Traspaso de Sudamericana de Lácteos: planteo gremial puede derribar el acuerdo

Cuando todo parecía encaminado para que el empresario Pablo González avanzara con la toma de control de Sudamericana de Lácteos asumiendo el pasivo de la planta ubicada en la localidad de Díaz, una nueva exigencia del gremio de los trabajadores lácteos Atilra parece amenazar con hacer naufragar la operación. Este martes al mediodía, las partes volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para intentar destrabar una negociación que ingresó en su tramo decisivo.

La audiencia fue fijada luego del cuarto intermedio dispuesto el pasado 23 de junio, cuando representantes de la empresa, del gremio y de la cartera laboral acordaron continuar las conversaciones cinco días hábiles más tarde para seguir negociando los puntos pendientes del traspaso.

Según pudo saber Punto biz de fuentes del entorno de González, el principal obstáculo ya no pasa por el esquema de funcionamiento de la planta durante la transición de 90 días, sino por una exigencia de Atilra para que el futuro operador otorgue garantías específicas respecto del pago de las deudas laborales acumuladas por Sudamericana de Lácteos.

La posición del empresario interesado en quedarse con la planta es no ofrecer garantías particulares a ningún acreedor. El criterio que sostiene es que, si concreta la operación, asumirá el pasivo de la empresa en igualdad de condiciones con el resto de las obligaciones, sin establecer privilegios para un sector por sobre otro, ya sean trabajadores, organismos fiscales o proveedores.

Siempre según la información recabada por Punto biz, el reclamo sindical apunta a que González respalde esos compromisos mediante una garantía real, posibilidad que desde el grupo inversor consideran injustificada. Argumentan que el principal respaldo ya es el patrimonio de la propia empresa, compuesto por una planta industrial montada sobre unas diez hectáreas y valuada entre US$4 millones, por lo que entienden que constituir una hipoteca adicional para cubrir una deuda laboral cercana a los $400 M resulta desproporcionado.

Un acuerdo que parecía encaminado

La discusión surge cuando las partes habían logrado acercar posiciones sobre uno de los puntos más sensibles de la negociación: el esquema laboral para la reactivación. El principio de entendimiento contempla un período de transición de 90 días durante el cual se implementaría una reducción de la jornada laboral para repartir el trabajo entre todo el personal y evitar despidos mientras se pone nuevamente en marcha la fábrica de la localidad de Díaz.

Ese esquema había permitido destrabar diferencias que existían semanas atrás entre el futuro operador y el sindicato. Sin embargo, la discusión sobre las garantías para la deuda laboral volvió a instalar incertidumbre sobre una operación considerada clave para reactivar una planta que permanece paralizada desde hace meses.

El resultado de la audiencia de este martes será determinante. Si las partes logran salvar esta última diferencia, el proceso de traspaso podría ingresar en su etapa final y comenzar la puesta a punto de las instalaciones. En cambio, si no hay acuerdo sobre las garantías reclamadas por Atilra la firma del entendimiento volverá a postergarse y las negociaciones deberán continuar. De hecho el propio González indicó la semana pasada que si aparecía un nuevo escollo en la negociación estaba dispuesto incluso a retirar la oferta de reactivación de la producción.