Pobreza: mejora estadística, tensiones metodológicas y desafíos de medición

La publicación reciente de los indicadores semestrales de pobreza e indigencia correspondientes a la segunda mitad de 2025 ofrece una señal cuantitativa contundente: sobre un universo de aproximadamente 30 millones de personas relevadas en aglomerados urbanos, 8,5 millones se encuentran por debajo de la línea de pobreza y 1,9 millones en situación de indigencia. En términos relativos, ello implica tasas de 28,2% y 6,3%, respectivamente.

La dinámica interanual muestra una mejora sustantiva. En comparación con igual período del año previo, la pobreza se redujo en 9,9 puntos porcentuales, mientras que la indigencia descendió en 1,9 p.p. Si la referencia se establece respecto del máximo reciente registrado en el primer semestre de 2024, la caída asciende a 24,7 p.p. en pobreza y 11,8 p.p. en indigencia. Se trata, sin dudas, de una corrección significativa desde los niveles críticos observados tras el shock macroeconómico de fines de 2023.

Desde una perspectiva macroeconómica, la mejora puede vincularse a tres factores principales: la desaceleración del ritmo inflacionario, la recomposición parcial de los ingresos reales de los hogares y una menor presión relativa de los precios de los alimentos respecto del nivel general. A ello se suma el refuerzo de transferencias sociales, particularmente en los segmentos de menores ingresos, lo cual contribuyó a contener la indigencia en un contexto de transición.

No obstante, el análisis de estos resultados exige considerar las limitaciones inherentes a la medición de la pobreza por ingresos, especialmente en contextos de alta volatilidad nominal. Este enfoque metodológico, basado en la comparación entre ingresos totales del hogar y el valor de canastas normativas —alimentaria y total— ajustadas por composición demográfica, resulta sensible a desfasajes temporales y distorsiones provocadas por cambios abruptos en los precios relativos.

En particular, episodios de inflación elevada, como el registrado a fines de 2023, generan incrementos inmediatos en el valor de las canastas, mientras que los ingresos nominales —especialmente en el caso de asalariados— tienden a ajustarse con rezago. Este descalce transitorio amplifica artificialmente la incidencia de la pobreza en el corto plazo. A la inversa, cuando la inflación se desacelera, los ingresos pueden recuperar terreno más rápidamente, produciendo caídas igualmente abruptas en los indicadores.

En este marco, la evolución reciente de la pobreza debe interpretarse no solo como reflejo de cambios en el bienestar material de los hogares, sino también como resultado de efectos de medición asociados a la dinámica inflacionaria. La magnitud de las oscilaciones observadas en el período 2023–2025 difícilmente pueda atribuirse exclusivamente a transformaciones estructurales en las condiciones de vida, sino que responde en gran medida a un reacomodamiento de precios relativos y a la recomposición de ingresos tras un shock macroeconómico significativo.

A estas consideraciones se suman cuestionamientos técnicos adicionales. En primer lugar, la posible existencia de desfasajes entre el momento de percepción de ingresos y su declaración en las encuestas puede introducir ruido estadístico en contextos de alta nominalidad. En segundo término, la subdeclaración de ingresos —fenómeno históricamente presente en relevamientos de hogares— podría presentar variaciones a lo largo del ciclo inflacionario, afectando la comparabilidad temporal de las series.

Finalmente, emerge un debate de mayor alcance respecto de la actualización de las canastas de consumo utilizadas para definir las líneas de pobreza e indigencia. La persistencia de estructuras de consumo basadas en patrones de hace más de dos décadas podría subestimar el peso relativo de ciertos rubros, particularmente servicios, cuya participación en el gasto de los hogares ha aumentado de manera sostenida.

Simulaciones alternativas sugieren que una actualización metodológica en este aspecto podría elevar el umbral de pobreza y, en consecuencia, incrementar su incidencia medida.

Incidencia de la pobreza y de la indigencia en las personas y variaciones del ingreso total familiar (ITF), la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT). Total 31 aglomerados urbanos.

Segundo semestre 2023-segundo semestre 2025

La combinación de estos factores pone de relieve que la medición de la pobreza por ingresos, si bien constituye una herramienta robusta y estandarizada, no es inmune a las condiciones macroeconómicas en las que se aplica. En contextos de alta inflación y cambios significativos en precios relativos, decisiones metodológicas aparentemente menores pueden tener impactos relevantes tanto en el nivel como en la trayectoria de los indicadores.

Con todo, la reducción reciente de la pobreza constituye un dato positivo en términos agregados. Sin embargo, la correcta interpretación de su magnitud y sostenibilidad requiere un análisis más amplio que contemple tanto la evolución de variables reales —actividad, empleo e ingresos— como los aspectos metodológicos que condicionan su medición.

Hacia adelante, la trayectoria de la pobreza estará estrechamente vinculada a la dinámica inflacionaria y al desempeño del mercado laboral. La aceleración reciente de los precios y ciertas señales de debilitamiento del empleo formal sugieren la posibilidad de un incremento transitorio en los niveles de pobreza en el corto plazo. No obstante, en un escenario de consolidación del crecimiento económico y desaceleración inflacionaria, podría esperarse una reversión de esta tendencia en el mediano plazo.

En este contexto, resulta fundamental preservar la consistencia metodológica y la independencia técnica de las estadísticas oficiales, así como avanzar en la actualización de los instrumentos de medición. Solo a partir de diagnósticos precisos será posible diseñar políticas públicas efectivas para abordar de manera sostenida los problemas estructurales de pobreza y vulnerabilidad social.