si las operaciones pueden terminar afectando las posibilidades de cobro del resto de los acreedores. Se trata de la posición de los denunciantes y será la Justicia la que deberá evaluar los cuestionamientos. Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que las operaciones cuestionadas constituyan una maniobra fraudulenta.

Sociedades creadas días antes de los contratos

Uno de los elementos centrales de la presentación es la antigüedad de Copalac y Lacterra. Punto biz accedió a los informes oficiales de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) de Córdoba, que permiten reconstruir con precisión cuándo fueron constituidas y quiénes aparecen al frente de ambas sociedades.

Lacterra SAS, vinculada a la operación sobre la planta de Clason, obtuvo personería jurídica el 19 de junio de 2026 y la inscripción de su constitución se produjo el 24 de junio. Tiene domicilio social en Morteros, declaró un capital de $800.000 y figura como administrador titular y representante Sergio Walter Armando.

Copalac SAS, relacionada con la planta de Suardi, obtuvo personería el 11 de junio y su constitución quedó inscripta el 17 de junio de 2026. También tiene domicilio en Morteros, declaró un capital social de $735.600 y tiene como administrador titular y representante a Hernán Daniel Vignolo.

El dato cobra relevancia por la fecha de los contratos puestos bajo análisis. Según la documentación recopilada por los acreedores, los acuerdos con Verónica fueron celebrados el 2 de julio de 2026. Para entonces, Lacterra llevaba apenas 13 días desde el otorgamiento de la personería y ocho desde la inscripción de su constitución. Copalac acumulaba 21 días desde la personería y 15 desde la inscripción.

Los informes oficiales también muestran que ambas fueron constituidas con objetos sociales amplios. Entre las actividades contempladas aparecen construcción, transporte, negocios inmobiliarios y financieros, explotación agropecuaria y de tambos, producción y comercialización de alimentos, software, espectáculos, turismo, salud, actividades industriales, importación y exportación y negocios fiduciarios.

Otro elemento que aparece en los informes es la situación de sus libros societarios. Al 15 de septiembre, Lacterra no poseía libros digitales habilitados ante la IPJ. Copalac, en cambio, había habilitado el 23 de junio los libros de Actas, Inventario y Balances, Diario y Registro de Acciones. Ninguna de las sociedades registraba ante el organismo anotaciones de concurso preventivo, quiebra o medidas cautelares.

La constitución reciente de las sociedades, sus capitales declarados y el resto de esos elementos no acreditan por sí mismos una irregularidad. La pretensión de los acreedores es que sean incorporados al análisis judicial para determinar la capacidad económica de las firmas y las condiciones bajo las cuales se estructuraron los negocios.

Un frente penal que arrancó antes del concurso

El segundo brazo de la estrategia está radicado en Córdoba y comenzó incluso antes de que Verónica acudiera a la Justicia comercial. Fremar presentó el 13 de mayo una denuncia ante la Fiscalía de Morteros para que el Ministerio Público investigara si detrás de determinados movimientos de activos y del patrimonio de la láctea podía existir una conducta penalmente relevante.

“Nosotros presentamos una denuncia para que el fiscal califique lo que entendemos puede ser una maniobra delictiva. Entendemos que hay que investigar una maniobra tendiente a evadir el cumplimiento del pago a los acreedores y si esto va más allá de las circunstancias propias del riesgo empresario o del mercado”, afirmó Brunone.

El planteo fue ampliado el 9 de septiembre, después de que los denunciantes accedieran a nueva información sobre las operaciones y las sociedades involucradas. La denuncia no supone que exista un delito acreditado. Esa es precisamente la cuestión que los abogados pretenden que investigue la Fiscalía. Brunone remarcó que su presentación no busca imponer una calificación penal determinada, sino aportar elementos para que el Ministerio Público establezca si existió o no una conducta delictiva.

La representación de Fremar reclama además medidas de resguardo. Según explicó el abogado, ya en mayo habían advertido a la Fiscalía sobre la necesidad de actuar para impedir un eventual agravamiento de la situación patrimonial.

Qué cuestionan de las operaciones

El planteo no se agota en la fecha de nacimiento de Copalac y Lacterra. Los acreedores quieren que la Justicia reconstruya cómo se gestaron los acuerdos, determine la capacidad económica de las sociedades y establezca cuál es actualmente la relación entre esas empresas y las plantas industriales.

Brunone aseguró que su equipo solicitó distintos informes y que la documentación será aportada tanto al expediente de Buenos Aires como a la investigación penal cordobesa. “Hay una inconsistencia muy fuerte entre encarar un negocio de esta magnitud y la forma en la que se está queriendo hacerlo”, afirmó.

Otro punto que pretenden determinar es si existen vínculos crediticios entre alguno de los participantes de las operaciones y Verónica. La documentación elaborada por los denunciantes menciona a Lacterra y Copalac como posibles acreedores de la láctea, aunque con los elementos disponibles no puede darse por acreditada esa condición. Para los abogados, si esa relación finalmente se comprobara, debería analizarse su impacto sobre el principio de igualdad de los acreedores dentro del eventual concurso.

Plantas que ya volvieron a moverse

La preocupación de los denunciantes no está vinculada únicamente a lo que pueda ocurrir con las plantas en el futuro. Al parecer, al menos parte de los establecimientos ya registra actividad bajo los nuevos esquemas. Por eso los acreedores quieren establecer cómo se instrumenta actualmente la explotación, quién genera los ingresos y qué tratamiento reciben esos fondos frente a las obligaciones pendientes de Verónica.

La cuestión resulta especialmente sensible para los productores tamberos. Fremar mantenía desde hacía décadas una relación comercial con la láctea y continuó entregándole materia prima antes de la interrupción de los pagos.

Según Brunone, ese es uno de los elementos que explica la decisión de avanzar más allá del tradicional reclamo comercial. El abogado sostiene que deberá investigarse qué información tenía la empresa cuando continuó recibiendo leche de proveedores que luego quedaron sin cobrar.

El temor a la quita concursal

Detrás de la ofensiva aparece además una preocupación económica concreta. Una vez abierto un concurso, los acreedores quedan sometidos a un proceso colectivo en el que la compañía puede negociar plazos y quitas para reestructurar sus obligaciones. Para los tamberos afectados por el default, la espera ya comenzó meses atrás, cuando dejaron de recibir los pagos correspondientes a la materia prima entregada.

La ofensiva marca así un cambio de postura de una parte de los proveedores frente a la crisis de Verónica. En lugar de esperar exclusivamente la evolución del concurso, buscan incorporar información al expediente porteño mientras mantienen abierta la vía penal en Córdoba.

Será la Justicia la que deberá determinar si esos elementos revelan alguna irregularidad o si se encuadran dentro de decisiones empresariales adoptadas frente a la crisis de la compañía.